Función Pública sanciona a funcionario que exoneró a presuntos implicados de Sedesol en La Estafa Maestra
La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, Mauricio Razo, por supuestas irregularidades en la exoneración de cuatro funcionarios presuntamente implicados en La Estafa Maestra y por dar carpetazo, sin justificación, a las investigaciones sobre supuestos desvíos millonarios en la dependencia.
Mauricio Razo fue inhabilitado temporalmente por dos años del servicio público. Es una sanción que llegó un año después de que dejara su encargo en Sedesol en 2017. Por esta sanción, Mauricio Razo podría recurrir ante un tribunal federal para tratar de revocar, o para que se decida si el castigo queda firme.
La investigación al interior de la Sedesol, a partir de la cual Mauricio Razo supuestamente indagó y exoneró el actuar de cuatro funcionarios implicados en los contratos con universidades, derivó de informes forenses hechos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que señalaron presuntos desvíos por más de 850 millones de pesos, a través de los convenios firmados entre la Sedesol y las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.
Por esos convenios, las universidades debían realizar una serie de servicios que presuntamente no se cumplieron, puesto que las universidades subcontrataron a empresas fantasma para hacerlos.
Ante estos casos, la Auditoría ha interpuesto nueve denuncias penales ante la Procuraduría General de la República, en 2015 y 2017.
Los exonerados
La investigación de Mauricio Razo concluyó que los funcionarios, presuntos implicados en la asignación de convenios que terminaron en la desviación de recursos públicos, según la SFP, cumplieron con sus funciones. Por lo tanto, los exoneró de cualquier responsabilidad.
Se trata de Emilio Zebadúa, Oficial Mayor de la Sedesol entre 2012 y 2015, el puesto de mayor rango nombrado por la entonces titular, Rosario Robles y, por tanto, su subalterno directo. Además, nuevamente ocupa ese cargo en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu), encabezada precisamente por Rosario Robles desde agosto de 2015, tras dejar Sedesol.
Zebadúa firmó el convenio protocolario en el que establecía la relación de la Sedesol con las universidades del Estado de México y Morelos, en marzo y mayo de 2013, respectivamente. Aunque ese convenio fue legal, derivó en los convenios que otros funcionarios a su cargo hicieron y cuyos recursos terminaron presuntamente en empresas fantasma.
Los otros tres servidores públicos investigados dependían directamente de Emilio Zebadúa y firmaron los convenios con las Universidades de Morelos y el Estado de México, para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 2013 y 2014, durante la gestión de Rosario Robles.
De acuerdo con los informes de la ASF, a través de la firma de esos convenios la Sedesol y las universidades entregaron presuntamente a empresas irregulares 857 millones de pesos.
La investigación periodística La Estafa Maestra documentó que entre las empresas beneficiadas figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresa fantasma; es decir, como sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simula operaciones comerciales para cometer posibles ilícitos como evasión de impuestos o desvíos de recursos púbicos.
Los funcionarios que firmaron dichos documentos son Humberto René Islas, entonces director de Recursos Materiales de la Sedesol, y Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos, ambos dependientes directos del Oficial Mayor. Y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de Adquisiciones, quien era subalterno de Humberto Islas.
Estos cuatro funcionarios son parte del equipo que repiten cargo en la Sedatu y que firmaron convenios mientras estaban en Sedesol, ambas dependencias dirigidas por Rosario Robles, y que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la PGR por el presunto desvío de recursos públicos.
El análisis
Mauricio Razo llegó a la dirección de quejas del OIC-Sedesol el 26 de mayo de 2015. El 25 de agosto de ese año inició la investigación interna en Sedesol, contra los presuntos servidores públicos señalados por los contratos a universidades, quienes a su vez subcontrataron a empresas fantasma.
Poco más de un mes después, el 1 de octubre presentó los resultados, en los que exoneró a los cuatro funcionarios “por falta de elementos”. Y tan solo quince días más tarde, el 16 de octubre, pasó con el mismo cargo a la Sedatu de Rosario Robles.
Junto a Mauricio Razo también pasó de Sedesol a la Sedatu su jefe directo, el contralor interno Miguel Ángel Vega García, quien continúa en la dependencia, según consta en el portal Declaranet.
Animal Político obtuvo una copia de la indagatoria que realizó Mauricio Razo para exonerar a los entonces funcionarios de la Sedesol, y de acuerdo con organizaciones como Fundar y México Evalúa, que la analizaron, se trató de una investigación “imparcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.
Esta misma investigación de Mauricio Razo, incluso, fue presentada a medios por Rosario Robles, extitular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, como prueba de inocencia de los funcionarios a su cargo, y para deslindarse de cualquier responsabilidad por presuntos malos manejos en Sedesol.
Incluso, entregó una copia del expediente a Animal Político; por eso las dos organizaciones de la sociedad civil pudieron analizarlo a detalle.
En el análisis, los investigadores de México Evalúa y Fundar identificaron los puntos en los que Razo hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución, la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos y la Ley de Adquisiciones, bajo las cuales debía analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de la Sedesol con las universidades.
Fundar concluyó en su análisis que el desempeño del Órgano Interno de Control “fue limitado, imparcial y carecía de certeza jurídica”. Mientras que México Evalúa señaló que la investigación “carece de sustento” y “no hay evidencia de que haya hecho investigación propia o diligencias para concluir que no existen elementos para sancionar a servidores públicos de Sedesol”.
Según el documento oficial, Razo hizo cinco investigaciones, según los expedientes 2015/SEDESOL/DE911 y terminación DE912, DE913, DE914 y DE918, y en todos concluyó que “no existen elementos para atribuir presunta responsabilidad administrativa a cargo de servidores públicos de la Sedesol, en razón de que dicha dependencia actúo en términos dos convenios de colaboración”.
Los expertos de Fundar sostienen que el artículo 108 de la Constitución Mexicana, y el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente, establecen que los funcionarios son responsables del uso del presupuesto.
Por lo tanto, recalcaron los especialistas de Fundar, “los servidores públicos de la Sedesol eran responsables del manejo indebido de recursos públicos por acción o por omisión del ejercicio de sus facultades”.
Y agregaron: “La Sedesol, al contratar servicios, es responsable de que se cumplan los procedimientos y de mantener el adecuado y satisfactorio aseguramiento de los bienes o recursos que erogan para dichos fines”.
“La actuación de Razo se limitó a las pruebas documentales presentadas por la Sedesol, pero éstas son insuficientes y no permiten valorar si fueron aptas, idóneas o concluyentes”, advirtió Fundar.
Otro argumento de Razo para exonerar a los funcionarios fue que si las universidades habían contratado a empresas para cumplir el 100% de los servicios, ya no era responsabilidad de la Sedesol, aunque esto suponga una violación a la ley de adquisiciones que solo permite subcontratar el 49% de los servicios.
Sobre este punto México Evalúa sostuvo que “las subcontrataciones de las universidades no se realizaron de acuerdo con lo mandatado en Ley de Adquisiciones, por lo que se pueden considerar violatorias de una ley federal”.
Pese a que el Órgano Interno de control dijo no tener las capacidades para investigar a las universidades y aunque la Sedesol argumente que no tuvo conocimiento de los contratos con terceros porque la universidad no le pidió una autorización previa, “esto no exime de responsabilidades a los servidores públicos de tal dependencia federal”, añadió México Evalúa.
Por tanto, Razo debió hacer las investigaciones para resolver sobre las irregularidades que planteó la Auditoría sobre el egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos federales por parte de la universidad.
“El fin del Órgano Interno era determinar la existencia o no de una actuación irregular con impacto en los recursos públicos, así como el perjuicio a la colectividad (…). Pero la resolución del OIC-Sedesol muestra poca imparcialidad, pues no se valoraron de la misma manera las irregularidades del pliego de observaciones de la Auditoría que las pruebas presentadas por los servidores públicos de la Sedesol”.
Es decir, concluyó Fundar, “Mauricio Razo fue exhaustivo para garantizar la presunción de inocencia de los servidores públicos (de Sedesol), pero no en el análisis para desvirtuar o confirmar las irregularidades”.
