Presidencia busca amparo ante posibles investigaciones del gobierno de Chihuahua por caso Duarte
El 11 de octubre pasado, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia Constitucional para ampararse ante posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra cualquier funcionario federal.
Esta acción legal viene tras las declaraciones del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien hace unas semanas dijo que la “justicia alcanzaría” al presidente Enrique Peña Nieto toda vez que Alejandro Gutiérrez, exsecretario general del PRI, fue liberado el 28 de septiembre, situación que Corral calificó como un acto de protección del ejecutivo federal para el priista.
Si procede la controversia Constitucional presentada por Presidencia ante la la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no solo el presidente, Enrique Peña Nieto, quedaría protegido, sino también todos los integrantes de su gabinete, ante cualquier investigación, citatorio u orden de aprehensión.
De acuerdo con el diario Reforma, en el recurso presentado se nombra al gobernador Javier Corral; a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, y al Poder Judicial local. Esta sería la primera vez que la presidencia de México presenta una acción legal para protegerse.
En mayo pasado Javier Corral acusó a un juez federal de tratar de violentar las leyes al solicitar el traslado del exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos, y dos excolaboradores del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a Ciudad de México para continuar con sus procesos penales.
César Duarte es acusado de corrupción y se encuentra prófugo de la justicia, en tanto que Alejandro Gutiérrez es señalado por un presunto desvío de 250 millones de pesos de recursos públicos para campañas priistas.
Aunque Alejandro Gutiérrez fue detenido y encarcelado desde diciembre de 2017, el pasado 28 de septiembre quedó en libertad y con la medida cautelar con una tobillera de geolocalización, con la restricción legal de no salir del estado de Chihuahua.
De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua no solo no aportó elementos de prueba suficientes que permitieran mantener el proceso en contra de Gutiérrez Gutiérrez, sino que obstaculizó las investigaciones e impidió robustecer la causa penal del político.
Alejandro Gutiérrez aún tiene un proceso pendiente por peculado.
Ante esto, el gobernador Javier Corral acusa que la PGR y el presidente Peña Nieto han procurado que prevalezca la impunidad.
