Personas en situación de calle son desplazadas a golpes y discriminadas por gobierno de CDMX
Casos documentados por la CDHDF en las recomendaciones 14/2018 y 15/2018, revelaron que las personas que viven y sobreviven en las calles de la Ciudad de México son víctimas de criminalización y retiros forzados, y de una atención médica inadecuada en dependencias públicas de salud.
De acuerdo con el censo elaborado en 2017 por el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), hay 6 mil 754 personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, de las que el 87.27% son hombres y 12.73% son mujeres.
En la Recomendación 15/2018, la Comisión documentó nueve casos, ocurridos de 2012 a 2017, que afectaron a 76 víctimas directas y una indirecta, por casos de criminalización contra personas que viven en la calle.
El 8 de febrero de 2017, personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México implementó un operativo para desalojar a las personas en situación de calle que habitaban en un campamento en la calle Artículo 123.
En dicho operativo, al menos 23 personas que pernoctaban en el lugar fueron retiradas para ser canalizadas a espacios para el tratamiento de adicciones, aún cuando no brindaron su consentimiento. Después del retiro, el grupo no pudo restablecerse en la zona.
Otro operativo similar ocurrió el 20 de octubre de 2016, cuando la delegación Cuauhtémoc implementó un operativo para retirar a ocho personas que se encontraban pernoctando en la Plaza de la Ciudadela.
De acuerdo con la CDHDF, dicho operativo se realizó por órdenes del entonces jefe de gobierno, bajo el argumento de “atender demandas ciudadanas sobre trata de personas y robo con violencia”.
A pesar de las solicitudes de las víctimas de que no rompieran sus pertenencias, los elementos de la policía capitalina y el personal de la delegación Cuauhtémoc tiraron lonas, plásticos y material que usaban las personas para resguardarse, al igual que el resto de sus pertenencias, entre ellas muebles, ropa, documentos de identidad y alimentos.
Además, en el operativo una mujer embarazada recibió un puñetazo en la cara, así como empujones y golpes en diversas partes del cuerpo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, cuando solicitaba frenar el operativo para tratar de rescatar sus pertenencias. Dos mujeres que trataron de defenderla también fueron agredidas a golpes y patadas.
Un menor resultó herido, cuando elementos de la policía jalaron la tabla que sostenía una lona. Luego del operativo, los afectados no pudieron volver a ocupar la zona.
El tercer caso documentado por la CDHDF es el del retiro de personas que se dio en diversos puntos de las calles de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza entre julio y agosto de 2016.
De acuerdo con la CDHDF, el entonces jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, señaló que el personal a su cargo desmanteló nueve campamentos, mismos en los que supuestamente se realizaban hechos delictivos.
La investigación de la Comisión determinó que las autoridades no realizaron acciones de apoyo social y, en algunos casos, solo les facilitaron bolsas de plástico para que metieran sus pertenencias. El personal de la delegación se refirió al operativo como una “manita de gato”.
En Venustiano Carranza, el 19 de agosto de 2016, la delegación escribió a través de la cuenta institucional en Twitter que realizaban recorridos para retirar a personas en situación de calle, aunque posteriormente el personal delegacional dijo que había sido un error de redacción, porque solo estaban retirando “triques y basura”.
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Con la documentación de estos y otros seis casos de retiro forzado y destrucción de las pertenencias de personas que habitaban en espacios públicos de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, la CDHDF determinó que las autoridades violaron los derechos a la integridad y a la libertad de las víctimas.
También documentaron la violación al derecho al debido proceso en relación con el derecho de acceso a la justicia.
Servicios médicos niegan atención a poblaciones callejeras
En la Recomendación 14/2018, la Comisión de Derechos Humanos documentó como, en dos casos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalinas incurrieron en omisiones para atender a personas pertenecientes a poblaciones callejeras.
El primer caso ocurrió el 9 de julio de 2016, cuando un automóvil atropelló a un hombre de 57 años. Tras la llamada a emergencias de un testigo, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), de la SSP, acudió al lugar y, tras una revisión superficial de la víctima, determinó que tenía aliento alcohólico y que no presentaba lesiones graves.
El personal del ERUM solicitó que el IASIS acudiera a recoger a la víctima para ubicarla en un albergue. Al llegar al lugar el personal del Instituto de Asistencia Social, pidió que hicieran una nueva revisión, que fue realizada por el Escuadrón de Rescate luego de que testigos de los hechos insistieran.
Nuevamente determinaron que las lesiones no eran graves, pero, ante la insistencia de los testigos y del personal del IASIS, los elementos del ERUM trasladaron a la víctima hasta el hospital de Xoco, donde la diagnosticaron como politraumatizada, con choque hipovolémico traumático grado IV, traumatismo craneoencefálico leve, trauma en el tórax y fractura de cinco arcos costales derechos.
También presentaba una fractura de pelvis, una contusión pulmonar bilateral de predominio derecho, dolor y poca movilidad en la cadera. La víctima tuvo que permanecer hospitalizada por mes y medio.
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El personal de la CDHDF determinó que la valoración prehospitalaria de la víctima fue inadecuada.
En el segundo caso documentado, la CDHDF determinó que la atención médica brindada a un hombre que manifestó vivir en la calle, y que acudió al Hospital General Balbuena a atenderse por una fractura de brazo, fue inadecuada.
El 22 de abril de 2016, personal médico del Hospital Balbuena valoró a la víctima y determinó su tratamiento con vendaje de Jones y férula de yeso, señalando que no ameritaba tratamiento hospitalario, un tratamiento que, de acuerdo con la CDHDF fue inadecuado por el tipo de fractura.
El tratamiento adecuado, señaló la comisión, era con el material de osteosíntesis, mismo que no fue aplicado a la víctima porque no contaba con Seguro Popular ni con hoja de gratuidad, de acuerdo con declaraciones que dio a la CDHDF el director del Hospital Balbuena.
En una consulta efectuada el 25 de mayo de 2016, personal del área de Ortopedia del Hospital Balbuena señaló que la fractura tenía una consolidación viciosa y que aplicar un nuevo tratamiento era riesgoso por complicaciones de infección, lo que podría resultar en una pérdida mayor de la movilidad. Finalmente, el 29 de junio se programó que acudiría a rehabilitación.
De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, el personal de la SSP y de Sedesa incurrió en probables violaciones al derecho a la salud, así como a la igualdad y no discriminación de personas en situación de calle.
Por estos casos, la CDHDF recomendó, en su tramo de responsabilidad de cada autoridad, reparar el daño, medidas de rehabilitación, atención médica y psicológica para las víctimas y que realicen actos de reconocimiento de responsabilidad.
También pidió que se capacite al personal del ERUM y de la Secretaría de Salud, así como restituir los bienes sustraídos por el personal de la SSP y de las delegaciones durante los desalojos, incluidos los documentos oficiales de las víctimas.
