Órgano de PGR investigará a funcionarios por irregularidades en el proceso contra Duarte
La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República —organismo fiscalizador de la dependencia— inició una investigación contra funcionarios de PGR por posibles delitos de cohecho y contra la administración de justicia en el proceso penal contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
El organismo inició esta carpeta, luego de que la organización TOJIL Estrategia contra la Impunidad presentó una denuncia penal ante la PGR por posibles hechos de corrupción en el procedimiento que derivó en una sentencia de nueve años contra el exmandatario.
La organización, quien solicitó ser “coadyuvante” en esta nueva investigación, deberá acreditar ser víctima dentro del procedimiento penal, y en caso de que sea reconocida como tal (sea ante un juez o el Ministerio Público) habrá un precedente en temas de transparencias y acceso a la justicia en casos de corrupción en México, según la propia iniciativa.
“Las implicaciones de ello serían que en caso de serle reconocido este carácter como representante colectivo de los intereses de la sociedad en los delitos de corrupción, podrán tener acceso a todo el expediente de investigación e incluso solicitar que se realicen actos de investigación como coadyuvante del Ministerio Público y así evitar negligencias o irregularidades”, explicó TOJIL.
La @PGR_mx ya inició una investigación en contra de funcionarios por posible corrupción en el caso #JavierDuarte ayúdanos con tu firma para que TOJIL contribuya en la investigación @Reinserta @ppinocenciamx @iidejure @ELEMENTADDHH @Pajaropolitico https://t.co/aNLRdIut93
— TOJIL (@TojilAJ) 5 de octubre de 2018
La denuncia, que considera la pena de nueve años contra Duarte como “desproporcional”, plantea la existencia de posibles irregularidades en el proceso originadas por deficiencias operativas de la misma PGR, y no de las reglas que el sistema penal acusatorio posee.
El pasado 26 de septiembre Javier Duarte recibió una sentencia de nueve años de prisión al aceptar su culpabilidad por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, además del decomiso de 40 bienes y el pago de 58 mil pesos de multa. Lo anterior es resultado del proceso penal que inició la PGR en su contra por el uso de empresas fantasma para el desvío de recursos.
Sin embargo el caso aún no está cerrado. El exgobernador de Veracruz enfrentará otros dos procesos en su contra que ya están en curso, uno por el uso ilegal de un helicóptero y el otro por el presunto desvío de 200 millones de pesos que estaban etiquetados para obras hidráulicas.
Además pesan sobre él dos órdenes de aprehensión que no se han podido ejecutar. Una es por delitos electorales, toda vez que se responsabiliza a su administración de haber retenido ilegalmente recursos etiquetados para el órgano electoral local, mientras que la otra es por desaparición forzada, por la presunta desaparición sistemática de personas a manos de policías estatales en la administración de Duarte.
Estas dos órdenes no se han ejecutado porque los casos no se incluyeron originalmente en la solicitud de extradición presentada a Guatemala en abril de 2017.
