Las becas no bastan, se necesita atención integral para menores que delinquen: especialistas
El caso de los niños de 12 y 13 años que asaltaron a automovilistas en la Ciudad de México es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, no se trata de sólo un caso aislado; por tanto, para afrontarlo se requieren soluciones transversales que pasan por la economía, las oportunidades para las familias, y no sólo becas educativas, coinciden especialistas.
En redes sociales circularon las fotografías y los nombres de los niños que fueron aprehendidos por policías capitalinos después de asaltar a automovilistas en avenida Constituyentes, en septiembre pasado.
Los comentarios de los usuarios eran en apoyo a la difusión de la identidad de los niños –pese a que significa una violación a la ley, puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio establece el derecho de presunción de inocencia de cualquier individuo– e incluso pedían que fueran recluidos antes de que cometieran otro delito más grave.
Lo que ningún usuario preguntó fue bajo qué contexto han crecido estos niños, llevando a que cometan crímenes en lugar de preocuparse por exámenes o competencias deportivas, como debería ocurrir a esa edad. Para Paola Zavala, directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, las respuestas para combatir la violencia en el país debe atravesar una visión integral.
“Al Estado le urge preguntarse qué estamos haciendo mal para que eso suceda, porque no son ellos dos o 5 o 30. Aquí hay un problema de inequidad social enorme, y que ha repercutido socialmente. Es gente que ya vio que sus papás y sus abuelos siguen cobrando salarios bajos, viven en colonias con círculos de violencia, son colonias muy específicas, donde hay abuso de sustancias, embarazos adolescentes”.
No significa justificar la comisión de delitos, sino de entender bajo qué condiciones se están desarrollando miles de jóvenes en el país con altos índices de violencia, con una economía desigual, y pocas oportunidades de desarrollo y ascenso social por la vía educativa o laboral.
De acuerdo con el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, de los jóvenes privados de la libertad por cometer algún delito que fueron encuestados, “89% habían trabajado antes de ser privados de su libertad, siempre en condiciones precarias y con bajos salarios, como jornaleros o vendedores de frutas, tacos, pizzas, flores, o bien, repartidores, cargadores, cerillos o ayudantes de albañil, mecánico, herrero, pintor”. Y 37% había trabajado antes de cumplir 12 años.
Además, 68% dijo que antes de ingresar al centro de internamiento, consumían droga diariamente (en su mayoría, mariguana, aunque habían probado todo tipo de drogas; otros consumían frecuentemente también cocaína, piedra, solventes y pastillas. Sólo unos cuantos habían llegado a consumir heroína o LSD).
Sobre el contexto familiar, 60% de las y los adolescentes dijeron que algún miembro de su familia ha estado en algún momento en prisión, con mayor frecuencia, el padre, los hermanos, los tíos y los primos.
Estos datos confirman lo que expertos han visto en la práctica.
“La gran mayoría vienen de comunidades donde el delito y la violencia está totalmente normalizado, donde muchas veces hay algún familiar en la cárcel y ha cometido delitos”, asegura Jimena Cándano, directora de Fundación Reintegra, una organización que ha trabajado 30 años en la prevención del delito y es la única institución autorizada en el Ciudad de México para dar cumplimiento integral a las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley.
Entre los aspectos que se encuentran en esas comunidades de riesgo está la deserción escolar y el consumo de sustancias es de riesgo. “Los hemos abandonado desde su familia, la comunidad, el gobierno y reaccionan con lo único que conocen”, insiste Cándamo.
Por eso es que se requiere una estrategia “macro, no sólo micro” que podría tener efecto en 10 años, pero “hay que empezar ya”, insiste Paola Zavala.
“Se deben hacer modificaciones importantes, no pagar 5 pesos más. Pasa por grandes decisiones económicas, redistribución de la riqueza, trabajar con la persona. No sólo es educativa, ni laboral, sino de qué colonias vienen, a cuáles regresan. Trabajar a nivel comunitario, familiar, porque la mayoría han tenido temas de abandono. Imagina dónde crecieron, cómo crecieron y cuántos más hay como ellos”.
Por eso es que ni más cámaras, ni más policías desalentarían a alguien a delinquir, tampoco sólo becas o empleos precarios, sino oportunidades reales, intervención en las comunidades, o de lo contrario el círculo de la violencia continuará igual.
Y Paola Zavala lo ha comprobado, debido a que en el Instituto de Reinserción tienen identificado el perfil de mayores de edad que salen de reclusión y el patrón se repite: son personas pobres, que sólo estudiaron hasta la secundaria y cometieron sobre todo delito de robo.
“Más cámaras, más policías, medidas alternativas, sólo son paliativos al fenómeno que de fondo no se va a arreglar hasta que no le entremos a los macros”.
Cándamo asegura que obviamente no se debe permitir que ni ellos ni otros niños sigan delinquiendo y debe haber una consecuencia, pero sobre todo una estrategia para recuperar. “Tenemos que buscar justicia y no venganza. Este tipo de actos tienen que tener consecuencias y los niños aprender a que no es camino a seguir, pero no castigo”.
“Criminalizar a los jóvenes no resuelve el problema sino que lo complica”, por eso es que en la organización Reintegra han desarrollado programas de prevención y reinserción basados en la responsabilidad y en el bien común y desde hace varios años han conseguido una tasa anual de 96% de éxito en evitar la reincidencia delictiva.
“Por muchos años hemos pensado que los jóvenes son un problema, sin darnos cuenta que en realidad son una solución, una solución que no sólo hemos abandonado y le hemos dado la espalda. Si los adultos hiciéramos nuestra parte no habría necesidad de criminalizarlos”, dice la directora de Reintegra.
