México necesita un instituto nacional forense que identifique cada resto humano encontrado: víctimas
“En México, lo primero que necesitamos las madres que buscamos a nuestros hijos desaparecidos es que haya una autoridad que haga esas búsquedas, porque nosotras no tendríamos que estar haciéndolas”, esa es la respuesta de Julia, mamá de un joven raptado en Nuevo León en 2008, cuando se le pregunta ¿qué espera, en concreto, de las próximas autoridades federales?
Julia Alonso Carbajal es mamá de Julio Alberto López Alonso, por quien ha realizado búsquedas de campo a lo largo de diez años, acumulando así experiencias que luego aprovechó en la búsqueda de otros hijos como el suyo, de otras madres como ella.
“Las promesas de las próximas autoridades (encabezadas por Andrés Manuel López Obrador) son mi última esperanza –reconoce Julia, aunque no con júbilo, sino con escepticismo–, porque pienso que si ellos de verdad quieren, lo pueden hacer, pueden dar los pasos que se necesitan para crear un verdadero sistema de búsqueda, que es lo que las madres queremos: que exista búsqueda, real y efectiva. Eso debe ser lo primero, porque para nosotras es lo más importante: la búsqueda, para encontrarlos”.
Como parte del movimiento de víctimas de la violencia en México, Julia ha participado en los distintos foros y encuentros (formales e informales) a los que las próximas autoridades han convocado a la ciudadanía, específicamente a los afectados, para analizar estrategias y propuestas de acción durante el próximo sexenio. Y en ellos, lamentó, “los representantes de Andrés Manuel no han planteado realmente nada”.
Por una parte, detalló, “un grupo del próximo gobierno hace los foros que llamaron ‘Escucha’, mal organizados, dando espacio sólo a algunos grupos y a otros no, a unas familias y a otras no, sin tener la gente del próximo gobierno la menor idea de qué es lo que se debe discutir, y lo que hicieron fue revolvernos a todas las víctimas, cuando cada tema se debe abordar con estrategias específicas: el tema de los desaparecidos no puede atenderse de la misma forma que el de los homicidios, o los feminicidios”.
El resultado, narró Julia, fue nulo.
“Acudí al foro de Guerrero (de donde ella y su familia son originarios) y no se trató de un encuentro para analizar la problemática y buscar soluciones, como no había metodología, ni orden alguno, todo se convirtió en un encuentro catártico, donde las víctimas hablamos, y las próximas autoridades no dijeron nada”.
Luego, continuó, “otro grupo del próximo gobierno organizó el encuentro con Andrés Manuel en Tlatelolco, y ahí se comprometieron a crear mesas de trabajo sobre temas específicos, y qué pasó, que hasta la fecha no han dicho nada de esa propuesta: cuándo van a empezar, cómo van a funcionar, quiénes van a participar, cómo se van a tomar las decisiones”.
Así, el tiempo pasa, y el verdadero trabajo no comienza.
“Las víctimas, las madres, claro que hemos discutido qué se debe hacer, qué esperamos, en concreto, y hemos planteado nuestras propuestas, sin respuesta –señaló–. Lo que se necesita, por ejemplo, en concreto, es un instituto forense nacional, que sea autónomo e independiente, que cuente con todos los recursos para concentrar todos los cuerpos sin identificar que están repartidos por todo el país, y también todos los restos humanos sin identificar, y los identifique”.
Es urgente, señaló Julia, “terminar con eso de que cada autoridad, cada agencia del MP, hace las cosas como les da la gana, y hay que rescatar todos los cuerpos, todos los restos, que están en cajones de escritorios, en bodegas, en tráilers, arrumbados, por todo el país”.
Hasta la fecha, lamentó, “quienes hemos hecho el esfuerzo real por buscar a los miles de desaparecidos del país somos sus familias, pero eso ha sido por la necesidad nuestra y la falta de interés de las autoridades, pero eso no nos corresponde, para eso se necesitan expertos, de primer nivel y suficientes, y si las próximas autoridades tienen verdadera voluntad, podrían enfrentar ese reto”.
Pero aún si esto se diera, subraya Julia, “crear un instituto forense autónomo, dotarlo del personal y el equipo suficientes, es una labor que llevaría años, y muchas de nosotras no vamos a vivir tanto… entonces, creo que hay cosas que por pura lógica se pueden empezar a hacer: si las autoridades reconocen al menos 30 mil casos de desaparición, y al mismo tiempo reconocen que hay más de 30 mil cuerpos no identificados en servicios forenses, en tráileres, en fosas comunes, por qué no se hace lo que en Estados Unidos cuando la tragedia de las Torres Gemelas: contratar a todos los laboratorios privados acreditados en identificación genética, que ya tienen personal y equipo activos, para iniciar desde ya el proceso de identificación, sin tener que esperar a que quede creada una institución nacional”.
Por otra parte, subrayó, las búsquedas de campo no pueden seguirlas realizando las familias de forma improvisada o empírica, porque “es algo que exige el nuevo sistema penal acusatorio: sólo las personas acreditadas pueden manipular evidencias o, de lo contrario, éstas se vuelven prueba ilícita en un juicio, entonces, si ante la emergencia nacional se reconoce que las familias somos quienes debemos y podemos hacer estas búsquedas, entonces eso se debe formalizar: quien esté interesado en hacer búsquedas de campo debe recibir capacitación técnica y científica; tiene que ser acreditado por la autoridad, por este instituto forense autónomo que menciono, debe ser dotado del instrumental necesario y debe ser integrado a la nómina”.
Desde siempre, subrayó Julia, las familias buscadoras han debido financiar estas actividades con sus propios recursos, “las mamás han dejado de trabajar, han dejado de percibir recursos, para poder ir a buscar a sus hijos, y aparte tienen que pagar todo, eso no es justo, eso está mal”.
Esto además garantizaría, subrayó, que quien realice las búsquedas lo haga profesionalmente y, sobre todo, se ejerza esta la labor responsablemente.
“En Iguala –ejemplifica–, donde yo participé en búsquedas, vi cosas que no pueden ser, y que son producto del desconocimiento que tenemos: la gente iba abriendo fosas, encontraban cuerpos, pero por algo veían que no eran los 43 normalistas de Ayotzinapa, y entonces volvían a tapar la fosa. ¿Y los que estaban ahí quiénes eran? Quien sabe… No podemos hacer las cosas así, debemos reconocer que no somos expertos, que urgen expertos de primer nivel, y nosotros debemos recibir capacitación, trabajar con protocolos bien establecidos”.
El caso de Jalisco
Desde Jalisco, la defensora de derechos humanos Teresa Sordo, integrante del colectivo de familias de desaparecidos Por Amor a Ell@s, coincide con Julia.
“Desde junio, semanas antes de la elección en la que resultó triunfador Andrés Manuel López Obrador, nosotros formulamos la propuesta a su equipo –narra Teresa–: es urgente, para antier, que en México se conforme un instituto de antropología forense de alcance nacional, no importa cómo se llame, que le pongan el nombre que les dé la gana, pero que lo hagan, que sea un equipo autónomo, independiente y transparente, que se dedique a encabezar la búsqueda de desaparecidos y la identificación de cuerpos y restos humanos que van encontrándose, eso es lo que nosotros pedimos, en el primer encuentro con víctimas al que convocó el equipo de López Obrador, en junio, y que estuvo encabezado por Olga Sánchez Cordero”.
El mejor ejemplo de la necesidad de contar con un instituto forense nacional autónomo, señala Teresa, es el gobierno de Jalisco y sus tráileres con cientos de cadáveres almacenados por años, sin que se les hayan practicado diligencias para su identificación.
“A mediados de septiembre, cuando se hizo el escándalo por los tráileres, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, dijo públicamente que no sabía nada de eso, que era una sorpresa, y eso era una mentira –denunció la defensora de derechos humanos–: casi un mes antes, el 26 de agosto pasado, hubo un encuentro del gobernador con víctimas, y ahí, el colectivo Por Amor a Ell@s fue precisamente lo que denunciamos: que el instituto forense estatal está en crisis, que los cuerpos se acumulaban en tráileres, que eso no podía continuar”.
La respuesta del gobernador, lamentó Teresa, “fue que no hay presupuesto, que el instituto forense estatal es lo que hay y que con esto nos tenemos que conformar. Pero no, no nos conformamos”.
