Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció hace unos días el descubrimiento de dos nuevos yacimientos petroleros en el Golfo de México con reservas de 180 millones de barriles de crudo. Aun cuando no son un Cantarell, se trata de los yacimientos con mayor potencial descubiertos en los últimos años.
La noticia fue un remanso de tranquilidad frente al grave declive del complejo de Cantarell y la poca productividad de los otros yacimientos. Sin embargo, lo que no se dijo es que la misma zona donde Pemex tiene puestas sus esperanzas está a merced del crimen organizado que atraca las plataformas y ahora ha desarrollado una compleja y bien estructurada logística para ordeñar hidrocarburos y transportarlos por altamar.
De las costas de Tamaulipas a Campeche, el Golfo de México abarca vastas aguas dispersas en más de 3,000 kilómetros que, en sus profundidades, cuentan con abundantes yacimientos de hidrocarburos. En el Golfo se concentran las mayores reservas probadas de petróleo de México, así como su exploración y extracción tanto a manos de Pemex como de un amplio abanico de compañías de distintos tamaños y nacionalidades.
Oficialmente estas aguas son las más vigiladas: las velan patrullas con hombres en uniformes blancos con galones, también los verdes, los de uniforme azul, los de camuflaje que en barcos-patrulla las recorren armados hasta los dientes. Pero esa “vigilancia” es relativa ya que, irónicamente, en esta zona de alta mar es donde el mayor volumen de ordeña de combustible a Pemex tiene lugar.
En la actualidad, del noreste al sureste del Golfo de México se realiza la volumétrica ordeña de combustible, con la colaboración directa de empleados de la petrolera. Así lo ha identificado el área de inteligencia de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) y esta información forma parte de un informe interno clasificado como “confidencial” fechado en julio de 2018, al que tuvo acceso Newsweek en Español, y cuyo contenido fue constatado también por diversas fuentes de la Semar que actualmente realizan una sigilosa investigación interna sobre el ilícito y que dieron detalles sobre sus pesquisas y hallazgos.
En cada atraco los delincuentes sustraen miles de litros que comercializan dentro y fuera de México con apoyo de compañías navieras establecidas legalmente. Utilizan barcos abastecedores y buques que realizan maniobras de apoyo logístico a la industria petrolera, y también pesqueros que incluso están afiliados a cooperativas pesqueras locales.
Su destino es el mercado negro en México, pero el combustible también se lleva a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
Los ordeñadores náuticos —o huachicoleros, como se ha vuelto común llamar genéricamente a los ladrones de combustible— operan con una estructura logística bien organizada que incluye la participación de personal de Pemex, armadores, compañías navieras, capitanes de barco, jefes de máquinas y tripulaciones expertas. Además participan personas encargadas de administrar y custodiar bodegas y áreas de almacenamiento; responsables de la venta del hidrocarburo y del lavado dinero —pues el recurso también se destinaría a la compra de ranchos, inmuebles, bodegas y más embarcaciones, según refieren las pesquisas de la investigación a la que tuvimos acceso.
Esta modalidad de ordeña, vía marítima, que hace una década comenzó a registrarse esporádicamente, se ha vuelto un estructurado y bien organizado mecanismo, que ha ido intensificándose al grado de convertirse en una de las actividades más redituables para grupos del crimen organizado que sustraen los hidrocarburos directamente de las refinerías de Pemex con la colaboración de personal de la petrolera.
La infraestructura petrolera que se levanta entre los vecinos municipios de Tampico y Ciudad Madero ha sido estratégica para la industria prácticamente desde los primeros años en que esta comenzó a ser explotada en México y hasta la actualidad.
Cuando se habla de estas ciudades de Tamaulipas se piensa en los orígenes y terruños del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, de Joaquín Hernández Galicia, la Quina, cuya casona, antaño cuartel sindical, aún se mantiene en pie como un emblema; o en las tierras de flamboyanes y olor a salitre que vieron nacer a su sucesor, Carlos Romero Deschamps —un asiduo visitante de Playa Miramar—; y también de los legendarios contratistas cuyas mansiones estilo californiano, con autos deportivos de colección a la puerta, hacen aún patentes los años de la bonanza petrolera mexicana.
En 1914, entre el puerto de Tampico y la desembocadura del río Pánuco, la compañía británica El Águila abrió su refinería a la que llamó Doña Cecilia, por el mismo nombre del poblado que había sido fundado en 1807 por Cecilia Villarreal, una conocida viuda que abrió un mesón para arrieros y viajeros que se hizo muy popular en estos terruños entonces selváticos.
Antes de la nacionalización de la industria petrolera, Doña Cecilia era la refinería más importante de México, pues procesaba 4,000 toneladas diarias de crudo, tres veces más que las 1,400 toneladas de la de Minatitlán. Su posición estratégica en un área portuaria entre México y Estados Unidos la hizo la joya de la corona de los activos que El Águila tuvo en este continente.
Cuando Lázaro Cárdenas la expropió, esta pertenecía a la sociedad británico-holandesa Royal Dutch Shell. Y, ya expropiada, se le renombró Francisco I. Madero, en honor al prócer de la Revolución, en cuya memoria el poblado convertido en municipio tendría la nomenclatura oficial de Ciudad Madero.
La Refinería Francisco I. Madero es una de las seis que comprenden el Sistema Nacional de Refinación del país. Su infraestructura se levanta en 544 hectáreas con 22 plantas de procesos interconectadas con las plantas de almacenamiento y las instalaciones de la terminal marítima. Aquí se produce gasolina, diésel, turbosina, kerosina, gas, gasóleo y otros refinados, todos combustibles altamente cotizados y codiciados.
Hoy la refinería Francisco I. Madero es el principal centro de abasto ilegal de combustible a los huachicoleros náuticos, es decir, es el principal centro de ordeña del combustible que se trasiega vía marítima.
La investigación que lleva a cargo el área de inteligencia de la Semar, parte de la cual se asienta en un informe interno clasificado como “confidencial” y que se identifica como “Trasiego de combustible”, documenta el siguiente modus operandi:
Personal de Petróleos Mexicanos en el área marítima coordina con los capitanes de barco la entrada de sus buques a los muelles de Pemex en las refinerías. Una vez que el barco atraca en los muelles, ingenieros y trabajadores de la empresa petrolera conectan el buque a sus ductos para bombearles el combustible.
Los buques zarpan de Ciudad del Carmen con destino al puerto de Ciudad Madero, Tamaulipas. La travesía dura entre 60 y 63 horas para cruzar los 741 kilómetros o 460 millas náuticas que hay de puerto a puerto. Está programado que los barcos ordeñadores deben ingresar a puerto entre las 21:00 horas y las 24:00 horas, tiempo en que la oscuridad ha caído por completo en el Golfo de México. Al amparo de la noche es que se realizan las maniobras de ordeña con mayor facilidad.
Si se utiliza un barco pesquero, estos tienen como base los puertos de San Francisco de Lerma y Campeche.
Entre las 460 millas náuticas que separan los puertos de zarpe y destino de los huachicoleros de mar, está la Isla de Lobos, una ínsula que pertenece a Veracruz, a solo 14 kilómetros al suroeste de Cabo Rojo, que es cercana también a Tamiahua.
Isla de Lobos es una paradisiaca tierra de exóticas palmeras, playas de oleaje suave, fina arena blanca y áreas con arrecifes de coral.
La parsimonia de sus aguas la mayor parte del año la hace un refugio natural en el Golfo que también sirve de puente a los huachicoleros que aguardan con sus navíos a que se les indique la hora precisa en la cual un barco ordeñador puede acceder a muelle en Tamaulipas.
Al costado oeste de la isla, en una profundidad de seis a nueve metros superficie, están los oleoductos de Pemex. Más adelante, mar adentro, se ubican las estructuras de bombeo automático de hidrocarburos.
Los huachicoleros utilizan Isla de Lobos, en Veracruz, para guarecerse del mal tiempo o de los ocasionales patrullajes. También ahí suelen aguardar la orden de la hora precisa en la que pueden ingresar a los muelles de Pemex. La orden, según indica el informe clasificado de la Semar, les llega directamente de empleados de la petrolera.
Un atraco u ordeña de combustible vía marítima supone entre seis, siete y hasta ocho días de travesía dependiendo de las condiciones climatológicas. Para los delincuentes se ha vuelto un negocio tan redituable y bien estructurado que, cada semana, tienen barcos zarpando de ida y vuelta. En cada viaje ordeñan entre 600,000 y 800,000 litros de combustible, equivalentes a 30 y hasta 40 pipas.
Para encubrir sus ilegales cargas utilizan facturas apócrifas del SAT o clonadas de originales que les son entregadas por áreas contables de Pemex.
Actualmente 90 barcos que navegan en el Golfo de México están bajo investigación de la Semar por indicios de que están al servicio del crimen organizado para el robo y trasiego de combustible.
Son buques abastecedores y pesqueros que cuentan con tripulaciones bien entrenadas que operan en las regiones de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
Su estructura se divide en tres niveles. En el primero se ubican líderes operadores de Los Zetas y grupos que trabajan para estos. En el segundo nivel están los trabajadores de Pemex (ingenieros, empleados de terminales y de áreas contables), hombres a cargo de los barcos (armadores, propietarios y arrendatarios); encargados de operar y administrar las bodegas, coordinadores del movimiento de reventa de hidrocarburos, y hombres y mujeres cuya función principal estriba en el lavado de dinero. En un tercer nivel se encuentran las tripulaciones de los barcos.
El sistema que utilizan es similar al que se usó en los años 80 para trasegar droga vía marítima, por eso tienen operadores que se encargan de pagar a los arrendadores cuyos barcos se usan para el transporte de embarques de hidrocarburo robado.
La flota coordinada por quien se hace llamar Comandante Payán, o el Potro, también ejemplifica el modus operandi de los huachicoleros náuticos.
La vida de Fidencio Córdova Pérez se torció desde muy joven. Nació en Villahermosa en mayo de 1961 y pronto comenzó a vender droga, cometer asaltos a mano armada y robo de vehículos.
En 2009 fue detenido con 50 dosis de cocaína y encarcelado en el Cereso de San Francisco Koben, en Campeche. Pero al año siguiente fue liberado. En 2011, estando ya en libertad, ideó el asesinato del jefe de custodios de ese Cereso. Se fue luego a Ciudad del Carmen, donde creó su banda delictiva a la que llamó Pura Gente Nueva, reclutada por Samuel Upalina Medina, la Mama, lugarteniente de Los Zetas.
Luego, usando el nombre de Francisco Abigail Ramos del Valle, y sus mismos sobrenombres de Comandante Payán o Potro, Fidencio Córdova se instaló en Paraíso, Tabasco, y allí fue donde se inició en la ordeña de combustible a Pemex, una actividad ilícita que alternaba con la venta de droga y cobro de extorsiones.
Fidencio, alias Francisco Abigail Ramos del Valle, se afilió a la Cooperativa Jaiberos de La Laguna, para usarla como fachada para operar los buques para el negocio que a mayor escala realizaría: la ordeña de combustible vía náutica operando en todo el Golfo, y entre México y Centroamérica.
En junio de 2017 el Comandante Payán fue detenido. Se había establecido en torno a él un operativo de búsqueda prácticamente en todas las entidades del Golfo de México donde operaba (incluso en Guatemala). Al final, se le cercó en el ejido La Libertad, en Palenque, Chiapas.
Además del robo de hidrocarburos, las autoridades lo relacionan con 12 homicidios, incluido el de Sebastián Jiménez Gurrubel, un capitán de barco que piloteaba embarcaciones de compañías navieras que laboran para Pemex en el Golfo, y que fue asesinado en Paraíso, Tabasco, el 24 de junio de 2016.
Al Comandante Payán se le ubica como una de las piezas clave de Los Zetas en la ordeña de combustible y con distintivas habilidades delictivas: en 2014, por ejemplo, fingió su muerte elaborando actas de defunción apócrifas para librar la búsqueda por los delitos en su contra.
Voluntariamente algunos, y otros de manera forzada, pescadores y camaroneros comenzaron a poner a disposición del Comandante Payán sus embarcaciones. A otros les impuso el derecho de piso.
Durante la elaboración de esta investigación periodística, algunos patrones de embarcaciones y tripulantes que realizan faenas en el Golfo de México contaron a Newsweek en Español que el cobro de derecho de piso y la presión para colaborar en la sustracción o trasiego de hidrocarburo es un problema que han ido enfrentando de manera creciente, impuesta por grupos como el del Comandante Payán o Potro, y otros grupos que operan de manera similar y que cobran o reclutan tripulaciones a nombre de Los Zetas y el Cártel del Golfo.
Y es que, aunque está preso desde hace un año, según las pesquisas del área de inteligencia de la Semar –a las cuales se tuvo también acceso para esta investigación periodística–, su red continúa operando liderada por sus familiares, quienes contarían con seis barcos para el robo y trasiego de combustible.
Esos seis barcos se cuentan entre los 90 que actualmente están identificados como “buques sospechosos de trasiego de combustible”, de manera ilegal.
Y entre esos 90 barcos también hay buques abastecedores que trabajan con matrículas oficiales en actividades de la industria petrolera y barcos pesqueros que cuentan con tripulaciones bien entrenadas que se mueven en las regiones de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.
El sistema que utilizan es similar al que se usó en los años 80 para trasegar droga vía marítima, donde los barcos se contratan a veces para cada embarque. Por ello, por ejemplo, el grupo del Comandante Payán tiene un operador encargado de pagar a los arrendadores cuyos barcos se usan para el transporte de embarques de hidrocarburo robado.
En el ámbito náutico regularmente las embarcaciones utilizadas para ilícitos solían ser embarcaciones pirata: sin bandera o con bandera de conveniencia, sin permisos o con documentos apócrifos. Pero en el robo de combustible vía marítima que se efectúa en el Golfo de México actualmente el crimen opera de manera más sofisticada: aparecen implicados barcos legales, con permisos legales, pero que son usados para el traslado de cargamentos ilegales de hidrocarburos con facturas apócrifas.
En este rubro las detenciones han sido a cuentagotas: en mayo de 2012 por ejemplo, el buque Havnor, con Bandera de San Vicente, transportaba casi un millón de litros de diésel sin documentos sobre su procedencia.
En julio, la Armada interceptó al Capitán Kenny, un buque abastecedor con bandera de Estados Unidos que transportaba ilegalmente cerca de 400,000 litros de combustible robado. En Coatzacoalcos, Veracruz, se detuvo al Tuxpan, un navío que llevaba 1,800 litros de combustible robado. Y en julio de 2016 en Veracruz también se detuvo al Vikingo II, una embarcación camaronera de Tamaulipas, con 12,000 litros de combustible robado.
El robo de hidrocarburo a Pemex ha sido un problema que se recrudeció dramáticamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las cifras oficiales de Pemex cuantifican pérdidas por 30,000 millones de pesos anuales por el lícito, es decir, unos 82 millones en promedio cada día, ya que además del valor del hidrocarburo sustraído, se considera los daños que se provocan a la infraestructura de la petrolera.
Sin embargo, los costos consideran solamente la sustracción por tomas clandestinas en las redes de ductos (que llegan a casi 9,000 este año y que en 2017 fueron 10,363, es decir, 28 por día), pero no se considera el combustible que se sustrae directamente de instalaciones de Pemex mediante la colocación de conexiones directas a las terminales de bombeo, como es el que se está sustrayendo de refinerías como la de Ciudad Madero, en conexiones directas con los barcos y que se transporta vía marítima, que revela esta investigación periodística.
En abril de este año el Senado de la República aprobó una reforma integral fiscal y penal que supuestamente fortalecería el combate al robo de combustibles. Se dijo que esa reforma permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) intervenir en el control del producto, su procedencia, los volúmenes que reciben los expendedores y sus ventas al público. Aunado al endurecimiento de penas de 30 años de cárcel a los ladrones de combustible.
Las supuestas medidas gubernamentales prácticamente no tuvieron ninguna incidencia en combatir el flagelo.
Una de las primeras disposiciones propuestas por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador es decretar el robo de hidrocarburos como delito grave.
Hasta ahora la incidencia en robo de combustible no ha decrecido, sino por el contrario: cada vez aumenta mas, ahora vía marítima, como revela esta investigación periodística.
La muestra: la refinería Francisco I. Madero se ha convertido en el principal centro de abasto de los huachicoleros náuticos, en los mismos tiempos en que Pemex, ante su baja productividad, comenzará a importar crudo para procesar en sus refinerías.
Las primeras importaciones, que según el director de Pemex, Carlos Treviño, se iniciarán a finales de octubre, tendrán como destino la refinería de Salina Cruz, Oaxaca. Es decir, mientras Pemex importará crudo para refinarlo en la refinería del Pacífico mexicano, los empleados de Pemex colaboran con los huachicoleros náuticos para que estos lo sustraigan ilegalmente por el Golfo de México.
En las mismas aguas donde operan los huachicoleros náuticos actúan también los “guateros”, como se identifica a quienes atracan plataformas petroleras para desmantelarlas. Y son las mismas aguas donde están los nuevos yacimientos anunciados por Pemex como su esperanza para levantar la producción petrolera.
Manik y Mulach son los nuevos campos que, según el mensaje oficial de la petrolera, “darán nueva energía a Pemex”. Los campos se ubican entre aguas someras cercanas a las costas de Campeche y Tabasco.
Manik, que se ubica a 102 kilómetros de Ciudad del Carmen, tiene dos yacimientos con un potencial calculado en 80 millones de barriles de petróleo; y Mulach, que está a 17 kilómetros de Paraíso, Tabasco, y solo ocho kilómetros del campo Yaxché, tiene reservas calculadas en 100 millones de barriles de petróleo.
En ambos casos se trata de la misma zona que, desde hace varios años, se ha convertido en blanco de robos crecientes a las plataformas petroleras, como ha revelado Newsweek en Español en diversas investigaciones periodísticas.
En esta zona la operación de los grupos criminales que en lanchas rápidas se internan para atracar y desmantelar las embarcaciones ocurre a plena luz del día, como ha documentado este medio publicando incluso fotografías que evidencian el momento en que las plataformas están siendo desmanteladas ante la inacción de las autoridades.
El robo más reciente ocurrió en mayo pasado, cuando una veintena de hombres que llegaron en seis lachas atracaron la plataforma Xux-A.
La plataforma está en el campo Xux, que forma parte de lo que administrativamente Pemex llama Proyecto Tsimin-Xux, que es uno de los proyectos operativos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex priorizó como estratégico en la región sureste del Golfo de México, pero cuya seguridad prácticamente se dejó a la deriva. Y es la misma zona donde se ubican los nuevos yacimientos anunciados por Pemex este octubre.
En esta región hay 19 plataformas: Xux-A, Xux-B, Tsimin-A, Tsimin A-1, Tsimin A-2, Tsimin-A-3, CA-Tsimin-A, HA-Tsimin-A, Tsimin-B, Tsimin-C, Tsimin-D, May-A, CB-Litoral-A, PB-Litoral-A, CA-Litoral-A, PB-Litoral-T, HA-LT-A, HA-LT-A2, E-Litoral-A, conectadas entre oleoductos, gasoductos y oleogasoductos.
Newsweek en Español previamente documentó que entre las plataformas que han sido blanco de atracos desde 2008, con una incidencia cada vez más frecuente a partir de 2016, se encuentran la Yaxché-Bravo, Litoral Tabasco, Litoral-A, Kab-A, Kix-2, Sinan-SO, Akal-N, Tsimin-A, Tsimin-B, Tsimin-C, Tsimin-D, Akal-N, Xux-B, May-A, Xux-A, Manik-A, Balam, Etkal-101, Tumut-A, Kuil-A, Chuc-B, Bolontiku-A.
Algunas de estas plataformas han sido saqueadas en varias ocasiones. Las más vulneradas han sido las plataformas Bolontiku-A, que cuenta ya con siete robos —cuatro en 2016 y tres en 2017—; la Tsimin-A —atracada en cinco ocasiones—, y la May-A —tres veces.
En 2016 se registraron 38 hurtos; en 2017 la cifra de hurtos ascendió a 103. Y este año se han registrado una veintena de atracos a las particularmente identificadas como “plataformas satélite”, es decir, que no están tripuladas.
En el Golfo de México hay 235 plataformas petroleras costa afuera. En torno a estas hay una restricción mínima de distancia de 200 metros e incluso en algunos polígonos de hasta 49 kilómetros, es decir, que a esa distancia ninguna embarcación fuera de las que trabajan para la industria petrolera puede ingresar, y aun estas requieren la autorización de capitanía de puerto y Pemex. Se supone que desde su torre de control la petrolera también lleva una vigilancia en tiempo real de todo lo que ocurre en el Golfo. AUn así se registran los robos.
Newsweek en Español publicó fotografías de atracos a plataformas como la Tsimin-C, donde a plena luz del día cuatro hombres vestidos de civil, dos de ellos con playeras rojas y cachuchas, llegaron a bordo de la lancha; dos de ellos subieron a la plataforma, desconectaron equipos que sus cómplices les ayudaron a cargar y juntos los cuatro retornaron con su lancha cargada hasta la Terminal Marítima de Dos Bocas, a 62 kilómetros de distancia del campo Tsimin. Esta zona, donde los “guateros” zarpan para internarse a cometer sus atracos y adonde arriban con sus botines, es la misma área donde la administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que se construirá la nueva refinería de petróleo.