El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador informó que se conformó una comisión de tres personas para conversar con contratistas e inversionistas sobre las implicaciones financieras de cambiar el proyecto del nuevo aeropuerto del país, y cancelar la opción de Texcoco.
En entrevista, el próximo jefe de la oficina de Presidencia, Alfonso Romo, informó que por orden del presidente electo, él, junto con el ingeniero Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa se reunirán con los inversionistas para negociar con ellos el pago de las penalizaciones por la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco.
“Vamos a hacer equipo, exclusivamente abocado en tranquilizar a todos los que tienen intereses”, dijo.
Acerca del descontento expresado por inversionistas del nuevo aeropuerto y las cámaras empresariales sobre la decisión de cancelar el proyecto, comentó que únicamente “han reaccionado”, y por eso buscarán “platicar con ellos en privado”.
Romo detalló que las reuniones con empresarios comenzarán este miércoles 30 de octubre, aunque “ya estamos negociando”. Dijo que todavía no puede informar sobre la forma en que se realizarán los pagos, “porque todavía no tengo los pelos de la burra en la mano”.
“Lo que sí sé es que no le vamos a fallar a nadie”, aseveró.
De acuerdo con el empresario, la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco “no es un capricho, es una decisión técnica financiera. No se equivoquen, estamos actuando con responsabilidad”.
Tras el anuncio de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, este lunes empresarios señalaron que la decisión envía un mensaje de incertidumbre a los mercados internacionales y a inversionistas.
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El titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que la consulta no puede ser el fundamento para revertir una decisión de Estado tomada por el actual gobierno, de Enrique Peña Nieto, y que se ha estudiado durante los últimos 20 años.
También señaló que, tras conocerse el resultado de la consulta para decidir el futuro del aeropuerto, empresarios amagaron con emprender acciones legales si se cancelaban los contratos en marcha.
Castañón recordó que, aunque el presidente electo asegura que los contratos e inversiones hechas serán respetadas, no se tiene claro cuáles serán los mecanismos para hacerlo, ni qué pasará con los 46 mil empleados en la obra.