La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la consulta sobre el futuro del nuevo aeropuerto es solo un asunto político – y no legal- para tomar una decisión, pero que su resultado no es vinculante.
“¿No han entendido que no es un asunto legal? No han entendido que es un asunto político, para tomar una decisión política, es una herramienta”, dijo la también senadora de la República, según el diario Reforma.
Dijo que con esta herramienta el gobierno obtendrá información sobre lo que opina la ciudadanía. La exministra explicó que la Suprema Corte de Justicia también ha convocado a expertos sobre temas importantes para conocer sus opiniones y así tomar una decisión.
En entrevista con medios, Sánchez Cordero dijo que este ejercicio, que inició este jueves y terminará el domingo 28 de octubre, “es una consulta política, no vinculante, pero es una herramienta de gobierno”.
Sin embargo, esto contradice lo que ha dicho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez.
López Obrador dijo el pasado 15 de octubre que con la consulta se “está recogiendo el sentimiento de la gente” y que lo que ocurra con el futuro del nuevo aeropuerto “no es una decisión cupular”.
“¿Qué es mejor? ¿Que se decida en una consulta con los ciudadanos o que se decida cupularmente?”, dijo López Obrador a medios. Señaló que aunque la decisión de la población sea minoritaria “no es lo mismo 100 mil que 1, o ¿es lo mismo?”.
Jesús Ramírez, vocero del próximo gobierno, dijo el pasado 15 de octubre que la decisión sobre la construcción del nuevo aeropuerto se tomará a partir de la respuesta con mayor votos.
Dos días después, durante un foro sobre el aeropuerto organizado en el Congreso del Estado de México, Ramírez aseguró que los resultados de la consulta serán vinculantes y que el ejercicio no es ilegal.
“No se trata de una consulta ilegal ni inconstitucional como ha dicho cierto partido político en la Cámara de Diputados. Esta es una consulta ciudadana que es un derecho de los mexicanos a preguntarnos, a participar”, aseguró.
La realización de una consulta pública deben cumplir ciertas condiciones para ser legal.
De acuerdo a la Ley Federal de Consulta Popular, solo los temas de “trascendencia nacional” podrán ser votados por una consulta, la trascendencia de éstos “será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara”.
Como presidente electo, López Obrador aún no tiene la facultad para convocar una consulta pública al Congreso de la Unión que tenga validez, el único capaz de solicitarlo ahora sería el actual presidente Enrique Peña Nieto.
El coordinador de los senadores del PAN, Damián Zepeda, dijo que la “manipulación” de la consulta quedó evidenciada en redes sociales por la ciudadanía tras los reportes de votos duplicados y fallas en el sistema de votación.
“No hay forma de defender lo indefendible. Todos hemos sido testigos en redes que la consulta es una burla: carruseles, votos sin identificación, no hay árbitro, ellos imprimieron la boleta; no sirve este ejercicio. Morena tiene miedo a los ciudadanos”, publicó el senador en su cuenta de Twitter, luego de exigir un debate inmediato en el Senado sobre el tema.
En @AccionNacional, queremos una consulta seria y democrática; los mexicanos ya están cansados de las simulaciones, necesitamos un Presidente que respete la ley. #ConsultaSinOcurrenciashttps://t.co/LIK2KZO0HC pic.twitter.com/1PXE72w5Fy
— Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) October 25, 2018
La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, también criticó la consulta convocada por López Obrador, al afirmar que “pone en riesgo la obra de infraestructura pública más grande, no de las últimas décadas, sino de las próximas décadas”.
Someter el proyecto a una consulta dudosa y sin validez constitucional, cuya representatividad es cuestionable, no sólo es irresponsable, sino injusto. #ConsultaIlegal https://t.co/KCc7fZ7bkJ
— Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) October 25, 2018
Con información de Reforma.