El Ejército Mexicano ha adquirido miles de armas en el extranjero que generalmente comercializa a las fuerzas de policía de los estados. Esto, con excepciones, es una práctica legal. El problema es que no se sabe en realidad cuántas de estas “armas legales” hay en el país y, en algunos casos, se desconoce dónde están.
Así lo evidencian los propios datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) obtuvo a través de solicitudes de transparencia, y de la revisión de informes que México presenta ante instancias internacionales como Naciones Unidas.
Entre las irregularidades se encuentra, por ejemplo, una diferencia de más de 50 mil armas que el Ejército dice haber comprado de un año a otro; el cambio de criterio para clasificar como reservada datos de partes y de marcas de armas que antes sí se transparentaban; y el desconocimiento del destino de más de 20 mil armas declaradas oficialmente como “extraviadas”, pero que en varios casos han aparecido en manos de criminales.
Lucía Guadalupe Chávez Vargas, coordinadora de investigación de la CMDPDH, advirtió que al reto que plantea el tráfico ilegal de armas que ingresan a México (y del que tampoco hay claridad de cuántas son) hay que sumar ahora la falta de controles y seguimiento del armamento que sí ingresa legalmente, pero que termina también en manos de delincuentes.
“Muchas de las armas que ingresan legalmente al país se las roban o se pierden. Y el seguimiento de estas armas extraviadas no es puntual ni consistente (…) pero además hay inconsistencia en la información oficial sobre las armas que se compran en el extranjero, sin que haya una explicación del por qué sucede esto en un tema tan importante como este”, dijo Chávez Vargas.
Las armas de fuego tienen un papel central en el incremento de la violencia que se registra hoy en México. Animal Político publicó que en la segunda parte del actual sexenio tanto los homicidios como los casos de lesiones en los que se usan armas de fuego se han duplicado.
En un oficio fechado en mayo de 2017, con el que se dio respuesta a la solicitud de transparencia folio 0000700075417, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que de 2010 a 2016 había adquirido 305 mil 86 armas de fuego en el extranjero, con el objetivo de comercializarlas en México, o de repartirlas a corporaciones de policía local.
Sin embargo, en otro oficio fechado en febrero de 2018, la Sedena respondió a la solicitud de información 0000700000518 que en este mismo plazo (2010 a 2016) había importado del extranjero 250 mil 839 armas de fuego para su comercialización a terceros en el país.
Es decir, de un año a otro desaparecieron de los registros oficiales más de 50 mil armas de fuego que se habían reportado como adquiridas en el extranjero.
¿Se trata de un error, o en realidad sí hay un faltante de miles de armas de fuego? Chávez Vargas explicó que la información disponible no permite confirmar ni lo uno ni lo otro, pero subrayó que lo que es un hecho es la inconsistencia en los números oficiales de armas de fuego de parte de las autoridades responsables.
Otro ejemplo de esta inconsistencia es la diferencia entre lo que Sedena informa vía transparencia, y lo que reporta a través de la Cancillería en instancias internacionales.
Por ejemplo, la Sedena informó en respuesta a la solicitud folio 0000700000518 que en 2016 había adquirido 35 mil 268 armas de fuego para su venta a policías y a particulares. Por otro lado, y como parte de las exigencias del Tratado sobre el Comercio de Armas (del que México forma parte), el gobierno informó a Naciones Unidas que en el mismo 2016 se habían adquirido 21 mil 977 armas de fuego.
Esto significa una diferencia de más de 13 mil armas de fuego entre las dos cifras oficiales reportadas en 2016.
“Con motivo de este tratado el gobierno mexicano está obligado a informar o se comprometió a informar cuántas armas está comprando a otros países. Pero esta cifra que se reporta ante esas instancias importantes es sustancialmente menor a la que nosotros nos han aportado por transparencia. Entonces esto tampoco cuadra mucho, y por lo tanto no tenemos una cifra confiable”, dijo la experta de la CMDPDH.
La información respecto a las armas de fuego que tienen en su poder los militares – ya sea porque las adquirieron o porque las han construido en sus armerías – también presenta lagunas y contradicciones importantes.
El Informe “El tráfico legal e ilegal de armas a México” publicado por la CMDPD destaca que de 2010 a 2016 la Sedena dijo haber importado 10 mil 149 armas de fuego cortas y largas para uso propio. Sin embargo, ante la Comisión de Comercio Internacional en Estados Unidos, la Sedena reportó casi 12 mil armas de fuego adquiridas.
“Dicha información sugiere que el gobierno mexicano sólo ha informado de una parte de sus adquisiciones de armas de fuego”, reveló el informe.
La Secretaría de Marina es la otra dependencia del país autorizada para la adquisición de armas de fuego, y al igual que ocurre con la Sedena, sus datos sobre armamento no son claros. Por ejemplo, la Marina informó que en 2015 y 2018 adquirió 410 armas de fuego largas del fabricante estadounidense Sig Sauer, por la cuales pagó 553 mil dólares.
Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó en el mismo 2015 que el contrato firmado entre el fabricante y la Marina ascendía a 265 millones de dólares, una cantidad notablemente superior a la que reporta la Marina que ha gastado. Lo anterior significa que faltan muchas armas por fabricarse o que su entrega no se ha reportado.
Cabe señalar que México es el país de América Latina al que los Estados Unidos exportan la mayor cantidad de armas y por mucho. En 2017 las ventas a nuestro país ascendieron a 40 millones de dólares. El país que le sigue es Colombia, con menos de 14 millones de dólares en armamento.
La venta de armamento, partes de armas y municiones de Estados Unidos al Ejército en México se ha incrementado sustancialmente, año con año, a partir de 2008 cuando se firmó la Iniciativa Mérida. En este periodo de diez años dichas ventas prácticamente se han cuadruplicado.
Pero Estados Unidos no es el único abastecedor de este equipo bélico. Otros países de Europa le han vendido al Ejército Mexicano licencias y materiales para fabricar armamento. Hasta 2015 la Sedena había hecho público vía transparencia los datos sobre el número de partes de armamento que fabrica, los países de origen de los mismos, entre otros datos.
Pero de acuerdo con Chávez Vargas, en los últimos dos años la Sedena tomó la decisión de clasificar dicha información y no proporcionar los datos. Esta situación obligó a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a presentar un recurso de inconformidad ante el INAI.
“Hace unos meses ganamos un recurso del INAI para que se informara de las piezas de armamento que se han adquirido. INAI dio la razón pero la Sedena nos dijo que no tenía esta información automatizada, pese a que en ocasiones anteriores sí nos dio parte de la información que le solicitábamos. Entonces nos pide copias por las que hay que pagar 100 mil pesos. Obvio todo esto contribuye a la opacidad”, dijo la experta.
La Sedena reconoció, en otra solicitud de información entregada a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que tiene registro de poco más de 20 mil armas de fuego que fueron importadas del extranjero y entregadas a corporaciones locales de policía en México, pero que hoy se encuentran oficialmente extraviadas.
La información oficial permite conocer que el “extravío” de dichas armas oficiales se ha registrado en 14 estados: Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Durango, Veracruz, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Baja California, Chiapas y Nuevo León.
¿Pero qué más se sabe de estas armas? Nada. Chavez Vargas, coordinadora de investigación de la referida Comisión, destacó que de inicio ni siquiera hay claridad sobre cuántas de estas armas “extraviadas” fueron robadas a los policías, y cuáles se perdieron por otra circunstancia. Peor aún: no hay un seguimiento de las mismas para tratar de averiguar en dónde están.
“No hay un seguimiento puntual de qué sucede con estas armas. No hemos podido averiguar a dónde van a parar o quiénes las están usando, o en qué circunstancias fueron robadas o extraviadas. No sabemos prácticamente nada”, dijo la especialista.
Son muy pocos los casos en donde se conoce el destino final de las armas perdidas. Uno de esos casos fue el de un lote de rifles de asalto del fabricante alemán Heckler & Koch, que la Sedena vendió a policías locales en varios municipios de Guerrero y que luego se perdieron. El pasado 28 de mayo dichos fusiles reaparecieron en manos de criminales quienes las utilizaron para asesinar a seis agentes estatales.
Cabe señalar que la venta de estas armas y de piezas y refacciones para las mismas derivó en un proceso judicial abierto en Alemania en contra de seis empleados de la empresa fabricante, quienes según la regulación del país europeo no debieron vender armamento que tenía como destino final zonas en conflicto o fuerzas de seguridad cuestionadas, como lo eran las fuerzas policiales de Guerrero.
Para Chávez Vargas el problema de raíz es que en México se ha optado por la militarización de la seguridad pública, que ha traído consigo un crecimiento de la fabricación e importación de armas en México, pero sin que se haya implementado controles adecuados de las mismas.
“Todo esto tiene que ver con la falta de control y seguimiento sobre los usuarios finales de las armas (las fuerzas de seguridad) pero también con la facilidad con la que ingresan las armas en las fronteras. Ha habido una negación del gobierno de México al solo culpar a Estados Unidos, pero aquí tampoco se ha hecho un trabajo efectivo de control en las fronteras”, dijo la entrevistada.