Denuncias por violencia de género en la UNAM aumentaron 11 veces en los últimos 2 años
En los últimos dos años, el número de quejas presentadas por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aumentaron once veces (1157%), en comparación con la cantidad registrada durante los 13 años anteriores.
De acuerdo con Mónica González Contró, abogada General de la máxima casa de estudios, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2016, la UNAM registró un total de 325 quejas por casos relacionados de violencia de género, aproximadamente 1.9 por mes, mientras que, a partir de septiembre del mismo año y junio de 2018 recibieron 456 denuncias, unas 22 mensuales.
En entrevista con Animal Político, la abogada explicó que el incremento de denuncias es resultado de la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, que permitió a las víctimas identificar de manera sencilla las instancias y los procedimientos necesarios para iniciar una investigación por agresiones en su contra.
“A partir de que se promulgó el Protocolo, que tuvo una difusión muy importante, tuvimos un incremento de más de mil por ciento de denuncias; sin embargo, nosotros no pensamos que haya habido ese aumento de un año a otro, sino que en primer lugar esta herramienta, pero también el ambiente social, han ayudado mucho a que las personas tomen conciencia sobre lo que es un acto de violencia de género”, señaló.
Entre septiembre de 2016 y junio de 2018, la institución registró 485 quejas por violencia de género, la mayoría de ellas por violencia sexual, psicológica, física y acoso. En la mitad de los casos, las agresiones se denunciaron en planteles de Ciudad Universitaria.
Informes Sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM indican que en dos años fueron denunciados 456 presuntos agresores; sin embargo, las autoridades únicamente tuvieron elementos para iniciar un proceso de investigación contra 397 (80%), y finalmente solo se inició un procedimiento formal a 366 de ellos (80.2%)
Contra otros 90 agresores denunciados, entre los que hay alumnos, personal académico, administrativo, de confianza y por honorarios de la universidad, así como personas externas a ella, no hay una investigación, ya sea por el desistimiento de las víctimas o porque no se encontraron elementos en su contra.
Casos que se resuelven con disculpas
Desde que el Protocolo fue emitido por la UNAM, 13 denuncias por violencia de género fueron resueltas a través del procedimiento de “justicia alternativa”, es decir, los agresores obtuvieron el perdón por parte de las víctimas y, en algunos casos, tomaron cursos para identificar conductas agresivas o pagaron las terapias psicológicas de las denunciantes.
González Contó reconoció que no hay medidas preestablecidas de reparación del daño en estos casos, pues esta “depende de las expectativas de la víctima”, pero en general, las sanciones que se dan en este tipo de procedimiento tienen como objetivo “que el agresor pueda entender la magnitud de la violencia”.
Sin embargo explicó la encargada de la implementación del Protocolo, no todos los casos pueden resolverse de esta forma, pues “requieren de situaciones muy específicas, porque si las denuncias involucran conductas que pudieran ser constituidas como un delito, no admiten un procedimiento alternativo, tampoco los casos en los que las víctimas sean menores de edad”.
Para que este tipo de procedimientos se lleven a cabo, la víctima y el agresor tienen que llegar a un acuerdo, lo que se dificulta, dado que muchas de las denunciantes expresan sentir temor.
La abogada aseguró que aunque son pocos los casos que se resuelven por esta vía, estos son “de mucho éxito, porque en primer lugar, la víctima ha logrado sentirse mucho más restaurada, ha logrado sentir que el agresor comprende el daño causado y lo ha reparado mediante distintas vías y, por otro lado, los acusados tienen la posibilidad de entender por qué la conducta que llevó a cabo constituye violencia de género y puede ponerse en los zapatos de la víctima, por decirlo de alguna forma”.
Además de las medidas de justicia alternativa por las que pasan la víctima y el agresor, existen otras prácticas en las que se incluye a toda la comunidad. Mónica González señaló que para restaurar el tejido social del ambiente en el que se dan las agresiones, se ofrecen talleres, círculos de aprendizaje y pláticas en los entornos en los que se desenvuelven los involucrados.
Alumnas desisten de procesos porque “no pasa nada”
Paloma, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) es una de las denunciantes que decidió desistir de su acusación contra uno de sus compañeros, quien la acusó de difamación porque supuestamente organizó actos de denuncia en su contra dentro de las instalaciones universitarias.
La joven de 18 años relató a Animal Político que en marzo pasado, Miguel “N”, también estudiante de la FFyL, fue acusado por dos de sus amigas por agresiones sexuales: una de ellas denunció que la violó, y la otra dijo haber sido víctima de abuso sexual.
Ambas señalaron a Miguel “N” en un acto público dentro de las instalaciones universitarias y días después, en las paredes de la facultad aparecieron carteles donde se acusaba a Paloma de ser la autora de las denuncias contra su compañero.
Paloma fue notificada por una abogada de la Unidad de Género de la UNAM de que había sido denunciada ante el Tribunal Universitario por difamación contra Miguel “N”. Por este motivo ella interpuso una queja contra su compañero, por violencia de género.
“Pedí que activaran el Protocolo por esa difamación en marzo de 2018 y empecé a ir a declarar ante las autoridades de la UNAM sobre lo que había pasado, aunque para mí era muy difícil, porque las dos compañeras agredidas eran mis amigas. Tuve que ir varias veces con una abogada a repetirlo todo, aunque me destruía emocionalmente, hasta que un día le pregunté que qué iba a pasar con el agresor y ella me dijo que no le iba a pasar nada”.
De acuerdo con la joven, la abogada de la universidad le explicó que “lo único que podía pasar era que platicaran con mis compañeros de carrera y con profesores para que no volvieran a pasar esas cosas”.
Además de Paloma, en los últimos dos años cinco personas que iniciaron una queja por violencia de género en la universidad decidieron desistirse de su denuncia.
En algunos casos, las víctimas denuncian que, aunque a partir de la investigación de los casos se comprueba que existen actos de agresión, los culpables son disculpados por las autoridades universitarias, quienes reducen las sanciones.
En febrero de 2018, Judith, una trabajadora sindicalizada de la UNAM, denunció a uno de sus compañeros en el Instituto de Investigaciones Sociales por agredirla físicamente. Aunque las autoridades universitarias inicialmente determinaron que Octavio debía ser despedido, después, “en consideración de su trayectoria laboral”, cambiaron su sanción por una suspensión de ocho días.
De acuerdo con la investigación en la UNAM, existieron pruebas suficientes de que el trabajador incurrió en actos considerados como violencia de género contra Judith, como “comentarios obscenos, contactos físicos indeseados, violencia verbal y física, etcétera, dentro del establecimiento o puesto de trabajo donde presta sus servicios”.
Sobre este caso, la UNAM informó que el caso sería revisado por la abogada general, en su calidad de responsable de la aplicación del Protocolo.
Según los informes de la propia universidad, en 59 de los casos registrados en dos años, los agresores interpusieron un recurso de reconsideración o inconformidad por las sanciones que se les impusieron. En cuatro de los casos, el castigo fue revocado, y en otros cuatro casos, como el de Judith, éste se modificó.
Consultada sobre estos casos, Mónica González explicó que “dentro de los procedimientos hay distintas instancias universitarias que contempla la universidad, como parte del debido proceso. Entonces, efectivamente, hay personas que se inconforman ante la Comisión de Honor del Consejo Universitario, quien revisa la decisión del Tribunal”, y en ocasiones modifica las sanciones.
González Contró dijo que, ante estas situaciones, lo que la Oficina de la Abogada General espera es que “estas instancias, que son completamente independientes, determinen confirmar las resoluciones que establecen la sanción”.
Exigencia de investigar violencia de género, “muy oportuna”
La atención a casos de violencia de género en instalaciones universitarias ha sido una de las demandas planteadas a las autoridades de la UNAM por el movimiento estudiantil surgido después de las agresiones a alumnos del CCH Azcapotzalco el pasado 3 de septiembre.
Para la abogada General, esta demanda es “muy oportuna, porque la violencia de género es un problema que la universidad ha decidido enfrentar y darle la cara desde hace dos años, por eso es importante el número de denuncias”.
Mónica González hizo un llamado a la comunidad universitaria “a que denuncien y presenten sus quejas en canales institucionales, porque de otra forma la universidad no tiene la posibilidad de sancionar”.
Acerca de las denuncias que las alumnas y académicas de la UNAM realizan en actos públicos o a través de redes sociales, dijo que, cuando ellos se enteran que existen, “tratamos de contactar a las víctimas para pedirles que presenten su queja, porque si no nosotros no podemos sancionar”.
La funcionaria reconoce que “sin duda falta muchísimo por hacer, porque desafortunadamente el contexto cultural de nuestro país no ayuda mucho y la violencia de género está muy normalizada”.
Aunque dijo, por ello es que la institución “aspira a cambiar la forma en la que mujeres y hombres nos relacionamos mujeres y hombres, para que los agresores, que en el 96.5% de los casos son varones, entiendan que ciertas conductas son violencia de género, que son discriminatorias contra las mujeres y que impiden su desarrollo en la vida universitaria”.
