El segundo muro de Trump es el burocrático y así afecta a los migrantes

LOS ÁNGELES, EE. UU.– El martes 18 de septiembre, Sandra Guzmán se vistió y maquilló cuidadosamente; salió de su casa en San Bernardino, una hora al este de Los Ángeles, y acompañada por su esposo se dirigió al centro de esta ciudad. Ahí, junto con otras 5,000 personas procedentes de 120 países, Sandra, de 44 años y originaria de Zacatecas, levantó la mano derecha, dijo el juramento a la bandera, y se convirtió en ciudadana de Estados Unidos.

Durante la semana del 17 de septiembre, el Día de la Constitución estadounidense, cerca de 45,000 personas en todo el país –el mayor porcentaje de México, China y Filipinas, en ese orden– participaron en más de 260 ceremonias de naturalización; justo a tiempo para registrarse en el padrón electoral y poder votar por primera vez en la elección intermedia de noviembre. Pero esa misma semana, un grupo de organizaciones activistas proinmigrantes presentó una demanda formal en contra de la Oficina de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), a nombre de los más de 750,000 posibles nuevos ciudadanos que no podrán hacerlo debido a un retraso en su trámite de naturalización.

“Los inmigrantes que se naturalizan como ciudadanos son miembros valiosos de nuestras comunidades y han realizado contribuciones significativas a nuestra ciudad y a nuestro país”, explica Emanuel en su carta a las autoridades. “El retraso impide a miles de personas tener certeza de su futuro y conseguir el sueño americano”.

Unos días después, USCIS, a través de su portavoz, Michael Bars, calificó de “falsas e inexactas” las afirmaciones, y aseguró que son “un intento desesperado y engañoso de los defensores de las fronteras abiertas para anotarse puntos políticos, que ahora se hacen de la vista gorda ante los retrasos que se desarrollaron bajo el gobierno de [Barack] Obama”.

La acción, explica NPNA, obedece a que el gobierno no respondió a una solicitud de información presentada el 6 de agosto por su equipo legal, bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), sobre el número exacto de casos de ciudadanía pendientes, a la que califican de “un segundo muro” por parte de la administración Trump.

Y en tanto uno y otro lado manejan cifras, hay personas que después de llenar la solicitud de 21 páginas, pagar los 730 dólares que cuesta el trámite, y presentar huellas digitales y antecedentes penales, tienen que esperar hasta 20 meses. Sandra Guzmán, para llegar al momento de llamarse ciudadana, tuvo que esperar 18 meses.

ATORÓN BUROCRÁTICO

Entre los argumentos que justifican el retraso está la afirmación de que el trabajo pendiente no equivale a una acumulación, debido a que algunas de las solicitudes presentadas lo han sido en días y semanas recientes, y están dentro de los tiempos de procesamiento establecidos. El portavoz de USCIS también citó el aumento en el número de solicitudes, que se reflejó en un aumento de los casos pendientes, a finales del gobierno de Barack Obama. Las organizaciones activistas atribuyen este incremento al triunfo electoral de Donald Trump.

En los últimos dos años, el cuello de botella en las solicitudes de ciudadanía se ha incrementado en más de 87 por ciento; tan solo en el último cuarto del actual año fiscal, los casos retrasados aumentaron en casi 24,000 –para alcanzar la cifra actual, alrededor de los 750,000–. En 2017, por segundo año consecutivo, la agencia dejó más solicitudes pendientes que las que procesó. Sin embargo, existe también una disminución de los casos procesados en comparación con el año previo. Y en el cuatrimestre fiscal más reciente, la demanda bajó en un 25 por ciento.

“A este ritmo, tomará a USCIS 25 años volver al número de solicitudes pendientes que dejó la administración de Obama, de 380,639 en 2015, y eso asumiendo que no hubiera nuevas solicitudes”, señala la carta firmada por los alcaldes –que estratégicamente no hacen mención al incremento en los últimos meses de la administración de Obama.

Viridiana Hernández tiene 35 años, es originaria de Puebla y llegó a Estados Unidos en 1999. Su esposo, Jaime, se hizo ciudadano hace diez años, pero Viridiana había esperado. Hace un año inició el proceso, y aunque le parece que es importante debido a que tiene hijos estadounidenses, reconoce que también lo hizo por seguridad.

“Me da temor que un día nos echen del país”, afirma, sosteniendo en las manos su recién adquirido certificado de nacionalidad y una banderita de Estados Unidos. “Y lo hago también por la familia, para ayudar a ‘arreglar’ a mi mamá y mis hermanas”.

Este es el temor que comparte una buena parte la comunidad inmigrante, tanto aquella que cuenta con el documento de residencia permanente, conocido como green card, como quienes carecen de todo tipo de documento. Peter Schey, abogado a cargo de la solicitud de información por parte de NPNA, explicó que las organizaciones desean ver los datos y un desglose de ellos para identificar si hay discriminación étnica, racial o religiosa, o arbitrariedad por parte de USCIS para retrasar la resolución de solicitudes con el propósito de suprimir la participación de posibles nuevos votantes —históricamente, tanto los inmigrantes en general como los hispanos en particular se han inclinado electoralmente por el Partido Demócrata, opuesto al Partido Republicano que llevó a Trump a la presidencia.

“Las políticas de la administración de Trump de crear obstáculos innecesarios para que inmigrantes que han sido residentes por un largo tiempo se conviertan en ciudadanos de Estados Unidos es irracional, ilegal e inconcebible”, afirma Schay, quien es también presidente del Centro por los Derechos Humanos y la Ley Constitucional (CHRCL).

“Los documentos internos que estamos pidiendo revisar bajo el FOIA nos revelarán que esto es un programa ilegal encubierto y nos permitirán determinar cuál es la mejor estrategia legal para terminar con el programa de supresión de voto por parte de esta administración”.

El escepticismo de Schay tiene fundamento debido a que, según los propios datos de USCIS, los retrasos en el procesamiento de solicitudes por parte de la agencia federal se registran sin uniformidad geográfica alguna, “lo cual va en contra del derecho constitucional de todas las personas a ser tratadas de igual manera”, afirma el abogado.

De los estados con casos pendientes hasta finales de marzo de este año, California es el que tiene el mayor número, con casi 140,000. En el desglose por ciudades, la que tiene el mayor número de retrasos es Nueva York, con más de 81,000. En Texas, Houston y Dallas presentaron alrededor de 40,000 cada una; Chicago y San Francisco, más de 27,000 cada una, y Miami y Los Ángeles, alrededor de 17,000 casos pendientes cada una. Todas estas ciudades tuvieron mayoría de votos por el Partido Demócrata en la elección presidencial de 2016 —por esta razón, cuando el alcalde Emanuel de Chicago envió la carta a USCIS, se sumaron con su firma más de 50 alcaldes y autoridades de condado.

“Bajo la administración de Trump, el camino a la ciudadanía se ha convertido en un proceso engorroso, con retrasos que solo pueden ser explicados por la agenda antiinmigrante, de nativismo blanco, del presidente Trump”, asegura Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las dos organizaciones que lideran la iniciativa de NPNA.

Para calmar un poco los ánimos, en su última declaración sobre el tema el director de USCIS aseguró que el año fiscal 2018 terminará con 829,000 solicitudes de naturalización procesadas, el mayor número desde 2013.

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