Se buscan víctimas del racismo de Joe Arpaio
En el desértico suroeste de Estados Unidos, Maricopa es uno de los 15 condados que comprende el estado de Arizona. Debe su nombre a los nativos indios maricopa, que se hacen llamar pipatsje (“personas”).
En ese terruño, con la mayor densidad de población en Arizona, la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés) es la ley, y la policía local honra el lema de “Integrity, Accountability and Community”, solo que no lo aplica de igual forma para todos los habitantes de ese estado.
Hoy esta oficina enfrenta una condena federal que le obliga a indemnizar a las personas que, entre 2011 y 2013 fueron ilegalmente detenidas, encarceladas e incluso algunas robadas, golpeadas y abusadas por orden del polémico Joe Arpaio, inquisidor de mexicanos y latinos.
Abogados de México y Estados Unidos en la actualidad están tratando de localizar a sus víctimas para compensarlas.
Aunque el otrora agente de policía estadounidense dejó su cargo de sheriff a finales de diciembre de 2016, al perder la reelección que buscaba por séptima ocasión, derrotado por el demócrata Paul Penzone, exsargento del Departamento de Policía de Phoenix, los estragos de su mano de sheriff aún cimbran la MCSO que ahora deberá pagar por los platos rotos de Arpaio.
Republicano, fundamentalista, veterano de guerra, amante de las armas, admirador y correligionario de Donald Trump, a quien define como “un héroe”, y con una marcada animadversión por hispanos y latinos, Joseph Michael Arpaio, hijo de migrantes italianos nació en Springfield, Massachusetts, en junio de 1932, y a sus 60 años, tras una larga carrera de policía y agente de la DEA (la Administración para el Control de Drogas), en Turquía y México, en 1992 fue designado sheriff de Maricopa.
El “sheriff más implacable de Estados Unidos”, se hacía llamar. Y presumía su récord de haber detenido en Las Vegas al mismísimo Elvis Presley cuando este conducía una motocicleta a exceso de velocidad.
Lo indiscutible es que, desde su llegada a Maricopa, asumió una posición bélica antiinmigrante, que se hizo mucho más abierta en la primera década del siglo. Justo cuando la polémica ley SB1070 de Arizona endureció la política migratoria en ese estado, que para entonces ya se había convertido en uno de los principales puntos de ingreso de oleadas de migrantes que desafiaban el inclemente desierto.
En Estados Unidos la migración es un asunto del orden federal que compete al ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y los oficiales y policías locales no tienen atribuciones para arrestar a personas por su estatus migratorio. Pero aun cuando su función de policía de condado no le daba facultades, Arpaio prácticamente ordenaba redadas cazamigrantes en las cuales las personas eran detenidas simplemente por su apariencia.
Para la comunidad latina no importaba si se tenía o no un estatus legal, poner un pie en la calle era aterrador, trasladarse al trabajo, la escuela, o simplemente moverse de un punto a otro. Los policías de Arpaio se aparecían súbitamente en restaurantes, hoteles, tiendas, en cualquier punto donde suponían que se empleaba migrantes para cargar con ellos. En autopistas y caminos instalaban retenes para detener a quienes manejaban “como mexicanos o latinos”.
ARRESTOS POR SER LATINOS
Centenares si no es que miles de personas fueron arrestadas bajo ese criterio. A algunas se les encarcelaba directamente y a otras se les retenía para transferirlas al ICE.
“Esa oficina tenía una política de detener a personas solamente por cómo se veían, por su cara o rasgos. Así que había mucho miedo en la comunidad porque las personas podrían ser arrestadas simplemente por salir a la calle o por manejar como latinos”, explica a Newsweek en Español Benjamin Botts, un experimentado abogado en temas migratorios, doctorado en la Berkeley School of Law, quien en esos años litigó numerosos asuntos y casos de asilo, también en la Oficina del Procurador General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
En sus redadas, los policías de Maricopa agarraban parejo, recuerda Botts. Solo que en 2007 algunas víctimas se defendieron: no eran “sin papeles”, sino residentes con visas legales.
Manuel de Jesús Ortega Melendres y otros demandaron a Joseph M. Arpaio y su oficina por violación a sus derechos civiles, ya que los detuvo solo por su apariencia “latina”, aun cuando su estatus migratorio era legal.
Luego de años de litigio, que el propio sistema de justicia identificó como un juicio “contra el racismo”, una corte federal les dio la razón y determinó que incluso más allá del estatus migratorio de una persona, las detenciones de Arpaio basadas en la apariencia física eran anticonstitucionales, violaban derechos civiles, aunado a su usurpación de funciones.
En un Interdicto, en 2011 la Corte le ordenó cesar ese patrón inconstitucional de detener personas solo por su apariencia; pero el sheriff que alardeaba de ser el más duro entre los alguaciles, no quería dar su brazo a torcer y, desafiante, continuó con las detenciones, violando sistemáticamente los derechos de mexicanos y latinos.
Arpaio y la MCSO estaban en desacato criminal, y esta vez fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que demandó al polémico alguacil.
Aún con los ojos del Departamento de Justicia y la Corte sobre él, en el oeste Arpaio siguió imponiendo su propia ley, hasta que en diciembre de 2016 debió dejar el cargo que ocupó durante 24 años, derrotado en las urnas por Penzone.
Para julio de 2017 la Corte condenaba a Arpaio a seis meses de prisión por desacato criminal pero, en agosto, el presidente Donald Trump lo indultó.
No obstante el polémico indulto presidencial, en su resolución la Corte ordenó a la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa indemnizar a todas aquellas víctimas, a quienes detuvo entre el 23 de diciembre de 2011 y el 24 de mayo de 2013.
La Corte ordenó crear un Fondo de Compensación, el cual ya está disponible. Ahora, abogados de Estados Unidos y México han emprendido una odisea para ubicar a esas víctimas y económicamente resarcirles los daños.
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