5 ventajas de regular las drogas y cómo beneficiaría a México, según expertos internacionales

En un mundo en el que 250 millones de personas consumen alguna droga, la regulación es una estrategia de las naciones para administrar el riesgo que representa la ilegalidad. De acuerdo con Comisión Global de Política de Drogas, este tipo de estrategias reducen los daños que pueden causar tanto en los consumidores como los productores, y es una potencial herramienta para debilitar al crimen organizado.

El estudio “Regulación: El control responsable de las drogas”, recomienda que las naciones reconozcan los peligros que la ilegalidad de las drogas representan en las personas y aceptar que poner en marcha una estrategia de regulación “no implica admitir una derrota ni condonar el uso de drogas”.

Estos son 5 puntos a favor de la regulación, según los especialistas:

• Escrutinio de producto, venta y acceso

Así, los productores pueden recibir concesiones, ser monitoreados y entrenados, mientras que se puede establecer un orden para la comercialización, promoción, ubicación, presentación y las horas de venta.

“El acceso y la disponibilidad pueden regularse, obviamente en términos de control de la edad, pero también incluyendo opciones como licencias de compradores o esquemas de membresías para clubes, y modelos de prescripción médica”, detalla el texto.

El informe señala que las drogas con potencias desconocidas se venden y consumen en un ambiente criminal sin ningún control de calidad. Además, algunas veces se anuncian como cosas que no son y están desprovistas de información básica.

Por ello, detalla el texto, el poner a los gobiernos y las agencias regulatorias de vuelta en control de este mercado puede reducir significativamente los riesgos para los consumidores.

La prohibición ha puesto a las organizaciones criminales en control del comercio ilegal de drogas, y el retomar el control de este mercado para desempoderar al crimen organizado sigue siendo una motivación central para la regulación, según los especialistas.

Esto significa restringir una de las más amplias y accesibles oportunidades criminales, que se traduce no solo a los criminales existentes, sino significativamente a las generaciones criminales futuras.

“Terminar con la prohibición brinda la posibilidad de desviar a millones de potenciales productores de drogas, jóvenes traficantes y comerciantes de un estilo de vida criminal peligroso y destructivo”.

• El mercado ilegal alimenta la corrupción y la violencia

La producción y el tráfico ilegal de drogas, añade el informe, están despiadadamente motivados por las ganancias, pero una parte fundamental es la falta de restricciones, la rendición de cuentas y las instituciones que guían a las economías legales.

“Las organizaciones delictivas flexibles y oportunistas se sienten naturalmente atraídas por las comunidades empobrecidas, los estados frágiles o los países sensibles a la corrupción. Aquí las amenazas a su negocio por parte del estado se pueden mantener más fácilmente al límite, se minimizan los costos de producción o tránsito y se maximizan los beneficios”, añade.

• Menos violencia y abusos contra derechos humanos

Para los especialistas, la intensificación de la aplicación de políticas prohibicionistas solo sirve para desplazar la actividad ilegal, aumentar la criminalización y el encarcelamiento y, “en particular cuando está militarizado, aumentar los niveles de violencia relacionada con las drogas y abusos contra los derechos humanos”.

Actualmente, dice el informe, las personas involucradas a pequeña escala en actividades no violentas relacionadas con la producción, el tránsito y la venta de sustancias psicoactivas “sufren sentencias extremadamente desproporcionadas” y  pueden correr el riesgo de la pena capital o penas de prisión más largas que las que se otorgan por crímenes violentos.

“El disfrute de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cohesión social exigen sentencias proporcionales, alternativas al encarcelamiento o amnistía, especialmente cuando se establecen medidas políticas y económicas para permitir que estos delincuentes se unan al mercado laboral legal”, añade.

México siguió una “política equivocada”

Durante la presentación del informe, el expresidente mexicano Ernesto Zedillo admitió que durante su gobierno, de 1994 a 2000, siguió una “política equivocada” al optar por la prohibición de las drogas en lugar de la regulación.

Zedillo dijo que las políticas prohibicionistas basadas en la represión y la criminalización dejaron un “resultado devastador” en muchos países.

“Estas políticas han fracasado rotundamente y prácticamente en todos los lugares en los que se han aplicado”, dijo y añadió que se incrementaron los problemas de salud pública y violaciones de derechos humanos”.

De acuerdo al estudio, la prohibición de las drogas en México ha tenido efectos devastadores en México: “Como política, ha fracasado para proteger la salud pública o individual y en cambio ha socavado las instituciones del Estado”.

Uno de los principales problemas es que las personas que usan drogas son tratados como delincuentes. Aunque el uso de sustancias prohibidas no es un delito, la posesión sí lo es.

“Esto significa que, en la práctica, las personas que las consumen son criminalizadas”, detalla el análisis.

La Ley de Salud de México señala que la posesión de hasta 5 gramos de marihuana, 0.5 gramos de cocaína, 50 miligramos de heroína, 40 miligramos de metanfetaminas o 2 gramos de opio, es un delito que debe ser llevado al ministerio público, esto es  “la excusa para llevar a los usuarios al sistema penal”, dice el informe.

¿A quiénes ha afectado la prohibición?

En México, la política de la prohibición afecta más a ciertos grupos: mujeres, hombres jóvenes de las zonas suburbanas pobres y los campesinos, son los que más han sufrido la criminalización. Esto, dice el estudio, “tiene efectos devastadores en sus familias y comunidades, pero hace poca diferencia en el mercado ilegal”.

En el caso de los campesinos, el análisis detalla que las comunidades agrícolas dedicadas al cultivo de la amapola y la marihuana generalmente se encuentran en regiones rurales muy pobres del país, por lo que los cultivos ilícitos son una forma de obtener ingresos.

“La erradicación de estos cultivos se realiza con el uso de pesticidas peligrosos que contaminan las fuentes de agua, los animales y, a veces incluso los cultivos legales, causando daño a las fuentes de alimentos de esas comunidades”, explica.

Qué debe incluir una política de drogas para México

La reforma de la política de drogas debe buscar resolver los problemas que ha provocado la prohibición: violencia, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, desplazamientos forzados y criminalización de las personas que usan drogas. Además de prevenir y atender los daños a la salud resultado del uso problemático de las drogas.

“Los derechos humanos y la salud pública deben ser los dos pilares esenciales del nuevo paradigma. La prohibición debe ser descartada y reemplazada por la regulación”, recomienda el informe.

Debe cubrir seis puntos:

Derecho a la salud: El Estado tiene la obligación de proporcionar tratamiento seguro y voluntario para los casos de uso problemático, así como un marco regulatorio que permita a las personas que usan drogas tengan un acceso a las mismas informado y seguro.

“Los daños a la salud que resultan de la violencia que conlleva la prohibición superan con creces los causados por el uso de drogas ilícitas, especialmente cuando se adoptan medidas más estrictas para hacer cumplir la prohibición”, detalla el informe.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad: La protección de la decisión individual de usar drogas debe ser un principio básico que guíe la política de drogas. Se debe sustituir la prohibición por la regulación. Además de proporcionar condiciones para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre el uso de drogas, así como mecanismos para tener acceso seguro a ellas.

Políticas adaptadas por y para las comunidades locales: La regulación de las drogas debe adaptarse a las necesidades específicas de cada comunidad, además de que la comunidad participe en la definición de esas necesidades e intervenciones.

Acceso efectivo a la información, medicinas y tratamiento: El Estado debe ofrecer estos servicios que deben ser de uso voluntario, gratuitos, laicos y de acceso universal.

Diversificación y revisión de las leyes y políticas públicas: Sustituir la prohibición, criminalización, penalización y uso de la fuerza por la regulación, debe comprender una supervisión independiente y estricta, así como la evaluación periódica de los resultados de las nuevas intervenciones.

Regulación y derecho internacional: Pese a que México ha firmado las convenciones prohibicionistas de la ONU, la regulación de las drogas es una obligación constitucional en México. La política de drogas de México debe basarse, ante todo, en los derechos humanos.

El informe concluye que la educación y la prevención deben ser el centro de la política de drogas, además de proporcionar información sobre los riesgos de su consumo.

“La opinión pública necesita considerar el uso de drogas como un problema de salud pública, no penal. El gobierno debe promover una campaña de desestigmatización para que las personas que usan drogas no sean criminalizadas o rechazadas”, recomiendan los expertos en el informe.