9 de cada 10 periodistas se han sentido alguna vez amenazados o en riesgo: estudio
En México, 8 de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien. Mientras que el 77% ha sido objeto de acoso; el 65% sufrió amenazas, el 34% padeció violencia física, y el 29% fue privado de su libertad. De hecho, el 90% de los periodistas creen que se encuentra en mayor riesgo que el resto de la población mexicana solo por ejercer su trabajo.
Esta es una radiografía del estado en el que se encuentra la profesión periodística en México, uno de los países más violentos del orbe para ejercer la labor de informar, y que hace tan solo cuatro días, el pasado 21 de septiembre, añadió otro periodista más a la lista negra de comunicadores asesinados en la que ya suman siete en 2018, 45 en el actual sexenio de Peña Nieto, y 118 desde el año 2000.
Estos datos fueron documentados por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), que realizó una encuesta a 220 periodistas y defensores de derechos humanos en 20 entidades, la cual fue incluida en el informe Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la libertad de expresión en México.
Otro resultado a destacar de la encuesta es que casi 7 de cada 10 periodistas consultados opina que los medios de comunicación a nivel local no pueden expresarse o informar libremente sin temer agresiones en su contra; por lo que en ocasiones recurren a la censura de contenidos.
Los temas más censurados, según dijo el 73% de los periodistas, son aquellos relacionados con gobierno, actores políticos, o funcionarios públicos.
Este dato está directamente relacionado a otro punto que subraya la encuesta: que los principales agresores de periodistas, por encima incluso de grupos del crimen organizado y la delincuencia, son funcionarios públicos.
El 40% de los comunicadores encuestados dijo que, en 2017, sufrió al menos una agresión de funcionarios, principalmente policías estatales o municipales. Les siguen, con el 37%, el crimen organizado; y el 16%, la policía federal o el Ejército.
En cuanto a los lugares donde se agreden a periodistas, el estudio de Casede señala que el 30% de los reporteros que dijeron haber sufrido alguna agresión fue en la calle, o cuando transitaban por una carretera; el 30%, a través de medios electrónicos o telefónicos; el 17% en el lugar de trabajo; y el 3% en su domicilio.
El botón de pánico no siempre sirve
El informe de Casede también incluye un análisis de qué tan efectivas están siendo dos herramientas creadas para, en teoría, proteger a periodistas y defensores de derechos humanos: el Mecanismo de Protección, creado en junio de 2012, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que fue creada en julio de 2010.
Sobre el Mecanismo, el informe apunta que, desde 2012 a mayo de este año, suman 685 personas que buscaron la protección del estado, en la mayoría de los casos, el 54%, porque sufrieron amenazas; fueron víctimas de agresiones físicas (25%), o resultaron privadas de su libertad (21%).
Ante esas agresiones, entre 2012 y 2018, el Mecanismo de Protección, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), otorgó 4 mil 523 medidas de protección. De éstas, una de cada cuatro fue botones de pánico. Mientras que otra medida recurrente fueron los patrullajes de policía.
Sin embargo, el informe subraya que las medidas no siempre evitan las agresiones. De hecho, en los últimos cuatro años, 156 personas que estaban inscritas a este Mecanismo sufrieron ataques a pesar de tener la vigilancia y protección del Estado.
En algunos casos, como el del periodista veracruzano Cándido Ríos, adscrito al Mecanismo desde 2013, de nada sirvió el botón de pánico ni las cámaras de seguridad instaladas para protegerlo: varios impactos de bala acabaron el pasado mes de julio con la vida del corresponsal del Diario de Acayucan.
Y lo mismo sucedió con Rubén Pat, director del semanario adscrito al Mecanismo y acribillado a balazos en Playa del Carmen, Quintana Roo.
Sara Mendiola, directora de CIC-Propuesta Cívica, organización civil que participó en la presentación del informe, señaló además que los botones de pánico no siempre funcionan.
“Los botones de pánico muchas veces no funcionan, o a veces quien debe responder el llamado de emergencia no contesta, o simplemente las patrullas de policía nunca llegan al lugar”, expuso.
Lo anterior no es la primera vez que se denuncia. Por ejemplo, en julio del año 2015, medio centenar de organizaciones civiles nacionales e internacionales realizaron un diagnóstico sobre cómo funcionaba el botón de pánico, en el que evidenciaron casos en los que éstos no tenían señal, o en los teléfonos de emergencia nadie contestaba, patrullajes que nunca se hacían, o cámaras de video que tardaban meses en ser instaladas.
Presupuesto del Mecanismo cae 84%
Por otra parte, a pesar de que 2017 fue el año que batió todos los récords de ataques contra la prensa en México, y de que fue el año con más periodistas y defensores de derechos humanos que pidieron la ayuda del estado, el Mecanismo de Protección federal contó únicamente con 15 millones de pesos de presupuesto para atender a casi 700 personas adscritas al Mecanismo.
La cifra anterior supuso una reducción del presupuesto del 84%, en comparación con 2016, cuando el Mecanismo contó con 89 millones de pesos. Y un recorte de hasta 105 millones de pesos en comparación con 2013, cuando el Mecanismo dispuso de un presupuesto de 120 millones de pesos.
Para este 2018, el gobierno federal tuvo que aprobar de emergencia el pasado 20 de septiembre una partida de 75 millones de pesos ante el riesgo de que las cientos de personas adscritas al Mecanismo se quedaran, terminando el mes de septiembre, sin presupuesto y a la deriva.
“No es posible que el Mecanismo de Protección opere con incertidumbre económica”, lamentó Julieta Brambila, académica e investigadora de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que también participó en la presentación del informe.
Muchas averiguaciones en la Feadle, pocas llegan ante la justicia
En cuanto a la actuación de la FEADLE, el informe del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia recalca que solo entre 2010 y 2016 la fiscalía especial inició 806 averiguaciones previas por delitos contra periodistas y defensores de derechos, como amenazas, homicidio, o privación de la libertad.
Sin embargo, a pesar del elevado número de averiguaciones, “el número de casos rezagados permanece alto, mientras que el de consignaciones (ante la justicia), muy bajo”.
“En 2017, del total de averiguaciones previas en trámite (140), 127 permanecen en rezago (…). Y en 2018, de las 102 que están en trámite, 97 se encuentran rezagadas”, apunta el informe.
Además, desde la implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio en 2016, la FEADLE ha logrado judicializar muy pocos casos ante los tribunales. En 2016, solo consiguió hacerlo en una ocasión, mientras que en 2017 lo hizo en cuatro, de acuerdo con una solicitud de transparencia hecha por el Casede.
Los avances
Además de los pendientes, la investigación también incluyó cuáles son los avances más significativos en la operación del Mecanismo y de la Feadle.
En cuanto al Mecanismo, el informe recalca que ahora existe una “mayor coordinación con autoridades estatales”. “En 2017, la Unidad de recepción de casos y reacción rápida ayudó a instaurar las llamadas Unidades estatales de protección”, apunta el estudio, que también subraya que a esas unidades de recepción “se asignó mayor personal y se creó un área especializada en el seguimiento a la implementación de las medidas de protección”.
En lo que a la Feadle respecta, la investigación destaca como un paso positivo la creación de la Unidad de Análisis de Contexto; un área que busca determinar el contexto social, político y criminal en el que ocurrieron los hechos relacionados con delitos cometidos en contra de la libertad de expresión.
“Tanto el Mecanismo como la FEADLE han realizado esfuerzos para elevar su eficacia y efectividad. Sin embargo, es necesario mayor compromiso político desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para desarrollar una estrategia de fortalecimiento de ambas instancias de prevención, protección y procuración de justicia. Esta será una tarea ineludible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, concluye la investigación, que puedes leer o descargar íntegra aquí.
