Sin pensión a expresidentes ni viajes en primera clase: 10 puntos de la Ley de Austeridad de Morena
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó al pleno su iniciativa de Ley de Austeridad Republicana, que implicaría reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos.
El morenista Manuel Rodríguez González dijo que la austeridad será uno de los principios rectores de la administración y eje estratégico del gasto público.
El legislador precisó que el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afecta, suprime, disminuye ni restringe programas sociales ni derechos tutelados en la Constitución.
“Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo”, dijo.
Estos son 10 puntos de la iniciativa:
-Habrá una reducción de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
-Los funcionarios públicos deberán recibir atención médica en los sistemas públicos de seguridad social.
-Se prohíbe la pensiones de retiro de expresidentes.
-No estará permitida la contratación, a cargo de recursos públicos, de seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación.
-Prohíbe establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro.
–No incrementará el aparato burocrático, por lo que no se crearán nuevas plazas y los empleos que se conserven deberán estar plenamente justificados y aportar valor a la economía.
-La iniciativa restringe el uso de escoltas a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función desempeñada.
-Limita el uso de vehículos del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población.
-Restringe el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión.
-Se limita el número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
Éstos aplicarán para todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes de la Unión y demás entes públicos federales.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.
