En Palmarito, el Ejército sembró pruebas a cadáveres de inocentes y también a presuntos huachicoleros

A un año y cuatro meses del enfrentamiento entre huachicoleros y fuerzas de seguridad en el poblado de Palmarito, que dejó seis civiles y cuatro militares muertos, además de decenas de personas lesionadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el Ejército Mexicano y la policía estatal de Puebla incurrieron en violaciones graves a las garantías individuales durante este operativo, entre las que destacan la ejecución extrajudicial de dos personas, la siembra de pruebas en los cadáveres de dos inocentes para justificar sus asesinatos, la aprehensión de personas contra las que se formularon falsas acusaciones, y el atropellamiento de dos civiles, uno de ellos menor de edad.

De hecho, las irregularidades cometidas por ambas fuerzas de seguridad durante y después del enfrentamiento llegaron a grado tal que la CNDH halló pruebas de que se sembraron evidencias no sólo en inocentes, sino también en los cuerpos de presuntos huachicoleros que fueron abatidos.

En ese lugar cayó muerto el primer civil. Según los peritajes realizados, a esta persona le dispararon por la espalda.

Según la reconstrucción de hechos realizada, luego de este enfrentamiento, la patrulla militar emprendió la retirada, dividida en dos grupos, ambos perseguidos por civiles armados.

Tras refugiarse en instalaciones de Pemex ubicadas en Palmarito, los militares solicitaron refuerzos al 17 Batallón de Policía Militar, por lo que un centenar de soldados más fueron enviados a la zona, mientras en el poblado comenzó a congregarse un numeroso grupo de civiles, presuntamente huachicoleros, unos con armas largas y chalecos antibalas y otros sólo con piedras y palos, para enfrentar a las fuerzas de seguridad.

Los refuerzos se dividieron en seis grupos, y comenzaron a recorrer las calles del poblado.

Una de esas patrullas militares fue atacada alrededor de las 20:50 horas, aunque por personas que no portaban armas de fuego, sólo piedras y palos, por lo que los militares reportaron replegarse hacia un punto seguro. No obstante, durante ese desplazamiento, los militares dispararon a un menor de edad en la cabeza, quien falleció cuando recibía atención hospitalaria.

Según la investigación realizada por la CNDH, este contingente de militares siguió desplazándose por el poblado de Palmarito, hasta que interceptaron una camioneta negra, a cuyos tripulantes pusieron bajo custodia.

Sin embargo, un segundo después, ante una distracción de los militares, esa persona de chaleco antibalas extrajo de sus ropas una pistola que llevaba escondida entre la ropa y abrió fuego contra los militares, asesinado a uno de ellos. El atacante fue abatido instantes después.

Aún cuando la muerte de esta persona no fue considerada una ejecución extrajudicial, sino por el contrario, una respuesta proporcional al ataque, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó que al cadáver de este agresor le fue colocada un arma larga, que no portaba consigo, luego de ser abatido.

En este mismo episodio los militares dieron muerte a un segundo tripulante de la camioneta, quien recibió un disparo en el rostro.

Según el Ejército, abrió fuego contra la camioneta, dando muerte al tripulante que permanecía en su interior, debido a que desde dentro del vehículo  disparó contra los militares, sin embargo, pruebas periciales demostraron que, aún cuando la víctima asesinada sí tenía a su alcance armas de fuego, no las accionó.

Momentos después, por el lugar pasó un menor de edad a bordo de una camioneta pick up, no relacionado con los hechos, a pesar de lo cual los militares abrieron fuego contra el vehículo y arrestaron al menor que lo conducía.

Luego, ese menor fue presentado como presunto huachicolero ante el Ministerio Público.

Para sostener la acusación contra este menor, los militares falsearon la información relacionada con su arresto, asegurando que el menor fue detenido en un punto distinto del poblado, durante enfrentamientos con soldados.

Las imágenes de cámaras de seguridad, no obstante, demostraron que el Ejército mintió.

Un minuto después, por esa avenida transitó una camioneta con cinco civiles. Nuevamente, los soldados apostados ahí abrieron fuego contra el vehículo, y obligaron a sus tripulantes a descender.

Según las imágenes de la cámara de seguridad colocada en ese punto, dos militares arrastraron a uno de los detenidos por algunos metros, lo colocaron boca abajo en el asfalto, y luego uno de los soldados le disparó en la cabeza. Luego, al cadáver de este civil le fue sembrada un arma larga.

Durante la noche del 3 de mayo de 2017, los soldados que acudieron a Palmarito reportaron otros seis enfrentamientos con huachicoleros armados, en los que murió un militar más, otros 10 resultaron lesionados con arma de fuego.

En esos enfrentamientos, tres civiles resultaron también heridos por disparo, incluido un menor de edad, y se capturó a 13 personas, de las cuales ocho presentaron diversas lesiones a raíz de su arresto, incluidos cuatro menores de edad.

Otros dos civiles, además, resultaron con lesiones luego de que la motoneta en la que transitaban fue embestida por un vehículo militar.

En todos los casos de personas que perdieron la vida, la CNDH concluyó que las escenas de los hechos fueron alteradas, y los cadáveres movidos de su posición final, lo que trajo como consecuencia el entorpecimiento de las investigaciones no sólo de derechos humanos, sino de las penales también.

Esta irregularidad, cabe destacar, no ocurrió sólo en los casos de los civiles que fueron abatidos por el Ejército, sino también en los casos de los cuatro cadáveres de militares que fueron asesinados por huachicoleros durante los mismos enfrentamientos.

Luego de detectar todas estas anomalías en el proceder del Ejército y la policía estatal, la CNDH concluyó que “se acreditan violaciones graves a derechos humanos, cometidas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (del gobierno federal) y de la Secretaría de Seguridad Pública (del estado de Puebla), en virtud de la multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del contexto general de los hechos”.

Las violaciones graves cometidas por estos organismos de gobierno fueron en contra del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó que para analizar los hechos, solicitó a la Procuraduría General de la República copia de las carpetas de investigacción relacionadas, “a lo que dicha autoridad se negó”, lo que se traduce, concluyó, en “obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.

Cabe destacar que, por disposición de ley, ahora que estos hechos fueron calificados por la CNDH como “violación grave a los derechos humanos”, la PGR está obligada a proporcionar copia de todas las indagatorias, en versión pública.