El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para pedir a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre el estado de las 16 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con La Estafa Maestra, en un plazo de no más de 15 días.
“Ante la demora e ineficacia en la atención de las denuncias relativas al caso, se requiere un informe sobre las denuncias presentada entre octubre de 2015 y septiembre de 2018 contra la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y diversas universidades públicas e institutos estatales de comunicación”, argumentó el partido.
El punto de acuerdo, presentado por la senadora Margarita Valdés, también solicita a la dependencia que detalle si la auditoría ha presentado cinco denuncias penales adicionales.
Tan solo entre octubre de 2015 y septiembre de 2018, la Auditoría Superior, a partir de la revisión de las cuentas públicas 2013, 2014 y 2015, ha presentado 16 denuncias de hechos relacionadas con presuntas operaciones irregulares entre la Sedesol y universidades públicas e institutos estatales de radio y televisión, por un monto de 2,800 millones de pesos.
Algunas de las denuncias fueron presentadas desde el año 2015, pero hasta este momento no hay señales de que la PGR haya llevado a cabo las indagatorias correspondientes, argumenta Morena.
“Esta peculiar práctica dilatoria no hace más que esparcir sospechas de complicidad y obstrucción de la justicia, lo que es grave y presumiblemente constituye un franco salvoconducto de impunidad”, dice el punto de acuerdo presentado por el senador Ricardo Monreal.
De acuerdo con los legisladores de Morena, la ASF está por iniciar nuevos procedimientos sobre operaciones irregulares, donde participa la Sedesol y la Sedatu por presuntos desvíos que ascienden a aproximadamente 4, 300 millones de pesos, por lo que el Senado solicitará a la PGR que informe, a través de su Junta de Coordinación Política, si la ASF ya presentó las 5 denuncias penales de forma adicional a las 16 anteriores.
Rosario Robles fue la titular de la Sedesol entre diciembre de 2012 y agosto de 2015, periodo en el que, según denunció la ASF, se produjeron presuntos desvíos millonarios de recursos públicos que fueron triangulados, a través de universidades públicas y de una violación a la ley de adquisiciones, en empresas fantasma o irregulares.
Posteriormente, Robles pasó a encabezar la Sedatu, dependencia en la que la ASF reportó que hubo desvíos por más de mil 500 millones de pesos utilizando el mismo esquema, aunque con una novedad: en este caso se utilizó a una universidad como intermediaria en el presunto fraude (la Universidad Politécnica de Quintana Roo), y también a tres medios de comunicación estatales: la Televisora de Hermosillo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, y Radio y Televisión de Hidalgo.