Gobiernos y ciudadanos tienen mucho que aprender de los desastres naturales.
Pero el sismo que azotó México el 19 de septiembre de 2017 -provocando la muerte de 369 personas en el centro del país- evidenció lecciones no aprendidas, o que se olvidaron en poco tiempo.
Desde que ocurrió el terremoto, son frecuentes las denuncias sobre edificios mal construidos, y que se desplomaron o sufrieron daños irreparables.
Hay investigaciones de desvío de recursos destinados a atender a damnificados hacia las campañas políticas.
Y desde hace un año existen decenas de personas que duermen en campamentos improvisados, porque se incumplió la promesa de reconstruir sus casas.
Desde el terremoto de 1985 que devastó a una parte de Ciudad de México, muchos pensaron que ésta clase de problemas no se repetirían.
Pero ocurrieron de nuevo.
“Nos empeñamos en olvidar nuestras tragedias”, le dice a BBC Mundo Carlos Flores, autor del libro "Aquí volverá a temblar" y excoordinador de la Comisión para la reconstrucción de Ciudad de México.
“Cada que viene un evento natural en la ciudad lo volvemos a enfrentar desde cero, particularmente con los sismos”, lamenta.
En el terremoto de 1985, de magnitud 8,1, murieron más de 12.000 personas y se registraron daños a cientos de casas y edificios.
Muchas de las víctimas fueron rescatadas por brigadas de ciudadanos que se organizaron voluntariamente para remover los escombros.
En esos primeros días las autoridades permanecieron virtualmente ausentes.
De los grupos civiles nacieron organizaciones y movimientos políticos que, años después, se convirtieron en parte del gobierno de izquierda en la capital mexicana.
Algunos incluso forman parte del equipo que acompaña al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Pero no fue todo. Después de la tragedia variasinvestigaciones revelaron que, en muchos casos, los inmuebles afectados se construyeron de forma irregular, sin cumplir con las leyes o con materiales defectuosos.
Las revelaciones provocaron modificaciones en los reglamentos de construcción no sólo en Ciudad de México, sino en el resto del país.
Como resultado del sismo de 1985, sin embargo, también se creó un sistema nacional de protección civil para prevenir daños por desastres naturales, no sólo por sismos sino también huracanes que cada año impactan a México.
Otro elemento fue un sistema especial para alertar, mediante transmisiones de radio, los sismos en las costas del sur en el Océano Pacífico, especialmente la colindancia con el estado de Guerrero.
Es allí donde con frecuencia se mueven las placas tectónicas y provocan movimientos de tierra que afectan a la región central del país.
Y además del sistema de alerta sísmica se establecieron programas de educación en escuelas y centros de trabajo para aprender las acciones en caso de sismos.
Los simulacros de evacuación, las brigadas en cada oficina de protección civil y la información sobre los sitios para concentrarse en algún siniestro forman parte de la vida cotidiana de los capitalinos.
Durante 32 años estas medidas funcionaron sin problemas, especialmente en la capital del país.
Pero al mediodía del 19 de septiembre de 2017 la situación cambió. Un sismo de magnitud 7,1 sacudió a la ciudad y provocó el derrumbe de varios edificios y casas.
Y, como sucedió hace tres décadas, las investigaciones posteriores revelaronuna serie de irregularidadesque explican los daños a inmuebles y la muerte de decenas de personas.
La serie de reportajes “¿Por qué se cayó mi edificio? la corrupción y negligencia que acabaron con vidas y patrimonio”, es un ejemplo.
Durante 11 meses, la organización civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) investigó la historia de construcción de 28 edificios que resultaron dañados o se derrumbaron.
En la mayoría de los casos se utilizaron materiales de baja calidad para las edificaciones, y en otros se realizaron modificaciones que afectaron la estructura de los inmuebles.
La organización documentó indicios de corrupción de funcionarios locales, quienes autorizaron las irregularidades.
“Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios donde se hicieron modificaciones en los cálculos de ingeniería para aumentar los márgenes de ganancias de las constructoras”, señala la investigación.
“En inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros o comprometieron su patrimonio en cascarones”.
Casi en todos los casos hubo responsabilidad de funcionarios en las irregularidades, dice a BBC Mundo la periodista Thelma Gómez, una de las coordinadoras del proyecto.
“Un común denominados es que siempre hubo vecinos que alertaron a las autoridades, que presentaban denuncias sobre construcciones ilegales o sin permiso”, explica,
“Siempre hubo vecinos que alertaron y siempre hubo autoridades que no escucharon”.
Pero las deficiencias en la construcción de inmuebles dañados o que se derrumbaron no son la única lección que parece no aprendida en México.
Hace unos meses, por ejemplo, la organización civil Nosotros documentó el desvío de recursos para atender a damnificados en Ciudad de México.
De los 14.000 millones de pesos asignados (US$738 millones) cerca de la mitad se usaron para comprartabletas electrónicas, juguetes y regalos por el Día de las Madres.
El dinero usado irregularmente fue de 5.300 millones de pesos, unos US$279 millones.
El partido Morena, ganador de las elecciones presidenciales, denunció ante la fiscalía de la capital el presunto uso de recursos para la reconstrucción en campañas políticas del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, el congreso de la capital, tres diputados fueron acusados pretender el control del uso del presupuesto para damnificados.
Según organizaciones civiles, la intención era usar los recursos en la campaña electoral.
Por el escándalo renunciaron los titulares y algunos consejeros de la Comisión para la reconstrucción.
Es una de las lecciones que no se aprendieron, reconoce Carlos Flores.
Otra es que a pesar de las dimensiones de la tragedia en 1985 y el año pasado, no se ha logrado establecer un censo de la condición en que se encuentran edificios e instalaciones de emergencia.
Así, un año después del terremoto de 2017 queda claro que a pesar de las duras experiencias hay temas donde hace falta camino por recorrer.
“No hemos aprendido los mecanismos y protocolos de protección de seguridad para enfrentar una emergencia como ésas”, señala Flores.
“No sólo hablamos de lo que pasó hace un año en Ciudad de México. Prácticamente lo único que sabemos es evacuar inmuebles”, concluye.
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