La Fiscalía General de Justicia de Veracruz investiga la posible participación de elementos o exelementos de la policía estatal en la inhumación ilegal de por lo menos 170 personas, cuyos restos fueron descubiertos el día de ayer en más de 30 fosas clandestinas en el centro de dicha entidad. Los hechos habrían ocurrido en la gestión del exgobernador Javier Duarte.
Se trata de una de las líneas de investigación que tienen los fiscales especializados en búsqueda de personas desaparecidas de la entidad, y en la que tampoco se descarta el involucramiento de un grupo del crimen organizado.
De acuerdo con autoridades relacionadas con la investigación hay al menos dos elementos que dieron paso a la apertura de esta hipótesis. Una es que este nuevo hallazgo surge como resultado del seguimiento de varias pistas derivadas de los casos de desaparición forzada que se atribuyen a la policía estatal bajo el mando de Arturo Bermúdez, en el sexenio de Duarte.
Y el segundo elemento es que, como se anunció ayer, los primeros resultados tras 30 días de trabajo en la zona arrojan que los restos tendrían por lo menos dos años de antigüedad, con lo que se presume que las inhumaciones habrían ocurrido todavía en la administración del exgobernador priista.
Las autoridades consultadas indicaron que para confirmar o descartar esta hipótesis serán determinantes los resultados de las pruebas genéticas que se llevan a cabo con el apoyo de Policía Federal, y que tienen como objetivo obtener perfiles de ADN de los restos para compararlos con los de víctimas de desaparición forzada.
Cabe señalar que el hallazgo anunciado el día de ayer contempla un grupo de 32 fosas clandestinas localizadas en un terreno de aproximadamente 300 metros cuadrados en el centro del estado.
Se trata, según la Fiscalía, de una zona de muy difícil acceso, con barrancas contiguas y peligrosa por la operación de grupos criminales. La ubicación precisa de esta zona no se ha revelado oficialmente bajo el argumento de que es necesario proteger la integridad física de los servidores públicos que han trabajado en el lugar, así como preservar adecuadamente el lugar de los hechos.
La cifra de 166 personas inhumadas en esta área es preliminar pues corresponde a los cráneos encontrados en la zona, sin embargo, se calculan cientos de restos hallados que también serán estudiados para conocer a cuantas personas corresponden realmente.
De acuerdo con las investigaciones que a lo largo del año ha hecho públicas la Fiscalía de Veracruz, en el sexenio de Javier Duarte la policía estatal bajo su jurisdicción tenía como una de sus políticas de actuación la privación ilegal de la libertad de personas que en muchos casos no volvían a ser vistas.
El pasado 8 de febrero dicha fiscalía anunció los resultados del operativo “Tiro de Gracia” a través del cual se ejecutaron 19 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada en contra de elementos y exelementos de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos el del propio Arturo Bermúdez.
Se les responsabilizó de estar implicados en la desaparición de por lo menos 15 víctimas que habrían sido llevadas a la Barranca de la Aurora, cerca de la academia de policía en Xalapa, donde fueron inhumados clandestinamente.
En los meses posteriores a este anuncio se anunciaron nuevas detenciones y órdenes de aprehensión de mandos policiacos. El pasado 17 de junio se informó de la captura de Luis Ángel Bravo, exfiscal de justicia de Veracruz en el sexenio de Duarte, a quien se responsabiliza de haber encubierto el hallazgo de vario cuerpos vinculados con las desapariciones perpetradas por la policía estatal.
Y el pasado 6 de junio se reveló que un juez había girado una orden de desaparición forzada por desaparición forzada en contra del exgobernador Javier Duarte, quien actualmente está preso por diversos casos de corrupción. La Fiscalía lo responsabiliza de haber conocido de las situaciones antes descritas y no haberlo impedido.
Todos los casos anteriores están actualmente bajo proceso penal ante los jueces correspondientes, con excepción del de Javier Duarte que no se puede iniciar debido a que se necesita la autorización de Guatemala – país desde el que fue extraditado – para fincarle cargos distintos a los imputados inicialmente para su entrega.
De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz se investigan al menos 200 casos de personas desaparecidas en donde podría haber estado involucrada la policía estatal en el sexenio de Javier Duarte.
El anuncio hecho ayer por la fiscalía de Veracruz, sobre el hallazgo de una nueva fosa con los restos de al menos 166 personas, generó indignación en el Colectivo Solecito; un grupo de mujeres que lleva desde 2016 buscando a sus seres queridos en el predio Colinas de Santa Fe, la mayor fosa clandestina de la que se tenga registro en México hasta el momento.
Lucy Díaz, representante del colectivo y madre de un joven de 29 años desaparecido en 2013 en el Puerto de Veracruz, criticó que la fiscalía a cargo de Jorge Winckler no dejara que el colectivo formara parte de la búsqueda en la nueva fosa, tal y como consideran que es su derecho como familiares.
“La Fiscalía actúa de mala fe con el colectivo, porque tenía que habernos dejado ingresar en la fosa. Nosotras somos la parte interesada en estas búsquedas. Lo dice el sentido común, y también la Ley de Desaparición Forzada, que establece que las familias podemos participar en las búsquedas de nuestros desaparecidos”, señaló Díaz en entrevista con Animal Político, quien calificó el anuncio de la fiscalía como “un golpe bajo a las familias para ganar reflectores”.
La activista también aseguró que duda del trabajo de la Fiscalía en el nuevo predio, donde Winckler anunció que solo 30 días después de hallar el lugar, ya habían exhumado los 166 cuerpos y extraído 200 prendas de vestir.
“Si esos cuerpos llevaban dos años enterrados, como dicen, y los exhumaron de una forma tan atropellada, no pueden estar haciendo un buen trabajo. Por poner un ejemplo: en Colinas de Santa Fe, cuando una fosa tenía seis cuerpos, solo seis cuerpos, se tardaba una semana en exhumarlos porque había que hacerlo con mucho cuidado para no dañarlos”.
“Por eso –añadió-, nos preocupa profundamente el trabajo que están haciendo. Tenemos muchos elementos para desconfiar de su trabajo”.
Lucy Díaz también criticó que el fiscal Winckler presentara el hallazgo de la nueva fosa como un “logro”.
“No tiene sentido que salgan a presumir un hallazgo así. Son vidas humanas que se truncaron, y encontrar esa fosa no es algo por lo que te vayan a dar una medalla. Es algo que tienen que hacer porque es su obligación. No entendemos cómo pueden ser tan insensibles”, concluyó.
El hallazgo de 166 personas inhumadas ilegalmente anunciado el día de ayer es el último capítulo de una serie de descubrimientos relacionados con fosas clandestinas en el estado.
Los casos más recientes datan de marzo del 2017 cuando se reportó el descubrimiento de 125 fosas clandestinas en un terreno en la zona de Colinas de Santa Fe, en las cuales según el último dato oficial, se localizaron 249 cuerpos y más de 14 mil restos óseos.
Un año antes, en febrero de 2016 y como resultado de la investigación de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca – que desaparecieron tras haber sido detenidos por policías estatales – las autoridades confirmaron el hallazgo de otra fosa clandestina en la localidad de Rancho El Limón, Veracruz, en donde fueron encontrados tres mil fragmentos humanos pertenecientes a un número indeterminado de personas.