Donald Trump quiere convertir a México en el verdadero muro que le ayude a contener inmigrantes provenientes de Centroamérica. Y Washington está dispuesto a pagar por ello.
Así es que planea transferir US$20 millones al gobierno de México como un "apoyo a las operaciones de repatriación" de indocumentados, según le indicó un portavoz del Departamento de Estado a BBC Mundo.
La cancillería estadounidense notificó esta semana su intención al Congreso señalando que su intención es ayudar a México con la deportación vía aérea o terrestre de miles de migrantes, según explica el texto de la notificación al Congreso remitido a BBC Mundo por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
"Se pueden deportar hasta 17.000 migrantes", dice el documento.
Y el gobierno mexicano informó el jueves que está "evaluando dicha propuesta".
"México no ha aceptado de manera verbal o escrita dicha propuesta, ni ha firmado documento alguno a este respecto", señala un comunicado de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación enviado a BBC Mundo.
La intención estadounidense es incluir la repatriación del 100% de "terroristas conocidos o sospechosos", además de "incrementar la repatriación de migrantes dentro del hemisferio por parte del gobierno de México en un 10%".
"Este financiamiento brindará apoyo a las operaciones de deportación del gobierno de México para devolver a los migrantes sin estatus en México a su país de origen, de acuerdo con la legislación mexicana e internacional, a través de vuelos comerciales, vuelos chárter y/o autobuses", añade.
En la última década, la colaboración entre ambos gobiernos ha incrementado el número de detenciones de migrantes, principalmente centroamericanos, que buscan llegar a EE.UU. a través de México.
Según los defensores de derechos humanos, México se ha convertido en un "muro virtual" para los migrantes que se dirigen a EE.UU.
"El muro no es de ladrillo y hormigón sino de gente, de cuerpos de seguridad del Estado mexicano", le dijo a BBC Mundo en mayo pasado el activista Salvador La Cruz.
Sin embargo, la portavoz del DHS Katie Waldman defiende que este nuevo plan de ayuda financiera se suma a esfuerzos "multifacéticos" del gobierno de EE.UU. "para abordar la crisis" en la frontera sur de su país.
"Estamos trabajando estrechamente con nuestros homólogos mexicanos para enfrentar el aumento del número de detenciones fronterizas directamente y para asegurarnos de que las personas con peticiones legítimas tengan acceso a las protecciones apropiadas", dijo Waldman en un comunicado remitido a BBC Mundo.
Este plan se conoce horas después de que se supiera que EE.UU. haya registrado un aumento de 38% en las detenciones en migrantes en agosto.
Estados Unidos ya había enviado US$24 millones en ayuda para el equipamiento y entrenamiento de los agentes migratorios mexicanos, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso.
Sin embargo, la última notificación del Departamento de Estado de EE.UU. al Congreso también delinea algunos puntos en los que México tomaría un rol más activo en la contención de migrantes.
De acuerdo con las cifras del DHS, en el año fiscal 2017 -de octubre de 2016 a septiembre de 2017- fueron detenidos 94.285 extranjeros en la frontera suroeste de EE.UU.
De ellos, el 99% permanece en ese país a la espera de una resolución judicial.
El ingreso y permanencia ilegal de un extranjero en EE.UU. es tratado por el gobierno de Trump como un delito que amerita un juicio el cual puede alargarse de semanas a meses si hay una solicitud de asilo o refugio.
De ahí que EE.UU. busque una solución que mantenga a los migrantes fuera de sus fronteras y también fuera de su sistema de asilo.
En México, el proceso de deportación de centroamericanos toma, en promedio, una semana, explicó en julio el Instituto Nacional de Migración a BBC Mundo.
"Esta inyección única de asistencia ayudará al gobierno mexicano a abordar, y potencialmente disuadir, los flujos migratorios irregulares", dice la notificación al Congreso.
El gobierno de Trump confía en que esto "ayudará a evitar que los inmigrantes ilegales ingresen a Estados Unidos a través de la frontera suroeste".
Sin embargo, luego de que el diario The New York Times informara de este nuevo plan migratorio, algunos congresistas expresaron su oposición, pues los fondos provienen de una bolsa de US$3.000 millones para ayuda humanitaria al exterior.
"El Congreso pretendía que este dinero levantara comunidades que lidiaban con el crimen, la corrupción y muchos otros desafíos, no para expandir la cruzada de deportación de este gobierno", dijo a ese diario Eliot L. Engel, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
"Quiero respuestas sobre por qué el Departamento de Estado piensa que puede ignorar al Congreso y destinar más dinero a los esfuerzos de deportación. Hasta entonces, haré lo que pueda para detener esto", añadió.
Y el rechazo a este nuevo plan también viene de las organizaciones de defensa de migrantes.
"El gobierno debe trabajar con el Congreso para asegurarse de que se invierta una cantidad adecuada de ayuda extranjera en Centroamérica y que tengamos un sistema de inmigración que funcione y trate a las personas de manera justa", dijo Ali Noorani, del Foro Nacional de Inmigración.
"No deberíamos estar pagando a otro país por hacer nuestro trabajo sucio", añadió.
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