Sin justicia ni reconstrucción: así viven los damnificados de Zapata 56, el edificio nuevo que colapsó

Sin plan de reconstrucción, sin detenidos por la muerte de dos mujeres, y sin alguien que responda por las demandas de fraude contra la constructora, así han vivido el último año las familias del edificio ubicado en Zapata 56, en la colonia Portales, que a solo nueve meses de ocuparlo quedó inservible con el sismo del 19 de septiembre de 2017.

A 12 meses de que perdieran su hogar, 18 familias siguen esperando que los responsables de la construcción y supervisión del edificio, incluyendo personal de la delegación Benito Juárez sean procesados.

Ahí, fallecieron Karla Kaori Santos Sánchez, de 30 años de edad, y Matilde Téllez Cárdenas, de 63, quienes trabajaban haciendo limpieza en uno de los departamentos. Sus cuerpos se encontraron dos días después del sismo. Hasta la fecha nadie está en la cárcel por sus muertes.

Por el caso de Zapata 56, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJCDMX) recibió denuncias en contra de funcionarios públicos, del Director Responsable de Obra (DRO), de la constructora Canada Building Systems, de sus representantes legales, administradores, vendedores, y contra quien resultara responsable de homicidio y fraude.

Macario “N”, representante legal de Canada Building Systems también fue detenido y poco después liberado, un juez determinó que solo será vinculado a proceso por el delito de responsabilidad de directores responsables de obra o corresponsables, y no por homicidio doloso.

La Procuraduría General de Justicia capitalina ya había aprehendido al DRO, Juan “N”, quien inclusive fue vinculado a proceso y encarcelado, pero posteriormente magistrados dieron un revés a la determinación del juez y ordenaron su liberación por falta de pruebas.

Uno de los dueños de la inmobiliaria vivía en el último piso, en el penthouse.

“Con una carta poder, porque ellos no dan la cara, los de la empresa mandan a sus representantes a nuestras reuniones vecinales, tienen voz y voto, se hacen pasar por damnificados, acceden a los apoyos. Es increíble que los responsables ahora son víctimas”, lamenta.

“Yo más que el pago o una indemnización quiero ver en la cárcel a los responsables. Cómo puede ser tanta corrupción y que ahora tengamos que estar en juntas con los que nos construyeron mal”, señala Oliva, quien invirtió el fondo de ahorro de su hijo para pagar el enganche del departamento que sería patrimonio del joven.

Animal Político intentó contactar por diferentes vías a los representantes de la constructora Canada Building System de México. Se les enviaron correos y se realizaron llamadas telefónicas, pero los correos fueron rebotados, y en el número oficial de la compañía nadie responde. Además, su página de internet ya no se encuentra en línea.

Justicia que no llega: la corrupción las mató

Martín Hernández Téllez, quien perdió a su esposa Karla y a su mamá Matilde el día del sismo, dice que es indignante que no haya justicia y ningún detenido.

En entrevista con Animal Político cuenta que ha sido difícil continuar y hacerse cargo de sus hijos. Hace un año trabajaba en un Oxxo y a pesar de que lo apoyaron con permisos para acudir a las audiencias, tuvo que renunciar. Se enfermó, cayó en depresión, e incluso pensó que era mejor morir, pero sus dos hijos fueron motivo para que continuara.

“Ha sido muy desgastante y doloroso ir a declarar, el papeleo para las denuncias, saber que no tienes dinero para pagar un buen abogado, pero no me he dado por vencido, quiero justicia. Mi mamá y mi esposa estaban trabajando y un acto de corrupción las mató, cómo es posible que un edificio nuevo se cayera. Nada me va a regresar a mi madre o a mi esposa, pero queremos que esas personas paguen por lo que hicieron”, señala Martín.

Las fallas en Residencial San José –que tenía 9 columnas, 6 más delgadas de lo que pide el reglamento– no sólo estaban en cimientos, soldaduras, columnas y acero. También en el concreto que se utilizó, ninguna de las muestras analizadas alcanzó la resistencia mínima que marca la norma.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, la empresa Control de Calidad y Geotecnia, a petición de Canada Building Systems de México, realizó una inspección de la estructura metálica en la zona de escaleras, así como en vigas, columnas, contraventeos y trabes. El informe de resultados documenta que se revisaron 50 puntos y 27 de ellos, poco más de la mitad, se evaluaron como “no aceptables”.

Actualmente Martín vive con su hermano, tuvo que dejar la casa en la que vivía pues ya no tenía con quien compartir los gastos y no le alcanzaba para pagar la renta. Desde hace varios meses no tiene un trabajo fijo, se dedica a la remodelación (pintura, aplanado, tablaroca y cuestiones relacionadas con la instalación de energía eléctrica). Este tipo de trabajo le deja un poco más de tiempo para atender la casa y a sus hijos: una niña de 11 años y uno de 13.

Tras los hechos, el único apoyo económico del gobierno es el que recibe del DIF: 800 pesos mensuales por cada niño para que sigan estudiando.

Sus hijos, cuenta, siguen tristes, pues no es fácil sobreponerse a la muerte de su abuela y de su mamá, es un hecho que nunca olvidarán, pero Martín hace lo posible para que salgan, jueguen y sigan disfrutando la vida.

Martín de 34 años, quien tenía 14 años junto a Karla, pide a la nueva administración capitalina que encabezará Claudia Sheinbaum, apoyo para que ambas muertes no queden impunes. También pide que se concrete la ayuda que le prometió Miguel Ángel Mancera de darle una vivienda. “No quiero que me regalen nada, yo hago mis pagos, solo quiero apoyo en el trámite para un crédito con el INVI y poder rehacer mi vida con mis hijos”, dice.

Ya habían detectado fallas

Fernando González, técnico en urgencias médicas en la Cruz Roja Mexicana, también habitaba en Zapata 56. El día del sismo no estaba en su departamento, comía con uno de sus hermanos y al sentir el movimiento tan fuerte lo primero que hizo fue dirigirse a Tlatelolco donde vivía su hija. En las noticias ya se hablaba de edificios derrumbados.

Del departamento de su hija, quien también labora en la Cruz Roja, se trasladaron a Polanco en donde les dieron una ambulancia para apoyar en las labores de rescate, las calles que le asignaron para trabajar fueron Escocia y Gabriel Mancera.

En un tiempo de descanso aprovechó para revisar sus redes sociales, ahí vio que uno de sus vecinos publicó una foto de su edifico. La mitad estaba derrumbado. Cuando llegaron había un par de vecinos y un joven desesperado porque su mamá y su esposa trabajaban ahí y no aparecían: era Martín.

Fernando adquirió ese departamento con un crédito el 23 de marzo de 2017. El inmueble le costó 2 millones 500 mil pesos. Lo habitó el 25 de mayo, pero casi cuatro meses después se quedó sin casa.

Él y Oliva recuerdan que el 31 de agosto del año pasado cayó una lluvia muy fuerte en Ciudad de México y en las paredes del estacionamiento del edificio se filtraba mucha agua, “salían de las paredes chorros, como si fuera una fuente”.

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Los vecinos alertaron al Director Responsable de Obra (DRO), Juan Duay Huerta, quien acudió a revisar lo que pasaba. La explicación fue que la filtración de agua se debía a que la capacidad de la cisterna estaba rebasada, pero descartó algún daño estructural. 19 días después la mitad del edificio se cayó.

Fernando además de demandar por fraude, levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) en la que reclama las pertenencias que estaban en su departamento, pues el lado donde él vivía no se derrumbó, pero no pudo sacar nada.

“La delegación llegó y desvistió todos los departamentos, cocinas, puertas, ventanas, todo estaba nuevo. Hasta los elevadores, paneles solares que pudimos haber vendido para la reconstrucción se los llevó. Cuando preguntamos en dónde estaba todo solo respondieron que no sabían”, acusa.   

Su departamento lo sacó con un crédito hipotecario, así que su vivienda aún seguía asegurada por ley. Se canceló la deuda y aunque no recuperó todo lo invertido ahora solo es propietario de “60 metros cuadrados al aire”.

“Como el seguro ya me pagó ¿ya no hay delito qué perseguir? Claro que no, no tengo casa y pedimos que se haga justicia”, sostuvo en entrevista.

“Creo que no va a pasar nada”

Para Alejandra Castillo, el departamento en Residencial San José era todo lo que tenía y ahí estaban invertidos ahorros de 10 años.

“Este último año hemos pasado por tanto y yo ya espero lo peor, creo que no va a pasar nada, no hay ningún detenido. Es posible que pasemos a ser una de las tantas historias como las que hubo tras el sismo de 1985 en las que nunca sucedió nada y siguen recordadas por eso”, dice.

Asegura que hay mucha incertidumbre sobre la construcción pese a que ya cumplieron con los trámites del Certificado de Derechos de Reconstrucción para afectados (CEDRA), y del Certificado Único de Zonificación Uso de Suelo en su Modalidad Reconstrucción de Vivienda (CURVI). Cómo, cuándo y quién les construirá sigue sin estar definido.

Alejandra comenta que han visto a algunas inmobiliarias que podrían reconstruir, pero se necesita dinero y no todos los vecinos están en la mejor situación. Aunque tienen un fondo de 50 mil pesos por departamento, con eso no se puede hacer mucho. “Hay vecinos que son de la tercera edad, otros ya habían liquidado su departamento y no contaban con seguro, así que perdieron todo, cómo les decimos que aporten”, señala.

Alejandra paga una renta de 7 mil pesos, desde agosto de este año el gobierno la apoya con 4 mil pesos, tiene que poner otros 3 mil pesos más y ha tenido que empezar de cero para volver a comprar muebles, ropa y todo lo que se necesita en casa.

“Nosotros lo único que recuperamos fue un libro, nuestros muebles son de segunda mano y nos hemos vuelto cazadores de ofertas de ropa y electrodomésticos, solo así hemos podido levantarnos poco a poco”, cuenta.

Benito Juárez fue de las delegaciones con más daños por el temblor (aproximadamente 709 inmuebles) y dos edificios nuevos se cayeron: Zapata 56 y Bretaña 90.