Víctimas de violencia feminicida acusan al gobierno de la CDMX de revictimizarlas
“Para ellos yo soy la víctima número 12. Todo el tiempo me recuerdan lo de víctima, víctima, y que soy un número”, acusa Victoria López, participante en la Mesa Interinstitucional de Casos de Violencia Feminicida en la Ciudad de México. Lo mismo denuncia Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela Salas, asesinada el pasado 2 de septiembre. “Somos un número para las autoridades y así nos tratan, con esa falta de atención”, dice.
Esta Mesa se instaló a petición del grupo multidisciplinario que trabaja en la atención de la solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México. Las reuniones con las víctimas y sus familiares fueron una de las medidas urgentes que se plantearon antes de determinar si el mecanismo se emite o no.
Pero el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, no ha participado en los encuentros, ni tampoco el Procurador de Justicia, Edmundo Garrido Osorio, pese a que se los habían solicitado. En conferencia de prensa, los familiares y víctimas contaron que en la dinámica de las reuniones impera la revictimización y la falta de seriedad por parte de las autoridades.
“Como nos pusieron un número, por número de caso vamos diciendo qué trabas tiene cada uno y cuáles son las instancias responsables. Les tenemos que decir qué necesitamos de tal o cual área de la Procuraduría para poder acceder a la justicia”, explica Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, asesinada en mayo de 2017.
“A todo nos dicen que sí –señala Victoria López, víctima de violación– pero no actúan. En realidad ni nos escuchan. Estamos hablando y no nos hacen caso. Se salen y regresan. Hay muy poca seriedad en las reuniones. Lo primero que dicen al llegar es: ‘ay, ¿vamos a tratar hoy todos los casos?’”
Victoria señala que se hacen acuerdos y compromisos en la Mesa, pero luego las autoridades no los cumplen. “Se habían comprometido a darnos apoyo médico cada mes, por ejemplo, y a mí solo me dieron medicamentos para 10 días”.
Por estas razones es que las víctimas decidieron denunciar ante la opinión pública a las autoridades participantes, entre quienes se encuentran Rigoberto Ávila Ordoñez, subsecretario de Gobierno; María Elena Lugo Castillo, directora ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia; Jorge Antonio Mirón Reyes, subprocurador jurídico de Planeación, Coordinación Institucional y Derechos Humanos, y María de los Ángeles López Peña, subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, los dos últimos de la Procuraduría General de Justicia.
Trabas desde el inicio
De acuerdo con sus testimonios, a las víctimas primero se les dijo que a las reuniones podrían acompañarlas sus asesores; luego les dijeron que siempre no y el 3 de mayo les notificaron a los propios asesores que se abstuvieran de estar presentes.
El 5 de mayo de 2018, violentando lo ordenado por el Grupo de Trabajo, “se instaló la primera sin nuestra presencia ni la de las personas defensoras de derechos humanos que nos acompañan”, denuncian. Fue hasta el 28 de junio cuando se iniciaron las reuniones en los términos indicados. Desde la segunda sesión, de cinco que deben llevarse a cabo, las víctimas dijeron sentirse “intimidadas, reprimidas y poco atendidas”.
Hasta ahora las autoridades no han mostrado ningún empeño ni intención para avanzar en las diligencias y llegar a la verdad de los hechos, denuncian. Al contrario, desde el inicio de la Mesa, los trabajos de investigación van más lento.
Araceli Osorio contó que el ministerio público de investigación Raymundo Álvarez, quien había conocido el caso de su hija desde el principio, fue despedido de la Procuraduría esta semana justo cuando se debía redactar la respuesta a un nuevo amparo iniciado por cuatro defensores de derechos que acompañan al presunto asesino. “Qué busca la procuraduría con esto, en este momento, ¿es el inicio de una cadena de castigos ejemplares a las personas que somos parte de la Mesa?”.
A esto se suman las agresiones e intimidación, en las propias reuniones, a las defensoras que han estado acompañando los casos. “De cualquier cosa que nos suceda a nosotros, o a quienes nos dan su asesoría y acompañamiento, responsabilizamos a las autoridades, y también de lo que suceda con las carpetas de investigación, porque estamos viendo un retroceso en los casos. Parece que quieren que perdamos los juicios”, señaló Osorio.
Las víctimas pidieron al jefe de Gobierno asumir de manera urgente la presidencia y coordinación de la Mesa de Casos de Violencia Feminicida, para garantizar el respeto a las víctimas, sus familiares y defensores, y establecer una metodología clara, tanto para el seguimiento y evaluación del cumplimiento de acuerdos en las reuniones, como para el avance de las investigaciones.
También solicitaron a la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y su equipo de transición en materia de procuración de justicia una reunión urgente; a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México que participe como observador en la Mesa, y a la Procuraduría, que cumpla con su obligación de investigar los casos de violencia feminicida con la debida diligencia y perspectiva de género.
