La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre un caso en que policías federales violaron los derechos de ocho personas, incluyendo cinco menores, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En un comunicado, la CNDH relató que elementos de la Policía Federal irrumpieron en un domicilio “sin presentar una orden de cateo expedida por autoridad competente”, para detener a tres personas adultas, de forma ilegal.
En el hogar, en el momento de las detenciones, había cinco menores de edad, entre ellos una bebé de seis meses, y niños de 8, 12 y 13 años, además de otra joven.
“Los agentes aprehensores trasladaron a las ocho víctimas a sus instalaciones, sin que prevaleciera la protección y cuidado de los cinco menores de edad, entre ellos, una bebé de seis meses”, apuntó la Comisión.
La madre de dos de las mujeres agraviadas presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, quien por razones de competencia, remitió el caso a la CNDH.
Con su averiguación, la Comisión Nacional encontró que las tres detenciones de adultos fueron ilegales, y que además uno de ellos fue torturado.
Las tres personas “fueron puestas a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación permaneciendo injustificadamente retenidos 13 horas con 20 minutos en custodia de los agentes aprehensores, sin que existieran razones fácticas comprobables para presentarlos sin dilación alguna ante dicha autoridad.
Además, una de las víctimas fue objeto de actos de tortura por parte de los elementos de la Policía Federal, motivo por el cual fuera referido a un hospital, donde se determinó que presentó sangrado en la cavidad pulmonar (hemotórax)”.
Con los hechos mencionados, la CNDH acreditó “violaciones a los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio en agravio de ocho personas; al interés superior de la niñez de cinco menores de edad; a la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal por la detención arbitraria y retención de tres personas adultas, lo que propició dilación en la puesta a disposición, además de que una persona adulta fue objeto de tortura, lesionando con ello sus derechos humanos a la integridad personal y dignidad”.
Por ello fue dirigida la Recomendación 27/2018 al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
“La Comisión Nacional recomendó al titular de la CNS inscribir a los ocho agraviados en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas, para que se proceda a la reparación del daño, incluida atención psicológica y una compensación”, detalló la CNDH.
A la PGR se le solicitó que “colabore en la carpeta de investigación que se inicie con motivo de la denuncia de hechos y en la queja que la CNDH formule ante la PGR y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, contra los servidores públicos involucrados”.
Una última recomendación fue la de “proporcionar a los elementos de la Policía Federal equipos de videograbación y audio que permitan evidenciar que las acciones llevadas a cabo durante los operativos de su competencia se apegan a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.