Padres acusan que PGR y CNDH no han investigado muerte de bebés en IMSS de Sinaloa
El 30 de mayo de 2015, Mariana Medina acudió a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Navolato, Sinaloa, porque presentaba un dolor en el abdomen y, ante los riesgos de que eso pudiera traducirse en complicaciones de su embarazo, quiso cerciorarse de que todo se encontraba bien.
Al revisarla, el personal del IMSS en Navolato le dijo que su bebé, de siete meses, nacería ese día, pero que, ante la falta de incubadoras para atenderlo en esa clínica, la trasladarían al Hospital General No. 1 en Culiacán, Sinaloa, donde le practicaron una cesárea. Fue la última vez que Mariana supo que su bebé se encontraba con vida.
El bebé de Mariana es uno de los 23 que murieron entre 2015 y 2016 en el Hospital General No. 1 del IMSS en Culiacán.
Los padres de estos menores, su abogada y la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) acusan que la causa por la que se produjeron los fallecimientos fue la presencia en la unidad médica de la bacteria Klebsiella. Sin embargo, el IMSS ha negado esta versión.
El Instituto, hasta el día de hoy, únicamente reconoció que dos bebés habían muerto a causa de una bacteria. En el resto de los casos, los médicos han dicho a los padres que la causa de los fallecimientos tiene que ver con la falta de cuidado por parte de las madres.
“En el expediente médico intentan culparme a mí. Dicen que yo tenía una infección en vías urinarias, pero ellos nunca me realizaron estudios de orina o de sangre, ¿cómo pudieron determinar eso?”, cuestionó Mariana.
En conferencia de prensa, los padres de familia denunciaron que, a más de tres años de los fallecimientos de los bebés, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), continúan sin dar respuesta a sus demandas de justicia. Ninguna persona ha sido castigada por la muerte de los 23 infantes.
Peritajes con recursos propios
Teresa Guerra, abogada de los padres de familia, explicó que, desde noviembre de 2015 interpusieron una denuncia ante la PGR, a nombre de las 19 parejas de papás que perdieron a sus hijos.
La abogada dijo en entrevista para Animal Político que, ante la falta de peritos en la PGR para realizar las investigaciones por la muerte de los bebés, los padres de familia tuvieron que pagar con recursos propios por peritajes particulares.
Cuestionada acerca de la cantidad que gastaron en los peritajes de los 12 bebés que fueron exhumados, previa autorización de sus padres, la abogada reveló que, en total, gastaron más de un millón y medio de pesos, es decir, unos 150 mil pesos por familia.
“Fue un caso singular, porque no se había dado antes el que los papás aceptaran que se realizaran las exhumaciones y dieran de su dinero para que estas se hicieran”, señaló.
De acuerdo con Guerra, las periciales realizadas por los peritos particulares, así como las que posteriormente realizó la PGR “concluyeron que efectivamente habían insuficiencias, carencias y la bacteria, pero de todas formas dijeron que no tenían la certeza de que eso hubiera sido la causa de muerte de los niños.
Guerra destacó que los padres y madres de familia han vivido tres años de estrés y angustia: hay tres de ellas que no han podido volver a embarazarse, y, en el caso particular de una de las mujeres víctimas, había estado sometida a tratamientos para embarazarse por 10 años, hasta que finalmente lo logró. Sin embargo, su hijo falleció y, hasta la fecha, continúa sin conocer la causa.
Por su parte, Regina Tamés, directora de GIRE, explicó que desde noviembre de 2015, la organización acompaña a nueve familias que decidieron interponer una queja ante la CNDH; sin embargo, a tres años de haberla presentado, continúan sin conocer el estado de la investigación.
De acuerdo con Tamés, “en el expediente de CNDH hay información que envió al organismo el IMSS, pero nunca se tomaron la molestia de hablar con las familias ni de saber qué documentos tienen ellos”.
La directora de GIRE aseguró que lo único que estas familias piden es tener acceso a la verdad y a la justicia, pues hasta el día de hoy “continúan sin saber realmente lo que pasó y si hicieron o no las cosas bien durante su embarazo, porque los médicos las culpan de la muerte de sus propios hijos”.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.
