Dan McGahn asegura que fue un intento de asesinato.
Y la víctima fue su negocio, American Superconductor (AMSC). El perpetrador, una compañía china llamada Sinovel Windpower.
Las dos firmas eran socios comerciales; pero Sinovel sobornó a un experto para robar la tecnología clave de la turbina eólica de AMSC.
Como resultado, AMSC, con sede en Massachusetts, vio colapsar sus ventas, su valor de mercado cayó en US$1.000 millones y tuvo que despedir a cientos de empleados.
"Se intentó el homicidio corporativo", repite McGahn.
Este acto de espionaje industrial fue descubierto en 2011 y, tras una pelea legal de siete años, un juez estadounidense multó a Sinovel el mes pasado con US$1,5 millones, el máximo actualmente posible.
Si bien Sinovel también continúa pagando a AMSC un acuerdo de US$57,5 millones, la firma estadounidense está recuperando solo una fracción de las pérdidas que sufrió.
El caso de AMSC es quizás lo que el presidente Trump tiene en mente cuando habla contra el espionaje industrial chino.
A comienzos del mes pasado, el gobierno de Estados Unidos introdujo aranceles sobre exportaciones chinas por valor de US$34.000 millones, que consideró resultado de las "prácticas comerciales desleales" de China, que incluían el robo de propiedad intelectual estadounidense.
Unos días más tarde, la Casa Blanca advirtió que los aranceles podrían extenderse a US$$200.000 millones en productos chinos.
Luego, hace tres semanas, Trump amenazó con aplicar aranceles sobre todos los US$500.000 millones que abarcan las exportaciones chinas anuales a Estados Unidos.
¿Pero contribuirá esto a que las empresas chinas dejen de realizar actos de espionaje industrial? ¿O debería Estados Unidos cambiar a un enfoque más específico?
Cuando la división de energía eólica de AMSC se asoció por primera vez con Sinovel en 2007, fue aplaudida por su ambición global y su innovación comercial en un momento en que los países de todo el mundo se apresuraban a construir más y más parques eólicos.
AMSC sabía que vincularse con una empresa china implicaba riesgos, por lo que utilizó todo tipo de estrategias para limitarlo, como encriptar los códigos de software con el que operaban sus turbinas.
Sin embargo, sin previo aviso, en 2011 Sinovel anunció que ya no necesitaba más envíos de la tecnología de turbinas que había estado comprando a AMSC.
A pesar de los esfuerzos de la empresa estadounidense para defender sus secretos, Sinovel había sobornado a un empleado de AMSC, un ciudadano serbio empleado en su oficina en Austria, para que le entregara el software clave.
A Dejan Karabasevic le habían ofrecido dinero, un trabajo, un departamento y una vida completamente nueva en China. Finalmente, fue declarado culpable por un tribunal en Austria en 2011.
Pero el caso de AMSC dista mucho de ser único y las firmas estadounidenses en sectores como los metales, los microchips, las telecomunicaciones y el transporte se han quejado de que rivales chinos roban su tecnología.
Incluso las populares galletas Oreo se enfrentaron a un imitador chino.
Se dice que la situación es tan grave que la Comisión sobre el Robo de la Propiedad Intelectual Estadounidense, un organismo independiente que incluye representantes del sector público y privado, calcula que cada año se roban US$600.000 millones de propiedad intelectual estadounidense y que estas acciones están lideradas por China.
McGahn señala que las normas sobre inversión extranjera en el país asiático, como la necesidad de asociarse con una compañía local, dificultan incluso a las empresas extranjeras más cuidadosas proteger sus secretos comerciales.
En su criterio, todo el sistema de inversión en China está configurado para que las empresas de allí ganen.
Pocos meses después de la llegada de Trump al poder, se reunieron expertos en la Casa Blanca (técnicos, especialistas en política, miembros del gabinete y académicos) para analizar cómo abordar el problema.
Luego de una investigación de siete meses, un informe de la Casa Blanca acusó a Pekín de "transferencias de tecnología forzadas y distorsionadas por el mercado".
El gobierno chino asegura que está haciendo todo lo posible para evitar la infracción de la propiedad intelectual y en 2015 se comprometió a eliminar las empresas que no cumplieran con las reglas.
Pero Derek Scissors, experto en China en el grupo American Enterprise Institute, considera que China siempre ha sido una "sanguijuela tecnológica".
En su opinión, el gobierno está detrás de las firmas chinas que cometieron los robos.
"La idea de que estas empresas se dediquen al espionaje industrial masivo sin la bendición del gobierno chino no es lo más creíble posible", afirma Scissors, quien fue uno de los expertos que asesoró a la Casa Blanca sobre el tema.
Para otros, en cambio, se trata de un proceso más sutil.
Mara Hvistendahl, miembro del grupo de expertos New America y autora de un próximo libro sobre espionaje industrial, afirma que Pekín simplemente "mira para otro lado cuando las empresas roban para poder ofrecer" avances tecnológicos.
Sin embargo, coincide en que perseguir a espías que sean atrapados in fraganti ya no es suficiente.
Es el equivalente a arrestar a las mulas de drogas, en lugar de a los autores intelectuales, cuando se enfrenta al tráfico ilegal de drogas, agrega Hvistendahl.
Además, el espionaje se desarrolla cada vez más en el ciberespacio, lo que permite que los perpetradores estén a miles de kilómetros del alcance de los agentes del orden público.
El otro obstáculo para un proceso legal es la falta de demandantes dispuestos a enfrentar la exposición, señala el profesor Mark Button, director del Centro de Contrainteligencia de la Universidad de Portsmouth en Reino Unido.
"Imagine que una gran compañía farmacéutica tiene un fármaco maravilloso, si esa información se filtra a un competidor, puede tener grandes implicaciones financieras. Puede ser motivo de vergüenza y tener implicaciones para el precio de las acciones", agrega.
Por esa razón, Button especula que la falta de casos de alto perfil en Europa en los últimos años, probablemente disfraza un iceberg en el que los incidentes están escondidos bajo la superficie.
La única estrategia de contraespionaje realmente efectiva puede ser una mejor defensa a nivel de empresa, sugiere Button.
Pero Button también simpatiza un poco con el enfoque de los aranceles de Trump al confrontar a China con sus prácticas y precipitar un "enfrentamiento" sobre el problema.
Derek Scissors es mucho más escéptico: en su criterio, los aranceles generales no distinguen entre las empresas que se han beneficiado del espionaje y las que no.
"La solución que hemos encontrado es completamente equivocada. Tienes que castigar al culpable o no lograrás un cambio de comportamiento", opina.
En su lugar, le gustaría ver sanciones dirigidas contra empresas específicas, que reproducen claramente la tecnología estadounidense que no han desarrollado ellos mismos.
Scissors cree que eso sería más efectivo que "la solución rápida" elegida por la Casa Blanca.
Pero apuntar y castigar a las empresas individuales es un camino difícil de transitar, como lo demuestra la experiencia de AMSC.
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