Esta semana, el estado de California decidió combatir un gran mal. No las heces humanas en la calle, que parecen multiplicarse a un ritmo exponencial en ciudades como San Francisco; tampoco las agujas usadas, que han comenzado a ser cada vez más frecuentes en los vecindarios residenciales de Los Ángeles, entre ellos, el mío; ni siquiera contra las personas que infectan deliberadamente a otras con el VIH, lo cual ha dejado de ser un delito.
No, los legisladores de California están tomando medidas contra los popotes de plástico.
En las últimas semanas, la Junta de Supervisores de San Francisco anunció una posible ordenanza que prohíbe a los restaurantes y minoristas entregar a sus clientes popotes, agitadores y mondadientes a partir del próximo año. A estos negocios también se les prohibiría vender productos de un solo uso para servir alimentos, así que hay que decir adiós a nuestro vaso de café helado. “Se trata de cambiar la conducta de las personas”, explicó el supervisor Ahsha Safai, con el tradicional lenguaje del “Estado niñera”.
Pero si San Francisco es el Estado niñera, Santa Bárbara es el Gran Hermano. Si alguien entrega repetidamente popotes a los clientes de esa bella ciudad, podría enfrentar multas que van desde 100 hasta 1,000 dólares, además de pasar seis meses en prisión. Así que, mientras que California está ocupada en disminuir la gravedad de los delitos para convertirlos en faltas no graves y para liberar a los criminales para que estos vuelvan a las calles, gracias a la sobrepoblación de las prisiones, es posible que tengamos una nueva línea directa que nos lleve del Starbucks a la cárcel. Asimismo, Seattle y Malibu también han adoptado esa medida.
¿Es necesaria esa prohibición de los popotes? En realidad, no. Lee el artículo completo en Newsweek en Español y descubre el por qué.