Un alza de impuestos siempre genera polémica. Pero cuando los países aplican los “impuestos al pecado”, la discusión suele ir mucho más allá de los argumentos meramente económicos.
Conocidos también como los impuestos a los vicios, se trata de gravámenes que afectan productos considerados negativos para la salud, como el alcohol, el tabaco y el azúcar.
Los defensores de esta carga tributaria argumentan que reduce prácticas nocivas a nivel individual y social y, además, contribuye con recursos a las arcas fiscales.
“Los impuestos al pecado son una herramienta importante para combatir problemas sociales“, le dice a BBC Mundo Jonathan Gruber, economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT).
“Está demostrado que la gente fuma menos cuando suben los precios”, afirma.
De hecho, el gobierno francés anunció el mes pasado que subirá el impuesto al tabaco, dado que en otros países, como Reino Unido, la política ha funcionado.
La cajetilla de 20 cigarrillos que actualmente vale cerca de US$8, llegará a casi US$12 en los próximos tres años.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaco mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890.000 son personas que no fuman, pero que han estado expuestas al humo ajeno.
“Los impuestos al tabaco son el medio más eficaz para reducir el consumo, especialmente entre los jóvenes y los pobres”, dice también el organismo.
De acuerdo a sus estudios, un 10% de aumento en el gravamen reduce el consumo de tabaco aproximadamente 4% en los países de ingresos altos y 5% en los países de ingresos bajos o medios.
El impuesto al azúcar, como forma de combatir la obesidad, es otro ejemplo de “pecado” que ha sido merecedor de impuestos especiales.
Y aunque en el mundo se han registrado experiencias de todo tipo, pero en América Latina, suelen destacarse los casos de Chile y México para defender los resultados de la mayor carga tributaria.
Un estudio de la Universidad de Chile señala que desde 2014 -año en que se aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas- su consumo se redujo 22% en el país.
Y en México, un país con alta obesidad y diabetes que también aprobó un impuesto sobre refrescos azucarados en 2014, el consumo total de las gaseosas bajó 12% en el primer año de su implementación.
Por lo demás, recientemente Perú aumentó el impuesto a cervezas, gaseosas, cigarros y combustibles porque el costo social por enfermedades asociadas al consumo de esos productos, equivale a cerca del 11% del PBI anual, según el gobierno.
Y, en lo que alimentos se refiere, aparte del azúcar los impuestos selectivos también se han aplicado en algunos países a los alimentos con mucha grasa dañina para la salud.
Eso ocurrió en Dinamarca en 2011. Pero un año después el gobierno lo eliminó al constatar que muchas personas simplemente compraban mantequilla en Alemania o Suecia.
Mientras que Escocia se convirtió a inicios de año en el primer país del mundo en implementar un precio mínimo para la venta de alcohol, para tratar de combatir sus problemas de bebida.
Pero no todos están de acuerdo con este tipo de políticas.
Efectivamente, el debate sobre los impuestos al pecado habitualmente apunta en dos direcciones: el daño que los productos generan en las personas y el costo que le provoca a la sociedad, lo que los economistas llaman “externalidades negativas”.
Pero los que se oponen a este tipo de medidas argumentan que en la práctica, el alza de impuestos genera contrabando y discrimina a las personas con menores ingresos porque ellos gastan una parte mayor de su salario en los productos gravados.
“Estos impuestos castigan a los más pobres“, le dice a BBC Mundo Chris Snowdon, investigador del Institute of Economic Affairs en Londres.
“Mi objeción es que son regresivos y discriminan contra la gente basándose en las opciones de estilo de vida”, explica.
Un impuesto regresivo es aquel que golpea más duro a las familias con menos recursos económicos y en este sentido, los impuestos al pecado son injustos porque los más pobres tienden a gastar más en alcohol, en tabaco y en bebidas azucaradas como porcentaje de sus ingresos, argumenta Snowdon.
Y esa no es la única razón por la que el economista se opone a estos impuestos.
“No logran sus objetivos paternalistas muy eficazmente, salvo que los productos sean gravados a una alta tasa punitiva, lo que incentiva elmercado negro“, advierte Snowdon, para quien estos impuestos también atentan contra la libertad individual de las personas.
Y ante los argumentos de salud, también hay economistas que dicen que en realidad, los que contraen enfermedades crónicas producto del alcohol, el tabaco o el exceso de azúcar, no implican un costo tan elevado para el sistema de salud de los países porque mueren antes y cobran menos pensiones.
Otros expertos, sin embargo, defienden la estrategia.
“Los beneficios de los impuestos dependen del perfil del consumo en cada país”, explica Rachel Nugent, coordinadora del grupo de trabajo sobre enfermedades crónicas de la revista médica The Lancet, que publicó varias investigaciones sobre el tema.
“Y los más pobres no siempre son necesariamente los más afectados por estos impuestos”, asegura, explicando que los grupos vulnerables se benefician de este tipo de tributos porque bajan el consumo y retrasan la aparición de enfermedades crónicas.
Hay también lugares como Filadelfia, en Estados Unidos, que utilizan el dinero recolectado a partir del impuesto al azúcar en programas sociales, como una forma de mitigar el efecto regresivo.
Y para John Cawley, economista de la Universidad de Cornell, bebedores, fumadores y consumidores de mucha azúcar ponen presión en el sistema de salud y por lo tanto, generan efectos negativas de los que tiene que hacerse cargo toda la sociedad en su conjunto.
“Creo que deberíamos poner impuestos a las cosas que le generan costos a la sociedad”, le dijo a BBC Mundo.