Amnistía Internacional entregó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, una serie de observaciones y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.
La organización consideró que ante los constantes y complejos desafíos que enfrenta el país, la nueva administración federal podría impulsar cambios sustanciales si coloca de forma inmediata la agenda de los derechos humanos como eje central de las políticas públicas y de las decisiones gubernamentales.
Si bien destacó algunos avances legislativos e institucionales puntuales en los últimos años, también señaló que subsisten serios obstáculos en cuestiones como acceso a la justicia, las desapariciones forzadas, los derechos de los pueblos indígenas, la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Así como en violencia de género contra mujeres, niñas y personas LGBTI, los abusos sufridos por personas migrantes y refugiadas, la fallida estrategia de seguridad pública, y el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, entre otras.
Para Amnistía Internacional, en México los cuerpos de policía carecen en general de elementos técnicos y recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones de forma adecuada. Además, las detenciones arbitrarias son generalizadas y es común la violación de las garantías del debido proceso en el tratamiento de las personas y de la evidencia por parte de la policía.
En este sentido, recomendó al presidente electo someter al Congreso de la Unión una iniciativa para adoptar una ley sobre el uso de la fuerza conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como reconocer la labor de la policía, y garantizar la vigencia de todos sus derechos laborales y darles recursos financieros adecuados, herramientas, capacitación y condiciones laborales que garanticen el ejercicio de sus funciones.
Otra de las recomendaciones es la de reorientar la política de control de drogas en México de un enfoque de militarización y uso de la fuerza pública a uno basado en la protección de los derechos humanos de las personas, incluido el derecho a la salud.
Así como adoptar un registro de desapariciones con información pertinente y suficiente, que registre todos los incidentes tanto de desaparición forzada como de desaparición perpetrada por agentes no estatales —incluidos los de décadas pasadas— y que sirva como instrumento de supervisión, evaluación y diseño de estrategias y políticas públicas en materia de desaparición de personas.
Sobre la Ley de Amnistía pidió que se asegure que cualquier amnistía que llegue a adoptarse, si fuera el caso, se adecue al derecho internacional y, en particular, que no beneficie a las personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional –incluyendo crímenes de lesa humanidad– o graves violaciones de derechos humanos.
Tipificar internamente todos los crímenes de derecho internacional: genocidio, crímenes de lesa humanidad, y crímenes de guerra, los que deben ser juzgados siempre por tribunales ordinarios, con exclusión de los tribunales militares.
Aquí puedes consultar todas las recomendaciones que Amnistía Internacional hizo al próximo gobierno de la República: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR4189112018SPANISH.PDF