La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, tendrá que desempolvar un buen abrigo para su visita a Argentina este fin de semana. Y tendrá, también, que armarse de paciencia.
Lagarde no solo será recibida por una fría y húmeda Buenos Aires, sino por un clima de tensión política que, entre otras cosas, vaticina varias protestas en contra del acuerdo firmado entre el organismo internacional y el gobierno de Mauricio Macri.
Aunque la visita se debe a una cumbre de ministros de Finanzas en el marco del G-20 que preside Argentina, pocos dudan que el polémico acuerdo será el principal tema de conversación entre Lagarde y Macri en su reunión del viernes en la residencia presidencial de Olivos.
En mayo, en medio de una corrida cambiaria que devaluó el peso 30%, Macri anunció que el FMI prestaría al país hasta US$50.000 millones.
Desde entonces, a medida que se han divulgado o filtrado los detalles del acuerdo, los argentinos se preguntan si lo que Macri prometió el FMI se puede cumplir.
Los argentinos conocen bien al FMI: saben que si el gobierno no cumple lo pautado, es probable que el organismo retire su esquema de préstamos y se desate una nueva crisis económica.
Así ocurrió en 2001, 1989, 1976 y 1958. Nunca con buen desenlace.
La economía argentina cuenta con una buena lista de desequilibrios tras décadas de políticas contradictorias: saltando entre el proteccionismo y el liberalismo, el rumbo económico del país nunca ha sido claro.
La inflación, las grandes devaluaciones y el déficit fiscal y comercial han sido problemas que ningún gobierno ha podido resolver a mediano plazo.
El gobierno de Macri intentó equilibrar la economía con una política que, de manera gradual, fuera trasformando el modelo hacia uno más abierto que el que dejó Cristina Kirchner: sacó los controles de cambio, saldó deudas con inversionistas y quitó subsidios, entre otras cosas.
Parte de la estrategia fue depender del financiamiento externo, porque la deuda era baja y su reputación en los mercados, heredada de sus años de empresario, era buena.
La receta no funcionó, sea porque el llamado "gradualismo" no fue sostenible o porque el contexto internacional no ayudó.
Macri ha reconocido errores, entre ellos haberse puesto metas inalcanzables. Al final tuvo que usar la carta menos deseada: el FMI.
Ahora, para cumplir con lo pactado con el FMI y no perder el esquema de financiamiento que va hasta 2021, Macri tendrá que dejar el "gradualismo" y hacer un ajuste más fuerte de la economía.
Esto significa que, en el año que buscará la reelección, su política económica tendrá como principal objetivo bajar el gasto público.
En términos generales, el gobierno se comprometió a reducir el déficit a través de diferentes medidas de austeridad.
Primero, reducir la construcción de obras, bajando en 15% el presupuesto de empresas públicas en 2019.
Segundo, limitar las transferencias a provincias en un 1,2% del Producto Interno Bruto.
Tercero, sacar los subsidios a servicios como gas, electricidad y transportes que ya venían siendo intervenidos, con aumentos de hasta 500% de tarifas.
Cuarto, detener el aumento de salarios del sector púbico, despedir empleados no prioritarios y congelar las contrataciones.
Además de esto, el gobierno -necesitado de capital- no podrá subir impuestos pero tampoco implementar una reforma tributaria que buscaba mayor eficiencia en la recaudación.
Todo eso, entonces, parece una receta para no ganar elecciones en país acostumbrado a políticos populistas.
Por eso Macri se enfrenta un dilema tortuoso: cumplir el acuerdo ganándose enemigos entre los votantes o no cumplirlo con el riesgo de que el FMI se vaya y lo deje sin financiamiento.
Dos noticias económicas se produjeron esta semana que muestran la cuerda floja por la que camina el gobierno.
Por un lado, se divulgó la inflación de junio, que marcó un aumento de precios del 3,9%, una cifra que, si nada extraordinario ocurre, pone en riesgo la meta de terminar el año con un índice de anual por debajo del 30% anual, que es una de las exigencia del FMI.
Pero por otro lado se anunció que el déficit fiscal se redujo por sexto trimestre consecutivo, llegando a 0.9% del PIB en el segundo trimestre el año; una buena noticia frente al FMI, cuya obsesión es que la balanza de pagos del Estado esté en equilibrio para 2020.
Pero esto son dos detalles y falta mucho por recorrer.
Para Hector Rubini, economista de la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, "es un programa demasiado duro de asimilar políticamente que además tiene contradicciones internas de diseño: no te da una base para crecer, ni es un programa de estabilización, ni te prepara para una nueva corrida ni para cambios en los mercados internacionales".
"Si nos basamos en lo escrito -concluye- el acuerdo es demasiado difícil de cumplir".
Pero ¿y qué pasa con lo que no está escrito?
A eso apunta el economista de Radar Consultora Martín Alfie: "Mientras Argentina mantenga el apoyo político (del FMI), por una cuestión de geopolítica, por lo que representa este gobierno y por lo que representa Macri, el financiamiento no creo que esté en peligro".
"El incumplimiento -añade- no necesariamente pone en riesgo el acuerdo".
Por eso es que la reunión de Lagarde y Macri este viernes en Olivos define parte del futuro de Argentina.
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