Los privilegios en el gobierno que AMLO quiere eliminar con su plan de austeridad
Para vivir bien, ¿es suficiente un salario de 108 mil pesos al mes? Sí, puede ser la respuesta más común. Pero en México un sueldo de esa magnitud desató un intenso debate.
Éste será el ingreso mensual del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador cuando asuma el gobierno, el próximo 1 de diciembre.
Y ningún funcionario podrá ganar más de esa cantidad según el programa de austeridad que AMLO, como se le conoce en el país, quiere aplicar.
Pero no es todo. La estrategia pretende eliminar los privilegios que gozan jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), legisladores y altos funcionarios del gobierno federal.
Son prerrogativas como seguro médico particular y sin límites; automóviles nuevos, camionetas blindadas, choferes, guardaespaldas, viajes en helicópteros o aviones privados, y en muchos casos comidas y vinos caros.
En un país donde más de la mitad de la población se considera en situación de pobreza, tales prestaciones suelen ser criticadas.
De hecho según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el salario de los altos funcionarios representa 13 veces las remuneraciones por el Producto Interno Bruto per cápita de los mexicanos.
El promedio de los países miembros es de casi seis veces, y en el caso de Estados Unidos es de cuatro veces.
Los datos se encuentran en el estudio Gobierno de un vistazo 2017 de la OCDE. Según el documento la alta burocracia mexicana es la segunda mejor pagada de América Latina, después de Colombia.
La nueva era
Es el escenario que pretende cambiar el próximo gobierno con los Lineamientos combatir a la corrupción y de austeridad republicana, como se llama la estrategia.
Contiene 50 temas y acciones para regular la operación del gobierno y el desempeño de funcionarios y empleados de confianza.
El objetivo central es terminar con lo que López Obrador define como “abusos, excesos y dispendio” en el uso del erario.
En algunos casos el programa cambia por completo costumbres y gastos que se mantuvieron incluso en los dos gobiernos del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Y en otros modifica comportamientos que durante varias décadas se consideraron normales entre los políticos y gobernantes.
Dos ejemplos: el lineamiento 28 de la estrategia dice que no se puede “asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en oficinas públicas”.
Y el punto 32 advierte: “Ningún funcionario, sin causa de emergencia, podrá ordenar cerrar calles, detener el tráfico o pasarse los altos (la señal en rojo de los semáforos) o estacionarse en lugares prohibidos”.
Dos temas que suelen presentarse entre altos funcionarios públicos. Y la idea es establecer comportamientos éticos de la burocracia, dice el analista Sabino Bastidas, pero que molestan a muchos mexicanos.
“Dicho por el presidente electo no es un mal mensaje”, dijo a la televisora Televisa. “La sociedad está muy cansada de este comportamiento”. Pero la estrategia de austeridad va más allá.
Recorte salarial
El programa establece, por ejemplo, suspender “por completo fueros y privilegios”, así como la obligación a todos los funcionarios de presentar y hacer pública su lista de bienes y propiedades.
También cancela la compra de vehículos nuevos o de lujo, una costumbre al inicio de todos los gobiernos del país.
Suspende además los bonos y prestaciones especiales, desaparece el gasto para seguros médicos particulares, prohíbe los viajes al extranjero sin permiso o justificación y reduce al mínimo los recursos para ese propósito.
Tampoco se podrá usar aviones o helicópteros privados, y se cancelan además las comidas, cenas o viajes pagados por contratistas.
A partir del 1 de diciembre, cuando empieza el nuevo gobierno, se reduce a la mitad el sueldo de quienes ganen más de un millón de pesos al año, es decir US$52.000
Los únicos con derecho a guardaespaldas serían los encargados del área de seguridad.
Actualmente todos los secretarios, subsecretarios y algunos directores tienen protección de militares o policías federales.
También se reduce al mínimo el presupuesto para viajes, gastos de representación y se prohíben las fiestas y comidas lujosas. Ningún funcionario podrá recibir regalos que cuesten más de 5 mil pesos, US$260.
Algo que también desaparece es el gasto en ropa, ceremonias y protocolos para el presidente y su familia.
Además se pretende vender toda la flotilla de helicópteros y aviones oficiales, excepto los que se usan en tareas de rescate y seguridad.
Entre las aeronaves en venta se encuentra un moderno Boeing Dreamliner 787-8 comprado en el actual gobierno.
El aparato se compró en US$218 millones y se usa esencialmente para transportar al presidente Enrique Peña Nieto. El próximo mandatario dice que viajará en aerolíneas comerciales.
“No me voy a subir a ese avión, no voy a ofender a los mexicanos”, dice López Obrador.
Seguros médicos
El programa de austeridad republicana provoca controversia. Algunos creen que muchos especialistas y académicos que ahora trabajan en el gobierno renunciarían ante el recorte de sueldos y bonificaciones.
Otros temen que se abra la puerta a la corrupción, sobre todo en las áreas de seguridad y procuración de justicia.
Pero algunos como Mariana Campos, de la organización civil México Evalúa, cree que puede ayudar a controlar excesos en los gastos del gobierno.
“Los márgenes de discrecionalidad que hay para asignar el gasto en México son muy amplios en comparación con otros países“, dice a BBC Mundo.
Eso provoca que en muchos casos las compensaciones, bonos y otros beneficios se otorguen de forma discrecional. Y en ese proceso se cometen excesos.
Un ejemplo es el servicio médico privado para altos funcionarios que se paga con recursos públicos, a pesar de que –como todos los empleados del gobierno- cuentan con atención en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
“Un funcionario público puede atenderse en un seguro médico pagado por los contribuyentes, o puede hacerlo en el ISSSTE que pagamos los contribuyentes. Pagamos doble, nos parece excesivo”.
Los excesos
No es el único caso. En el debate sobre la propuesta de austeridad de AMLO aparecen otros ejemplos polémicos.
Uno se refiere a los ministros de la SCJN quienes reciben, en promedio, un salario mensual de 650.000 pesos, unos US$34.000.
Esa cantidad contrasta con el ingreso promedio de los mexicanos que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) es de 5.400 pesos, alrededor de US$285.
Los magistrados, como todos los empleados de la SCJN, gozan de una lista de prestaciones similares a otras áreas del gobierno federal.
De acuerdo con el “Manual de percepciones, prestaciones y demás beneficios de los servidores públicos del Poder Judicial”, quienes trabajan en esta dependencia tienen derecho a recibir, por ejemplo, apoyo económico para comprar anteojos, sufragar gastos funerarios o compensación por antigüedad.
También existen bonos por el día del padre o de la madre, para capacitación y ayuda para despensa: una cantidad que se entrega para compensar el gasto por los festejos navideños y de fin de año.
Los senadores y diputados federales son otro ejemplo. A todos se les paga el servicio de teléfonos móviles, el consumo de gasolina, alimentos y en muchos casos boletos de avión para viajar a sus lugares de origen.
La mayoría puede contratar asesores, viáticos para sus viajes y a quienes presiden comisiones o grupos de trabajo se les asignan automóviles nuevos y choferes.
Voluntad de seis años
Los diputados también cuenta con una asignación especial para que la utilicen en sus programas y estrategias políticas. En la mayoría de estos casos no necesitan comprobar el destino del dinero.
Estas partidas representan, en el caso de la Cámara de Diputados, un gasto anual de 6.400 millones de pesos, unos US$339 millones.
Estos beneficios son adicionales a los salarios, que en el caso de los senadores es de 165.000 pesos mensuales (US$8.700) y los diputados 120.000 pesos, cerca de US$6.300.
La próxima legislatura, con mayoría de diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que postuló a López Obrador, pretende cancelar el 70% de esos gastos.
¿Es suficiente el programa de austeridad republicana? No, dice Mariana Campos.
Además del ahorro en sueldos y gastos excesivos lo que se necesita es controlar la forma como se asignan los recursos públicos en todo el gobierno, incluidos estados y municipios.
Y sobre todo que la contratación de empleados públicos no dependa de criterios políticos o personales, como funciona ahora en muchos casos.
“Andrés Manuel tiene buena voluntad en cortar esas cosas, pero él se va (en seis años) y llega un nuevo presidente” con otros criterios.
Las medidas de austeridad, entonces, “pueden durar un tiempo nada más”.
