Padre de estudiante de la UNAM desaparecido acusa que dos detenidos en el caso de su hijo son fabricados

En los años 80, siendo estudiante universitario, Carlos Moreno trabó un vínculo afectivo con la comunidad de Chacahua, Oaxaca, en donde participó en campañas juveniles para el retiro de caimanes de su laguna, considerada una especie invasora que depreda el resto de la fauna nativa.

Tres décadas después, su conocimiento de la zona ha sido la única herramienta a su disposición, para buscar a su hijo Israel, desaparecido en esta misma localidad el 8 de julio de 2011.

No obstante, el gobierno de Oaxaca (entonces encabezado por Gabino Cué) nunca presentó el cuerpo de Israel y, peor aún, una de las acusadas quedó en libertad un año después de ser encarcelada, al demostrar que las pruebas en su contra habían sido fabricadas por las autoridades, y que ella ni siquiera estaba en Oaxaca cuando ocurrieron los hechos.

Hoy, a siete años de la desaparición de Israel, su papá, Carlos, lamenta y denuncia a la vez: “Dos de los procesados definitivamente no tienen nada que ver, son chivos expiatorios, y ahí están, presos. Son gente muy pobre, sin recursos, sin educación, y sin poder defenderse”.

Pero ese detenido que aceptó dar un testimonio falso contra tres inocentes para que las autoridades estatales pudieran dar carpetazo al tema, subraya Carlos, es solo “el eslabón más débil de la cadena” de impunidad. Los eslabones fuertes, altos funcionarios tanto del gobierno de Oaxaca, como de la PGR e, incluso, de la UNAM, han eludido toda responsabilidad.

Luego de que los papás de Israel perdieron contacto con el estudiante, su primer intento por localizarlo fue a través de los compañeros de la UNAM a los que supuestamente alcanzaría en Oaxaca.

La casa de estudios, sin embargo, estaba de vacaciones, por lo que los papás de Israel debieron esperar hasta el reinicio de clases, para lograr contactar a todos los jóvenes que posiblemente supieran algo.

De hecho, lamenta, la entonces directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Gloria Villegas, “me pidió encarecidamente que no pusiera el caso en los medios de comunicación, y me ofreció ayuda jurídica, que nunca recibí”.

En ese momento, el rector de la casa de estudios era José Narro, quien “nunca me recibió… le pedí audiencia muchas veces, sin éxito. Solo hasta que un día me filtré a una reunión de funcionarios de la UNAM, e interrumpí a Narro para exponer mi caso, me hizo caso: le dijo en ese momento a Raúl González Pérez (actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) que me atendiera, y él a su vez me asignó un abogado, de nombre Javier Villanueva”.

El abogado que la UNAM “asignó” para dar asistencia jurídica a la familia de Israel, sin embargo, no formaba parte de la casa de estudios.

En realidad, era un abogado del gobierno de Oaxaca, algo que nunca se le informó a la familia de Israel. Por el contrario, la UNAM abiertamente los engañó, presentando a ese abogado como personal universitario.

“Ese abogado supuestamente de la UNAM –narra Carlos– me buscó y organizamos un viaje a Oaxaca, para empezar a recabar información. Pero cuando íbamos en el camino, el abogado me dijo que él no podía representarme, porque en realidad trabajaba como asesor del entonces procurador estatal, Manuel de Jesús López López… Yo le pregunté entonces cuál era la idea de que la UNAM me lo asignara. Él me respondió ‘lo desconozco'”.

Dos meses después, fue ese procurador, Manuel de Jesús López López, el que convocó a una conferencia de prensa, para anunciar públicamente la captura de cuatro supuestos asesinos de Israel, y por lo tanto, la resolución del caso.

Oaxaca, el montaje

Cuando Israel dejó de contestar las llamadas de su familia, y dejó de informarles sobre su ubicación, su papá se trasladó a Oaxaca para buscarlo, y para interponer una denuncia por desaparición.

“Inicié la denuncia en la ciudad de Oaxaca –narra Carlos–, pero ahí me dijeron que no me la podían recibir, y me mandaron a la agencia del Ministerio Público de Puerto Escondido”.

Cuando llegó a Puerto Escondido, la historia se repitió: “Me dijeron que ahí no era, y me mandaron a San Pedro Tultepec”, y ya ahí, nuevamente lo recibieron con una negativa: “Terminaron mandándome a la agencia del Ministerio Público de Río Grande, donde finalmente pude levantar la denuncia”.

Fueron, lamenta, días enteros perdidos por el trato burocrático con el que se atiende a las víctimas.

A partir de agosto de 2011, es decir, tres semanas después de la desaparición de Israel, “yo comencé a pedir audiencia con el procurador estatal, José López López. Sin temor a exagerar, solicité audiencia unas veinte veces, pero nunca me recibió”.

Solo hasta que Carlos denunció esta política de puertas cerradas en el noticiario radiofónico del periodista José Cárdenas la autoridad de Oaxaca respondió: “Me buscaron para decirme que ya estaba mi audiencia con el procurador, y acudí a la cita, pero rápidamente me percaté de que el funcionario no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, luego me mandó al área de Delitos de Alto Impacto, donde me tomaron nuevamente la declaración, y eso fue todo”.

Un mes y medio después de la desaparición, para finales de agosto de 2011, Carlos pudo constatar que ninguna diligencia de búsqueda se había realizado, cuando los agentes encargados le informaron que en todo ese tiempo no les habían asignado dinero para gasolina.

“No una, sino varias veces, me tocó comprar hasta el papel bond para que pudieran imprimir las declaraciones, pagarles la gasolina, el agua que bebían, todos sus alimentos… parecía que me llevaba a los agentes de paseo, porque yo era el que se acercaba a la gente a preguntar, a investigar.”

En septiembre de 2011, el teléfono celular de Israel fue localizado, según las autoridades, en el basurero del vecino municipio de Jamiltepec.

“A mí me muestran el teléfono el 8 de septiembre –recuerda Carlos–. El aparato estaba en buen estado”. Un primer análisis confirmaba que el código identificador coincidía con código del celular de Israel.

No obstante, para octubre, cuando las autoridades de Oaxaca le entregaron el celular, para que lo llevara a la Policía Federal, donde sería nuevamente analizado, esta última corporación le informó que el código identificador del aparato ya no coincidía.

“Habían cambiado el teléfono –señala Carlos–, eso está comprobado. Y ese fue el entonces subprocurador de justicia de Oaxaca, Francisco Vázquez Martínez, quien firmó el documento de cadena de custodia.”

– ¿Con qué fin cambiarían el teléfono de Israel? –se le pregunta.

–No lo puedo saber, pero pienso que posiblemente mi hijo tomó fotos que no debía. Él no tenía cámara fotográfica propia, pero tomaba muchas fotos con su teléfono.

Según la versión oficial, el teléfono fue hallado en el basurero de Jamiltepec, en donde una mujer pepenadora le daba uso.

En la averiguación previa, sin embargo, existen declaraciones de dos personas distintas, integrantes de esta familia de pepenadores, en la que ambas afirman haber entregado el teléfono a las autoridades, tras hallarlo entre la basura. Los dos supuestos hallazgos del mismo teléfono se dieron, según estas declaraciones, con 12 días de diferencia.

Todas esas declaraciones en torno al teléfono, subraya Carlos, “se contradicen porque fueron obtenidas bajo tortura, a uno de los detenidos incluso le rompieron un dedo en el centro de arraigo de la PGR, que tenía su propia investigación”.

La búsqueda real

En octubre de 2011, convencido de que las autoridades de Oaxaca no estaban realizando una investigación apegada a la ley, Carlos volvió a Chacahua, la comunidad que conociera durante su propia juventud, ahora en busca de su hijo.

“Me di a la tarea de ir choza por choza, con la foto de Israel, para saber si había estado ahí, si había tenido problemas, si lo habían visto, pero de todos los del pueblo, solo una persona aceptó hablar conmigo, todos los demás me decían ‘nunca lo vi, no lo conozco, no tuve nada qué ver’”.

Israel estaba en Chacahua como vacacionista “mochilero”, es decir, iba con escasos recursos y equipaje ligero, solo una mochila con algo de ropa.

La persona que accedió a hablar con Carlos le informó que su hijo se había hospedado en la única choza para vacacionistas que contaba en ese momento con internet, lugar en el que, no le cobraban realmente por dormir en una hamaca, sino sólo por los alimentos que ahí consumía.

“Era una choza limpia, que estaba en la parte turística de la laguna, en la que me confirmaron que se quedó unos días –señala Carlos–. Pero sus cosas no estaban ahí, las encontré al otro lado de la laguna, en una choza completamente sucia, en un lugar inmundo… ahí hallé su mochila, aunque sin lo poco de valor que llevaba, que eran su dinero y su celular. Ahí dijeron que se hospedaba, pero que no sabían de él… y yo creo que mi hijo no era tonto como para cambiar una choza limpia, con internet, por un lugar inmundo, en el que todos los días cobran por hospedaje, y no dan nada de comer. Esa es una de las cosas que nunca investigó la autoridad: cómo llegaron las pertenencias de mi hijo a ese lugar.”

Estando Carlos en Chacahua pudo constatar que ninguna autoridad estaba realizando una búsqueda real, en el lugar de los hechos, a pesar de lo cual, el 22 de diciembre de 2011, cinco meses después de la desaparición de Israel, el entonces procurador de Oaxaca le presentó la versión oficial de lo ocurrido: que su hijo había estado consumiendo mariguana con cuatro personas más a la orilla de la laguna de Chacahua, hasta las 21:30 horas…

En ese momento, “las autoridades dicen que subieron a una panga (una embarcación de remos usada para la pesca), y a mitad de la laguna lo empiezan a golpear, primero con los puños, luego con los remos, que como todavía respiraba lo echaron al agua, y que diez días después, unos tiburoneros vieron su cuerpo flotando en el mar. El supuesto móvil fue el robo de una cámara fotográfica, un Ipod, y su dinero.”

Todo en esa versión, subraya Carlos, es “insostenible”.

En primer lugar, en la panga en la que supuestamente su hijo fue asesinado no fueron hallados restos hemáticos, aún cuando las técnicas aplicadas permiten detectar restos de sangre incluso en superficies lavadas.

Además, Israel no poseía los aparatos que según la versión oficial le robaron sus atacantes.

Y, lo más importante, la autoridad nunca presentó un cuerpo para sustentar la hipótesis del homicidio, sólo se basó en los supuestos dichos que pescadores formularon informalmente ante un policía, pero que nunca se presentaron realmente a declarar ante el Ministerio Público.

La descripción del cuerpo que supuestamente dieron esos pescadores tampoco coincide con los rasgos de Israel, especialmente en lo relacionado con la estatura, peso, tes, y características del cabello.

Peor aún, “cuando pedí que me mostraran los estudios forenses en los que se basaban para llegar a esa conclusión, en la Procuraduría de Oaxaca (hoy Fiscalía General del Estado) me dijeron que se basaban en una ‘autopsia verbal’, sustentada en lo dicho por uno de los detenidos.”

Si bien el concepto “autopsia verbal” sí existe, éste consiste en la aplicación de cuestionarios entre integrantes de sectores sociales específicos, para determinar tendencias de salud pública en estos sectores en particular. Es decir, no es un procedimiento que sirva para definir las causas de muerte de una persona cuando no se cuenta con su cadáver, ni tampoco para confirmar que una persona desaparecida ha sido asesinada.

El gobierno de Gabino Cué concluyó en 2016. La versión del homicidio y el cuerpo arrojado al agua se sostiene hasta la fecha.

El presente

En la actualidad, lamenta Carlos, “la comunidad de Chacahua está muy resentida y muy amedrentada, por la forma en la que se hicieron las investigaciones, principalmente por todo lo que hizo un agente que se presentó como ‘comandante’, sin serlo, de nombre Juan Luis, de la PGR. Él se puso a agarrar gente, a golpearla, a torturarla”.

La versión oficial de los hechos, por ejemplo, se sustenta en la declaración de un poblador, Javier Rodríguez Tapia. Él inculpó a Margarito González Domínguez, Honorio Corcuera y a Irene Méndez de perpetrar, en conjunto, el asesinato de Israel.

Sin embargo, luego de concluir su arraigo, al ser trasladado a un penal para ser declarado formalmente preso, Javier Rodríguez Tapia presentó una ampliación a su declaración, en la cual denunció haber sido torturado por el agente Juan Luis Vázquez Martínez para confesar.

Los registros médicos que se realizaron al detenido durante el arraigo confirman que estando bajo custodia de las autoridades sufrió heridas que no tenía al iniciar su detención.

En su nueva declaración, el inculpado afirmó que los agentes de la PGR lo torturaron para confesar el homicidio e incriminar a otras tres personas, y luego le ofrecieron un millón de pesos y su pronta liberación, si además accedía a no reportar la tortura.

“Esta persona aceptó dar sustento a una versión falsa, que le dictaron las autoridades –señala Carlos–, aceptó acusar a tres personas inocentes, aceptó encubrir lo que realmente le pasó a mi hijo, y aceptó encubrir a las autoridades corruptas que los habían torturado, todo por un millón de pesos que, obviamente, jamás le iban a dar. Le ganó la ambición.”

El testimonio de este procesado, lamenta Carlos, es la única prueba que existe contra las demás personas inculpadas.

“Cuando Honorio y Margarito han intentado llevar testigos para defender su inocencia, la policía los ha interceptado en la carretera y ya no los dejan llegar al juzgado, y obviamente es gente muy pobre, de recursos económicos muy escasos, y no tienen forma de defenderse, ya van para seis años encarcelados, sin tener por qué. Contra ellos, ni la ahora Fiscalía de Oaxaca, ni la PGR, tienen nada.”

Desde 2016, Carlos Moreno, apoyado por la asociación civil IDHEAS, presentó el caso de su hijo, y de las anomalías en la investigación de las autoridades mexicanas, ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

“El Estado Mexicano respondió ante la denuncia que presentamos, dijo que no se han violado los derechos humanos de mi hijo, y de nuestra familia, porque han realizado una investigación científica, y la prueba que presentan es que esa investigación supuestamente científica permitió capturar a los presuntos asesinos.”

Por esa razón, lamenta, los inocentes que han procesado injustamente para dar carpetazo a la investigación, tienen minado el camino a la libertad.

Eso no es todo. Desde que el nuevo gobierno de Oaxaca asumió la administración, 1 de diciembre de 2016, la Fiscalía del Estado no han investigado a fondo todas las inconsistencias encontradas por el padre de la víctima. “Defienden la versión oficial del homicidio, sin cadáver”, expresó Carlos.