Primero fue la sentencia contra "La Manada". Ahora el fallo contra Juana Rivas está desatando una nueva ola de críticas contra el sistema judicial en España.
Un tribunal de Granada, en el sur del país, condenó a cinco años de cárcel a esta madre por huir y esconderse con sus dos hijos en lugar de entregarlos al padre, a quien acusó de abusos.
A Juana Rivas también se le quitaron los derechos de custodia de sus hijos durante seis años y tendrá que pagar una indemnización de 30.000 euros (unos US$35.000) por daño moral y material a su expareja, el italiano Francesco Arcuri.
La sentencia provocó fuertes críticas, tanto por parte de políticos españoles como de grupos de defensa de los derechos de las mujeres.
Su caso se convirtió en un símbolo en la batalla contra la violencia de género en España, un país donde cada año unas 60 mujeres mueren a manos de sus parejas o exparejas.
¿Qué hizo Juana Rivas?
Con el pretexto de visitar a su familia en España, Rivas se fue con sus hijos —que ahora tienen 12 y 4 años— de su casa en Italia, donde vivía con Arcuri.
En lugar de regresar a Italia, presentó una denuncia en España alegando abuso doméstico. Rivas dijo que durante su relación con Arcuri fue víctima de abusos físicos y psicológicos, como también lo fue su hijo mayor.
Después, desafió las órdenes de los tribunales españoles de devolver a los niños a su padre, y se escondió con ellos.
Sus acciones acciones desencadenaron una fuerte respuesta de apoyo en las redes sociales en España, con el hashtag#JuanaEstáEnMiCasa.
"Una mujer que huye del terror para proteger a sus hijos no puede ser acusada de secuestro", dijo ella el año pasado.
Finalmente, ella se entregó a las autoridades y los hijos regresaron con su padre.
El tribunal de Granada consideró que Rivas no tenía pruebas de abuso doméstico y que se había llevado ilegalmente a sus hijos.
Ella "explotó el argumento del abuso" y llevó a cabo el "secuestro de los niños", dice la sentencia.
Pero Arcuri tenía una condena anterior por violencia, contra la propia Rivas.
A pesar de esto, el tribunal dijo que no había evidencias de maltrato desde entonces y una evaluación del hijo mayor no mostró signos de trauma psicológico consistente con el abuso.
Francesco Arcuri dijo que era víctima de una campaña mediática y siempre negó las acusaciones de maltrato, tanto a Rivas como a su hijo.
Una expareja del italiano también salió en su defensa el año pasado, y le dijo a los medios españoles que no creía en las acusaciones de abuso.
Rivas y Arcuri se conocieron en 2004, en Londres, de acuerdo a relatos de los medios españoles. Rivas tenía 23 años y estaba allí para estudiar inglés y Arcuri, quien tenía 38, administraba un restaurante.
La pareja tuvo su primer hijo en España, en 2006. Tres años después, Arcuri se declaró culpable del delito de golpear a Rivas repetidamente después de que ella llegara de madrugada a la casa.
Arcuri, sin embargo, señaló luego que nunca hizo tal cosa y que se declaró culpable en aquel caso para evitar una larga y penosa batalla legal que le impidiera ver a su hijo.
Como se declaró culpable, logró evitar la prisión, debido a que sentencias menores a dos años son excarcelables.
La pareja logró recomponerse y se mudó a la isla de San Pietro, en Cerdeña, donde administraba un pequeño hotel. Allí tuvieron un segundo hijo, pero la relación volvió a tener problemas.
Rivas indicó en sus misivas que se sentía atrapada en Italia y vivía presa del terror con una pareja violenta.
Estando en España, Rivas lo volvió a demandar por violencia doméstica.
El abogado de Rivas calificó el fallo como un "fracaso del sistema judicial" e indicó que apelaría contra el veredicto.
La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, dijo que Rivas no debe ser encarcelada hasta que se confirme la sentencia.
"Los intereses de los dos niños deben estar protegidos, incluso en estos momentos", agregó.
Antonio Maíllo, líder de una federación de partidos de izquierda en la región de Andalucía, en el sur de España, dijo que el veredicto era una "barbarie" y sentaba un precedente preocupante.
"Este país ha cambiado, pero el poder judicial sigue con parámetros anticuados", dijo.
La presidenta de la Fundación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, dijo a la agencia de noticias española Efe que el fallo era desproporcionado "porque la situación de maltrato no fue tomada en cuenta".
Agregó que el fallo "demuestra la falta de empatía e ignorancia sobre qué es la violencia de género y cómo se comportan los abusadores".
Algunos grupos están preparando manifestaciones, en un movimiento que recuerda las protestas generalizadas por el caso de agresión sexual de "La manada" en Pamplona.
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