Dos años del nuevo sistema penal: mejoran los juicios, pero no el trabajo de policías y fiscalías
El nuevo sistema penal acusatorio cumplió dos años desde su puesta en marcha obligatoria en todo el país, con resultados contrastantes. Por un lado, los juicios muestran un avance: son más rápidos, transparentes y con sentencias claras. Pero por el otro las policías y las fiscalías mantiene los mismos vicios: detenciones prolongadas, maltratos a sospechosos e investigaciones recargadas en confesiones, y no en otras pruebas.
Estos son los resultados de un análisis hecho por la organización World Justice Project, el cual advierte además de los riesgos que existen de una contrarreforma que modifique las reglas del nuevo sistema y genere retrocesos, en vez de trabajar en una mejor implementación de lo que ya existe.
El estudio destaca el impacto positivo de la reforma, comprobado a través de la percepción que los reos tienen de sus procesos, y que fue reportada en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad practicada por INEGI.
Los resultados muestran que, tras la implementación del nuevo sistema penal (que entre otras cosas transformó los juicios escritos en públicos y orales), el 61% de los procesados considera que la sentencia que se le dictó fue clara, mientras que antes solo el 31% decía no tener dudas de su condena.
Con el nuevo sistema penal, el 70% de los detenidos señala que el juez estuvo presente en su juicio, mientras que antes solo 24% señalaba que vio al juez en su caso. De la misma manera, el 69% de los procesados consideró que el juez sí prestó atención a su caso con el nuevo sistema, muy distinto al 23% que respondía afirmativamente a esta situación antes.
“En el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el juez está presente en las audiencias la mayoría de las veces. Antes de la reforma, esto casi no ocurría. No sólo están presentes los jueces, sino los intervinientes en el proceso: los litigantes, testigos y el acusado, y lo más importante, hay cada vez mayor acceso para el público interesado, con lo cual tenemos una justicia más democrática, que opera dando la cara a la gente”, señala el estudio.
Con el nuevo sistema penal, añade el análisis, hay mayor claridad y transparencia en las pruebas que siempre tienen que mostrarse, tanto al juez como a las contrapartes. Con ello se evita entregar pruebas escritas, práctica que era común, lo que le implicaba al juez tener que trabajar con expedientes gruesos y muchas veces desorganizados.
“Además, en el sistema antiguo, el método de registro de lo sucedido en las audiencias dependía de la pericia del mecanógrafo o del personal de apoyo del juez. Los expedientes eran frecuentemente manipulados, a veces de forma tal que lo ahí apuntado presumía la culpabilidad del imputado”, indica.
Otro aspecto positivo que se comienza a reflejar la entrada en vigor del nuevo sistema son los tiempos más cortos de los procesos. A partir de las respuestas de los reos encuestados el análisis muestra que, por ejemplo, un proceso de homicidio se redujo de 16 meses en el viejo sistema a 12 meses en el actual; un caso de secuestro pasó de 22 a 18 meses; y uno de robo se redujo de 8 a 7 meses en promedio.
“Los casos que se procesan con el nuevo sistema se resuelven, en promedio, cuatro meses más rápido que bajo el anterior. Esto beneficia a víctimas, imputados, y libera recursos para procesar los casos más complicados”, indica el análisis.
El vaso medio vacío
El estudio de World Justice Project reconoce que, contrario a los indicadores positivos que se aprecian en la parte judicial con el nuevo sistema, no se advierte ninguna mejor sustancial en cuanto al trabajo de policías y fiscalías.
Un ejemplo es el retraso en que incurren dichas autoridades para presentar a una persona detenida ante el juez, y que por ley no debe ser mayor de 48 horas. Sin embargo más del 40% de los detenidos fue retenido por un tiempo mayor a ese plazo antes de ser entregado al juez, como revelan los resultados de la encuesta de INEGI.
Con el viejo sistema el 63% de los detenidos dijo haber sufrido algún tipo de maltrato durante el arresto. Con el nuevo sistema esta situación puede ser motivo de que un caso se anule, pero aun así, luego de su puesta en marcha el 59% de los detenidos dijo que fue maltratado tras su captura. Es un progreso marginal.
El estudio muestra que el 83% de casos se resuelven con confesiones voluntarias, cuestión que en teoría es positiva, pues acorta los tiempos de un proceso, pero también exhibe que la mayoría de las investigaciones siguen sin sustentarse en evidencia técnica y científica.
“Es necesario que la policía y el Ministerio Público presenten pruebas sólidas y que las detenciones se apeguen a la ley. Esto exige mayores capacidades de investigación y actuación por parte de ambos actores clave. Nuestro análisis muestra mejoras muy marginales asociadas al desempaño de estas instituciones. Reformar ambos eslabones es una tarea inaplazable para mejorar la calidad de la justicia y la capacidad del sistema para reducir la impunidad”, indica el estudio.
Contrarreforma, un riesgo
El estudio destaca que diversos gobernadores agrupados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como varios funcionarios federales y estatales, han emprendido desde el año pasado una campaña encaminada a reformar algunos aspectos de las leyes en que se sustenta el nuevo sistema penal.
El argumento de los actores que promueven esta reforma es que se ha facilitado la liberación de posibles delincuentes lo que, supuestamente, ha repercutido en el incremento de la violencia. Por ello pretenden que se amplíe el número de delitos que ameritan prisión automática, y que se reduzca la exigencia en torno a la calidad de algunas pruebas.
Sin embargo, el análisis advierte que no hay evidencia que demuestre una relación entre el incremento de violencia y la entrada en funcionamiento del nuevo sistema penal, y que lo que se sugiere puede representar un retroceso hacia prácticas antiguas.
“Reinstalar el sistema antiguo de proceso penal no es recomendable. A solo dos años de la entrada en vigor del NSJP en todo el país es necesario dejar que la reforma madure. Una involución procesal, no solo obstaculizaría la obtención de los beneficios que aquí mostramos con el nuevo sistema, también nos distraería de la formulación de políticas públicas urgentes(…) Por tanto, conviene fortalecer nuestras instituciones de seguridad y justicia antes de desconocer lo ganado y emprender un camino de regreso”, concluye el análisis.
