Apenas dos días antes de las elecciones presidenciales en México el próximo 1 de julio, se estrena en Estados Unidos “Sicario 2”, una película con Benicio Del Toro, muchas explosiones y muertos centrada en la guerra contra los carteles de la droga del país latinoamericano.
Pero aunque el éxito internacional de filmes como este demuestran que hay interés en ficción de ese tipo, el verdadero horror que vive México parece importar poco a nivel internacional. ¿Por qué?
“La violencia en México es realmente alarmante y la indiferencia hacia lo que acontece allí es muy grande de parte del resto del mundo”, dice Oscar Arias, expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987 en conversación con BBC Mundo.
De hecho, el país sufre la peor ola de violencia de su historia, con 25.340 homicidios dolosos registrados el año pasado de acuerdo a cifras oficiales. Eso da una media de casi 70 por día.
Y desde que el gobierno inició en 2006 la llamada guerra contra el narco, más de 200.000 personas han muerto en México, buena parte de ellos debido al propio conflicto.
Y todo indica que la situación está empeorando.
Solo en el primer trimestre de este año hubo 6.557 homicidios en el país, según el recuento oficial. Esa cifra es un 13% superior a la registrada en el mismo período del año anterior.
México descubre a sus muertos de las formas más crueles: colgando de puentes, disueltos en ácido, descuartizados…
Hay miles que ni siquiera son hallados: el gobierno admite la desaparición de 32.000 personas desde 2006.
Se ignora cuántas de esas desapariciones son obra de las propias autoridades o de particulares, pero la suma es 10 veces más que los 3.065 muertos o desaparecidos que oficialmente hubo en Chile bajo el gobierno de facto de Augusto Pinochet (1973-1990).
Además, la sangre tiñe la campaña electoral como nunca en la historia moderna mexicana, con 122 políticos asesinados desde septiembre hasta este jueves. Eso supone un aumento de más de 470% respecto al proceso electoral de 2015, según datos de la consultora Etellekt.
Esta realidad probablemente causaría una mayor indignación internacional si ocurriese en otro lado.
Pero parece que a México se lo ve con un prisma particular, como si solo se tratara de una película previsible e inevitable de Hollywood.
No es esta la primera vez que México sufre una oleada de violencia interna que pasa inadvertida en el exterior.
El país vivió una “guerra sucia” en la década de 1970, cuando el gobierno usó tácticas ilegales para combatir a opositores y guerrilleros, como en otras partes de América Latina, pero más solapadamente.
En el marco de la Guerra Fría, EE.UU. guardó silencio mientras se encargaban de la amenaza comunista en su “flanco sur”. Y la izquierda regional, que tenía a México como refugio de muchos de sus exiliados, tampoco dio prioridad al problema.
Ahora México parece soslayado otra vez.
Este mes, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington tuvo como uno de sus temas principales las crisis de Venezuela y Nicaragua, algo comprensible ante las denuncias de graves abusos gubernamentales en ambos países.
Pero, aunque el secretario general de la OEA, Luis Almagro, advirtió en marzo que el ritmo de violencia en México era “absolutamente inaceptable en un proceso electoral” y la organización envió observadores al país, el tema no se trató en su principal foro político.
El canciller mexicano, Luis Videgaray, dijo a la prensa al llegar al encuentro que había preocupación de su gobierno por la violencia, pero negó que las elecciones estuvieran en riesgo.
“México es uno de los mejores sistemas electorales del mundo”, dijo.
Sin embargo, el exsecretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz en 2001, Kofi Annan, advirtió el mes pasado en México que “sin control, la violencia criminal plantea una seria amenaza a las instituciones democráticas y, sin duda, a la democracia misma”.
Y la delegación de la Unión Europea en México emitió un comunicado la semana pasada expresando preocupación por el “nivel de violencia e intimidación” en el proceso electoral del país.
Tampoco el Consejo de Seguridad de la ONU ha abordado la “guerra al narco” en México, en contraste por ejemplo con la frecuente atención que brinda a Haití o Colombia, país este último en el que estableció una Misión de Verificación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.
Las autoridades mexicanas suelen señalar que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en México es menor que en algunas ciudades de EE.UU. o algunos países de Latinoamérica.
Pero la tasa de homicidios en todo EE.UU. es casi cuatro veces menor que en México. Y la violencia rampante en El Salvador, Honduras y Guatemala está vinculada a la mexicana, el narco y la demanda voraz de drogas desde EE.UU.
Brasil también tiene problemas graves de seguridad, pero el asesinato de la concejala Marielle Franco en marzo generó una ola de protestas, con una repercusión global como no tuvo ninguno de los más de 100 asesinatos de políticos y candidatos en la campaña mexicana.
Claro que en el mundo hay otros dramas desatendidos, aunque el caso de México es llamativo y algunos lo atribuyen a una doble vara de medir .
En un artículo publicado en febrero en la revista estadounidense Current Affairs, sus editores Brianna Rennix y Nathan Robinson sostenían que hay una insuficiente cobertura en medios de su país de la violencia diaria en México, que “revela hasta qué punto le asignamos valor a la vida humana según si esa vida se vive en el lado A o en el lado B de una línea geográfica arbitraria”.
Arias cree que la explicación a la indiferencia también pasa por una reticencia de las propias autoridades mexicanas a plantear el problema con más arrojo fuera de fronteras.
“El más interesado en poner estas cosas en el tapete debería ser el gobierno de México; posiblemente lo que más le interesa es pasar la página y que no se discuta en la OEA ni en ningún otro lugar”, dice el expresidente costarricence.
Es cierto que cada tanto algún organismo internacional enciende una alarma sobre México.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió recientemente sobre “fuertes indicios” de que fuerzas de seguridad mexicanas participaron en la desaparición de 26 personas en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había publicado informes sobre la violencia en esa y otras partes de México, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, feminicidio y asesinato de periodistas en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer esta profesión.
La CIDH tiene en México un mecanismo especial para seguir el caso de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa en 2014 y este mes respaldó el fallo de un tribunal local que ordena crear una “comisión de la verdad” para investigar los hechos.
“Me parece que sí hay una creciente atención internacional (en México), por lo menos del sistema de derechos humanos”, dice el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, Jan Jarab, a BBC Mundo.
El gobierno mexicano suele responder a los señalamientos internacionales con promesas de medidas o reformas.
Pero son muchos los que creen la presión del exterior ha sido insuficiente para México.
Ante el reclamo de la ONU por las desapariciones en Nuevo Laredo, el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometió a una investigación de la fiscalía sin proteger a los perpetradores, aunque sean militares de la Marina, como aseguran familiares de víctimas.
Sin embargo, Raymundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sostiene que los desaparecidos allí son más que los documentados por la ONU.
A su juicio, falta voluntad de las autoridades locales para aplicar la ley y solidaridad de la comunidad internacional para actuar en México.
“La situación de inseguridad implicaría tener misiones permanentes de la CIDH, de la ONU o de organizaciones europeas”, dice Ramos a BBC Mundo.
“Es un tema internacional”, agrega. “EE.UU. no presiona lo suficiente al gobierno mexicano para elevar los estándares de protección a los derechos humanos, no con el mismo interés por ejemplo con el que asiste a sus Fuerzas Armadas, intercambiando información en materia de terrorismo o seguridad”.
Pero para que esto cambie realmente, algunos creen que la primera señal al mundo debe surgir desde el propio México. Como dice el viejo refrán, la caridad bien entendida empieza por casa.