Las fuerzas de seguridad de Venezuela cometieron centenares de asesinatos extrajudiciales bajo la excusa de estar combatiendo el crimen, según denunció este viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En un informe, el ente de la ONU cita "estremecedores" testimonios sobre jóvenes asesinados durante operativos oficiales, frecuentemente en barrios pobres, entre 2015 y 2017.
"El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de seguridad por violaciones tan graves de derechos humanos sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en Venezuela", afirmó el alto comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, citado en un comunicado.
El gobierno venezolano se ha mostrado en el pasado muy crítico contra las acusaciones de violaciones de derechos humanos en el país, que tilda de "mentiras".
En esta ocasión, el embajador venezolano ante la ONU, Jorge Valero, consideró que el informe "carece totalmente de rigor científico".
Valero apuntó que el informe está "extremadamente politizado" y que viola "los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los Estados".
Dado que Venezuela le negó la entrada a los investigadores de la ONU, el informe se basa en entrevistas con alrededor de 150 testigos y víctimas realizadas a distancia.
Una parte de las entrevistas con exiliados se realizó en Ginebra, sede del ente.
El organismo además recabó información de las pruebas aportadas por la exfiscal general Luisa Ortega, exiliada después de que fuera destituida el año pasado. El informe sostiene que, después de que Ortega abandonase el cargo, las investigaciones sobre acusaciones de abusos "prácticamente se detuvieron".
En el documento se señala que las supuestas matanzas extrajudiciales fueron perpetradas por funcionarios que participaban en la llamada Operación para la Liberación del Pueblo, publicitada como una iniciativa para combatir el crimen.
Esas fuerzas podrían haber asesinado a más de 500 personas entre julio de 2015 y marzo de 2017 como una manera de presentar resultados positivos en el combate del crimen, indica la ONU.
Las autoridades supuestamente manipularon las pruebas para hacer parecer que las víctimas fallecieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Venezuela atraviesa una prolongada crisis política y económica.
Decenas de manifestantes fallecieron en enfrentamientos durante las protestas antigubernamentales del año pasado.
Este pasado mes de mayo, el presidente Nicolás Maduro fue reelegido en el cargo en medio de las críticas nacionales e internacionales a las elecciones, boicoteadas por parte de la oposición al considerarlas un "fraude".
La ONU también se refirió a esta situación y acusó al gobierno venezolano de no reconocer la profundidad del problema, que ha generado un éxodo de cientos de miles de venezolanos.
"Cuando una caja de pastillas contra la hipertensión cuesta más que el salario mensual mínimo y la fórmula de leche infantil, más que el salario de dos meses, pero protestar contra esa imposible situación puede suponer que acabes en la cárcel, la extrema injusticia de todo esto es brutal", señaló el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein
Hussein sugirió que el Tribunal Penal Internacional también podría involucrarse en la crisis.
A principios de esta semana, Estados Unidos anunció su salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Washington tachó al organismo de "hipócrita" y "egoísta", tras haberle acusado previamente de no actuar contra una serie de países, incluido Venezuela.
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