ONG denuncian ante Corte Penal Internacional que militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Chihuahua
Organizaciones denunciaron ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presuntos crímenes de lesa humanidad, “cometidos por el Ejército Mexicano durante la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) entre los años 2008 y 2010”.
En un comunicado, los grupos ciudadanos señalaron que “integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas”.
Entre las organizaciones firmantes, que respaldan la denuncia, están la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
También el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas, Litigio Estratégico. y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
En su mensaje, detallaron que los “casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil”.
Asimismo, agregaron, “se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura”.
Detallaron que, para presentar su denuncia, analizaron 35 casos, que involucran a 121 víctimas directas de crímenes que cometieron militares en la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua.
“La documentación que presentan las organizaciones da cuenta de una escena criminal en donde los máximos responsables no han sido investigados, procesados o sancionados a la fecha”, apuntaron.
Las organizaciones acusaron que recurren a la Corte Penal Internacional, “ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténtico”.
Aquí puede consultarse el informe completo, de 84 páginas.
