Conagua y el Ejército burlan orden de EPN y excavan pozos en acuífero protegido

Entre los años 2015 y 2016, la Comisión Nacional del Agua autorizó la perforación de seis pozos para regar 492 hectáreas donde el Ejército mexicano cultiva forraje para ganado, en el estado de Chihuahua. Esos pozos, no obstante, fueron excavados en una zona en la que, más de dos años antes antes, el presidente Enrique Peña Nieto prohibió nuevas excavaciones para extraer agua, dada la grave sobrexplotación que sufre el acuífero de la zona, denominado “Meoquí-Delicias”.

Tal como consta en documentos internos del organismo, de los que Animal Político posee copia, para eludir la prohibición establecida por el presidente Peña Nieto, la Conagua alteró diversos expedientes oficiales, para simular que los pozos ya existían antes de la veda declarada en 2013, y por lo tanto ésta no les afectaba.

Dichos procesos legales de adjudicación no sólo fueron eludidos, sino que, al menos el Ejército, simuló que la elección del proveedor fue legal, sin que en realidad cumpliera con los requisitos establecidos.

Santa Gertrudis 

Esa agua asignada al Ejército no provenía de ningún pozo, sino que brotaba de la “Mina de Naica”, y era bombeada por la empresa minera Peñoles hacia la superficie. 

No obstante, en el año 2015, la Mina de Naica se Inundó y las labores de bombeo se redujeron al mínimo, dejando al Criadero Militar Santa Gertrudis sin el volumen de agua que solía aprovechar.

Ese convenio, sin embargo, no tomó en cuenta que, dos años y ocho meses antes, el 5 de abril de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto expidió un “Acuerdo general”, en el que se ordena suspender el “libre alumbramiento” de pozos, en 16 polígonos ubicados sobre el acuífero Meoquí-Delicias.

Esta decisión presidencial fue tomada debido a que, tal como se subraya en el acuerdo de Peña Nieto, “se están realizando sin control extracciones superiores a la recarga de los acuíferos”, lo que, de continuar, “pondría en peligro el abastecimiento seguro de los habitantes de la zona y frenaría el desarrollo socioeconómico”.

Oficio de la Sedena, en la que establece el compromiso con Conagua para excavar seis pozos en el Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua, zona donde estaba prohibido realizar nuevas perforaciones para extraer agua del subsuelo.

Un acuífero a merced de su protector
El 3 de diciembre de 2015, una semana después de que se estableció el acuerdo con el Ejército, el delegado de Conagua en Chihuahua, Kamel Athie, emitió un documento interno denominado “Informe para el director general de Conagua, Roberto Ramírez de la Parra. Avances sobre los compromisos adquiridos Conagua-Sedena”.

Sin que se mencionen las violaciones al acuerdo general del presidente Peña Nieto, este documento establece que, además de construir los seis pozos para el Ejército, la Conagua también se comprometió a “darle sustentabilidad legal” a dichas obras, y en un segundo “informe” (de enero de 2016), se establece que, para lograr ese objetivo, lo que se debe hacer es “convertir” la antigua “dotación” agraria de aguas que brotaban de la Mina Naica, y que el Ejército aprovechaba, en algo distinto: una “concesión” de aguas subterráneas.

Para ello, según el documento de enero de 2016, “la dirección local (de Conagua en Chihuahua) ya inició el proceso de regularización de la DOTACIÓN (sic) para convertirla en una CONCESIÓN (sic) en favor del Criadero (Militar de Ganado Santa Gertrudis)”.

Sin embargo, para que la operación de esos nuevos pozos fuera legal, éstos tendrían que haber existido antes de abril de 2013, es decir, previamente a que Peña Nieto emitiera la prohibición de nuevas perforaciones en la zona, ya que el acuerdo presidencial otorgaba un plazo de 60 días para regularizar aquellos pozos preexistentes.

Consultada al respecto, la Comisión Nacional del Agua aseguró, a través de un escrito dirigido a Animal Político, que los pozos del Criadero Militar son legales, ya que los “usuarios” que en esa zona “efectuaban la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo” con anterioridad al acuerdo de Peña Nieto de abril de 2013, pueden “continuar realizándolo”.

Así, para la Conagua, el Ejército ya contaba con esos pozos antes de que, en 2013, el presidente prohibiera nuevas excavaciones en el acuífero Meoquí-Delicias, y lo único que hacía falta era regularizarlos, “dentro de un plazo que no exceda 60 días hábiles”, contados a partir de la fecha en que Peña emitió su acuerdo.

Dicho trámite, según la Conagua, fue realizado por el Ejército el 13 de junio de 2013, es decir, dentro del plazo fijado en el acuerdo presidencial.

El escrito elaborado por la Conagua y dirigido a Animal Político, indica que el número de expediente asignado a cada uno de esos pozos (que en todos los casos concluye con la clave “13-06-13”) es prueba de que el trámite de registro se realizó el 13 de junio de 2013, ya que, se subrayó, dicho folio “señala la fecha de la solicitud ante la Dirección Local Chihuahua”.

No obstante, la postura pública de Conagua entra en contradicción con otro documento del organismo federal, éste interno, denominado “Informe para el Director General de Conagua. Avances sobre los compromisos adquiridos Conagua-Sedena”, fechado el 8 de octubre de 2016, en el cual, el delegado estatal del organismo, Kamel Athie, reportó a su superior que la verdadera fecha en que el Ejército inició el trámite para la excavación de estos pozos fue el 10 de noviembre de 2015, es decir, cuando la prohibición ya tenía dos años y ocho meses en vigencia.

Documento interno de Conagua, en el que se señalan los números de expediente de los pozos del Criadero Militar. Dichos folios señalaban que su tramitación inició el 10 de noviembre de 2015. Luego, esos folios fueron alterados, para simular que el trámite arrancó en junio de 2013.

¿Cómo hacer legal lo ilegal?
La documentación oficial en poder de Animal Político revela que, para regularizar los pozos del Ejército excavados en zona prohibida, la Conagua realizó un procedimiento singular: alteró las fechas en las que el Ejército inició el trámite, de tal forma que la prohibición de Peña Nieto no les afectara.

El cambio de los folios de expediente, y de las fechas oficiales de inicio del trámite, queda evidenciada por el mismo informe interno de Conagua, elaborado en octubre de 2016.

En dicho informe, firmado por el delegado del organismo federal en Chihuahua, Kamel Athie, se afirma textualmente que la “Sedena ingresó seis solicitudes de Concesión de Aguas Subterráneas al Centro Integral de Servicios de la Conagua, cuyos número de expediente se indican a continuación: CHI-L-3516-10-11-15; CHI-L-3518-10-11-15; CHI-L-3519-10-11-15; CHI-L-3520-10-11-15; CHI-L-3521-10-11-15; CHI-L-3522-10-11-15”. 

Cabe recordar que, según el escrito dirigido por la Conagua a la redacción de Animal Político, el número de expediente “señala la fecha de la solicitud”, lo que confirma que todos estos trámites fueron iniciados por el Ejército el 10 de noviembre de 2015 (10-11-15), y no en junio de 2013.

Pese a ello, cuando a finales de 2016 la Conagua emitió las seis concesiones en favor de los pozos del Ejército, éstos ya no se identificaban con su número de expediente original, sino con folios nuevos, en los que ahora el día de tramitación ya no correspondía a noviembre de 2015, sino al 13 de junio de 2013, es decir, una fecha que quedaba dentro del periodo de gracia que el presidente otorgó a aquellas personas que ya contaban con un pozo operativo, pero no regularizado.

Así, Conagua simuló que en junio de 2013 el Ejército ya contaba con esos seis pozos, y el trámite era sólo para regularizarlos.

No obstante, la documentación oficial que se cruzaron en 2015 y 2016 el subsecretario de la Defensa Nacional, el director nacional de Conagua y el delegado en Chihuahua, revela lo contrario: que para 2013 los pozos no existían, y que éstos fueron tramitados a finales de 2015, y construidos a principios de 2016, cuando la prohibición ya tenía más de dos años vigente.

Destaca un hecho: Conagua autorizó estos pozos para el Ejército, prácticamente al mismo tiempo en que sus especialistas determinaban que el acuífero Meoquí-Delicias pierde 170 metros cúbicos de agua, que ya nunca recupera, cada hora.

Registro de uno de los pozos del Criadero Militar, ya con el número de expediente alterado, para simular que el trámite inició en el año 2013, antes de que se prohibieran nuevas excavaciones en la zona.

Mentiras a flote
Aunque Conagua se negó a conceder una entrevista para hablar de las irregularidades detectadas en estos pozos, en el escrito que dirigió a la redacción de Animal Político se establece que dicho organismo federal ignora cómo fueron pagadas las obras. 

De hecho, Conagua subraya en su escrito que la información financiera sobre la construcción de estos pozos “no obra en los expedientes (del organismo), ni tiene por qué hacerlo”.

Sin embargo, nuevamente la postura pública de Conagua contradice los que se señala en los informes internos que su titular recibió a lo largo de 2016, según los cuales, este organismo no fue sólo el encargado de autorizar y “dar sustento legal” a los pozos excavados en zona prohibida, sino que también se encargó de pagar su perforación.

En octubre de 2016, por ejemplo, en el “Informe” dirigido por la dirección regional de Conagua al director general del organismo, Roberto Ramírez de la Parra, se establece que “el presupuesto estimado para la construcción, equipamiento, interconexión y conducción de los 6 pozos fue de 25 millones de pozos”, aunque también se reporta que hubo gastos no previstos, “lo que nos llevó a tener el presupuesto real que se requiere, siendo de 34 millones 825 mil 533 pesos, IVA incluido”. 

En ese documento, el encargado regional de Conagua en Chihuahua, Kamel Athie, informa a su superior que, dado el incremento en los costos, “se están realizando los trámites para la ampliación (del presupuesto para la obra) por el 24% (más de lo que se tenía previsto), ante la Secretaría de Hacienda, para pagar el faltante el próximo año”.

Según el documento de Conagua del que Animal Político posee copia, este organismo federal sí fue el encargado de pagar las obras, por lo cual, legalmente está obligado a reportar esos gastos y conservar en sus archivos la información relativa, lo cual, tal como se informó oficialmente, no pasó.

Cabe destacar que, por su costo (34 millones de pesos), la excavación de esos pozos debía otorgarse a la empresa que ganara una licitación pública, con la oferta más baja, o al menos debió realizarse un proceso de licitación pública. 

Para eludir ese proceso, sin embargo, la dirección regional de Conagua propuso a la dirección general del organismo alegar causas de “seguridad nacional” para entregar la obra por adjudicación directa, es decir, de forma discrecional.

De hecho, el director regional de Conagua, Kamel Athie Flores, reportó a su titular (el 3 de diciembre de 2015), que la obra podía iniciar antes de que se obtuvieran los recursos, e incluso antes de que se formalizara el procedimiento de adjudicación, ya que, aseguró el funcionario en su informe, “debe destacarse que existen empresas en el estado (de Chihuahua) que pueden iniciar los trabajos señalados bajo la promesa de pago”.

 Informe interno de Conagua, del 3 de diciembre de 2015, en el que se propone entregar las obras a empresas privadas, aún antes de que se definiera el proceso de adjudicación.

Empresas amigas
Al analizar la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó que en ese año, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó 17 millones de pesos, para instalar en los campos del Criadero Militar Santa Gertrudis un sistema para regar el agua extraída de los seis pozos excavados, dinero que también se entregó a empresas privadas, sin que se diera previamente el proceso legal de adjudicación.

La Auditoría, de hecho, no sólo detectó que el Ejército eludió este proceso, orientado a obtener los mejores precios de mercado, sino que, además, concluyó que el instituto armado simuló que dicho proceso legal sí se había realizado.

La Auditoría demostró este intento de engaño por parte del Ejército, luego de percatarse de que la empresa proveedora dio cursos de capacitación al personal militar, para el uso del sistema de riego instalado, antes de que formalmente se solicitaran cotizaciones a a los diversos proveedores existentes.

Es decir, el Ejército primero entregó los trabajos a una empresa elegida discrecionalmente, y para ocultar ese procedimiento irregular, luego escenificó una supuesta convocatoria a proveedores para seleccionar al mejor postor.

Tras detectar este proceso irregular, la Auditoría concluyó que “antes del inicio del procedimiento (para elegir a la empresa con los mejores precios), ya se había seleccionado al proveedor con el que se llevaría a cabo la compra, y ya se habían adquirido los bienes”.

Cuando la Auditoría le pidió al Ejército que explicara esta irregularidad, el instituto armado le notificó que “debido a la suspensión en el suministro de agua que abastecía en esta zona, el Criadero Militar de Ganado se coordinó con algunas instancias estatales y federales, para materializar un proyecto de exploración, perforación y equipamiento de seis pozos (…) y con el fin de no perder el ciclo agrícola del año 2016, por falta del suministro del vital líquido, en forma paralela a la perforación y equipamiento de pozos, el Criadero Militar decidió coordinar la entrega anticipada e instalación de los sistemas de riego, sin efectuar pago alguno hasta la firma del contrato correspondiente”.

Es decir que el Ejército no sólo admitió haber simulado el proceso de legal adjudicación, sino que, además, reconoció ante la Auditoría que los pozos no existían desde 2013 (como afirma Conagua), sino que fueron planeados y excavados en 2016, cuando en la zona ya estaba prohibido alumbrar nuevos puntos de extracción de aguas subterráneas.

Para conocer la postura del Ejército en torno a todas estas irregularidades, Animal Político solicitó entrevista con un representante oficial, desde hace una semana. Dicha petición no obtuvo respuesta favorable.