Asamblea Legislativa de la CDMX solicita auditorías sobre contratos otorgados a empresas fantasma
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México solicitó a la Auditoría Superior capitalina investigar los contratos otorgados directamente a empresas fantasmas o irregulares, casos que mostró una investigación de Animal Político.
“Hemos solicitado a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, auditen exhaustivamente los contratos señalados, con el propósito de que sean los órganos internos y externos de control, quienes lleven a cabo dichas revisiones, y, en su caso, se deslinden las responsabilidades administrativas correspondientes”, indicó la ALDF.
A través de un oficio firmado por Leonel Luna, diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno; Jorge Romero Herrera, secretario de la Comisión de Gobierno de la ALDF; Guillermo Sánchez Torres, Oficial Mayor de la ALDF, y Adolfo Riebeling Montiel, director general de Administración, el tesorero General de este órgano legislativo, Pablo Trejo Pérez, solicitó la “revisión detallada de los contratos adjudicados” a empresas inexistentes o irregulares que han recibido contratos millonarios firmados por ellos.
En el 2016, la ALDF otorgó a través de adjudicación directa más de 37 millones de pesos a cinco empresas que dieron domicilios falsos o que fueron desmantelados; 21 millones de pesos a otras tres empresas instaladas en casas particulares, o en oficinas sin empleados ni infraestructura.
Al ser cuestionados sobre este tipo de irregularidades, el Tesorero de la institución y el Oficial Mayor, cuyas firmas aparecen en todos estos contratos, no supieron contestar por qué se le estaba dando dinero público a este tipo de compañías ligadas, incluso, a empresas clasificadas como fraudulentas, como es el caso de Servicios Publicitarios Graicy, originalmente ubicada en el mismo domicilio fiscal de Servicios y Asesorías Profesionales Ying Yang, colocada en la lista de empresas “presuntas fantasma” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el oficio TG/VIIL/0804/2018 los contratos millonarios que serán revisados por David Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México son: los otorgados a Servicios Publicitarios Graicy, S.A. de C.V. para realizar el “Estudio Sociopolítico de la Ciudad de México con miras a definir la Agenda Legislativa 2016”, y la “Agenda de Riesgos”, cuyo montos ascienden a 8 millones 352 mil pesos y a 8 millones 120 mil pesos.
El convenio de colaboración firmado por Leonel Luna y otorgado al Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y Asociados, S.C., con el fin de realizar un “Diagnóstico y Evaluación”, cuyo monto fue de 4 millones 988 mil pesos; y el contrato otorgado a Servicios y Administraciones JRS S.A. de C.V., para realizar un “análisis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con motivo del Centenario de su promulgación”, cuyo monto fue de 4 millones 176 mil pesos, también serán revisados por el Auditor Superior.
La Comisión de Gobierno también solicitó la auditoría de los contratos otorgados a Grupo Jimto, a Comercializadora y Servicios Alaze, SAMP Agencia Publicista de Medios, a Rehesa Consultoría para digitalizar el archivo de la ALDF y los pedidos a Grupo Oryaze.
La revisión fue solicitada con el fin de “deslindar cualquier responsabilidad que pudiera resultar”, y luego de “una publicación emitida por un medio de comunicación”.
Respuesta de la ALDF
En la totalidad de los casos mencionados en el reportaje, aseguró la ALDF, “existen los instrumentos legales que les dan origen a los contratos, siguiendo todo el proceso hasta contar con el bien o servicio contratado”.
Esto es, agregó, “desde que quien presta los servicios se encuentre debidamente registrado en el Padrón de Proveedores, cuente con sus Actas Constitutivas, presente su comprobante de domicilio, este inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, presente las Fianzas requeridas para garantizar el cumplimiento de cada contrato, entregue sus Anexos Técnicos, hasta lo más importante, que es el producto de los trabajos contratados (entregables)”.
Ya que ocurren los pasos anteriores, indicó la ALDF, “se tramita el pago correspondiente, y, en ese proceso, se verifica que la factura esté debidamente validad por el Servicio de Administración Tributaria”.
En el caso de la contratación del Centro de Investigación Socioeconómica Global S.C., la Asamblea aseguró que se encuentra debidamente soportado por un acuerdo de la Comisión de Gobierno de la ALDF, de fecha 19 de febrero de 2016, en el que se mandata a las Unidades Administrativas Correspondientes, llevar a cabo la celebración de este Convenio de Colaboración, atendiendo en todo momento a lo establecido en la normatividad en la materia”.
A continuación puedes leer la revista completa:
