Durante las últimas dos décadas nunca hubo tanto dinero en efectivo circulando en México en los meses de febrero y marzo como durante este 2018.
El país registró un aumento de 43.000 millones de pesos en los billetes y las monedas que están en poder del público, según los registros del Banco de México (Banxico), la entidad emisora de moneda.
Se trata de un fenómeno que, con variantes, tiene una notable coincidencia: en los periodos en que hay campañas electorales se incrementa el dinero en efectivo que circula en el país.
Así se puede comprobar a través de los registros de base monetaria y dinero circulante, llamado técnicamente M1, que Banxico publica periódicamente.
Para los observadores que vigilan los recursos públicos que usan los partidos políticos en México, existe una correlación entre el dinero que circula en el país con las campañas electorales.
“El dinero puede ser determinante en una campaña, tanto federal como local, si se trata de una contienda cerrada. Si el puntero y el segundo lugar no están tan separados, el dinero sí puede ser determinante”, le dice a BBC Mundo la investigadora Ximena Mata, de la consultora Integralia.
Esta ONG ha documentado a través de los registros de Banxico y solicitudes de acceso a información pública el fenómeno del incremento de circulación de efectivo en periodos electorales.
“El aumento es desproporcionado y sale de los patrones normales de demanda de dinero”, afirma la consultora.
Aunque no solo las elecciones explican los aumentos en años con elecciones federales y locales, el uso de efectivo para movilizar campañas políticas ha generado alarma entre las autoridades.
Según estas, la infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas es un problema cada vez más frecuente y la política no es la excepción. Y el combate al financiamiento ilegal de campañas no es fácil.
“A diferencia de otros países en que se confía en los policías y los fiscales, aquí hay una gran desconfianza en las autoridades y no hay muchas facilidades para hacer investigaciones, menos tratándose de recursos financieros”, le dice a BBC Mundo Germán Castillo, director de Averiguaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
En los meses previos a las últimas tres elecciones por la presidencia (2000, 2006, 2012), los datos de Banxico muestran un notable aumento del efectivo que circula en el país.
En 2012, cuando el actual presidente Enrique Peña Nieto fue electo, hubo un incremento del efectivo de 37.374 millones de pesos (unos US$2.670 millones en aquel momento).
Como los datos muestran, en años en los que no hubo elecciones federales se dio incluso una disminución del efectivo circulante.
En 2016 no hubo comicios federales, pero sí de 12 gubernaturas -incluido el Estado de México, el más poblado del país-, lo que según Integralia influye en el aumento.
En el caso de las elecciones intermedias (2003, 2009, 2015) solo se aprecia un incremento de alrededor de 28.950 millones de pesos en 2015 (cerca de US$1.846 millones al tipo de cambio de ese momento).
Integralia atribuye la disminución de unos 7.600 millones de pesos circulando en 2009 a la crisis que atravesaba la economía mundial.
En épocas de campañas estatales, los aumentos regionales del efectivo circulando son incluso más grandes que los que se registran a nivel federal.
El Banco de México indica que hay múltiples factores que generan el aumento del efectivo circulante, desde el crecimiento de la economía hasta las gratificaciones de fin de año que recibe la gente.
“El incremento de los salarios propicia que la gente tenga más dinero y demande mayor cantidad de bienes y servicios. Cuando aumenta el precio de los bienes y servicios, las personas necesitan más billetes y monedas”, explica Banxico.
En abril, mayo, noviembre y diciembre hay un incremento de efectivo debido a los periodos vacacionales y el gasto de los consumidores para las festividades.
Sin embargo, Integralia ha documentado cómo las elecciones son un importante factor en este fenómeno.
Desde la propia organización de las elecciones a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) hasta las actividades proselitistas de cada partido, el dinero en efectivo es clave, puntualiza Ximena Mata.
“También cuando concluye un sexenio, generalmente los gobernantes terminan sus obras más importantes y ahí es donde se nota un gran aumento en el efectivo”, le dice la investigadora a BBC Mundo.
En México, los partidos políticos funcionan a través del financiamiento público. Los donativos privados no pueden ser superiores al 10% del tope de gastos de campaña de la elección presidencial.
En 2006 los partidos nacionales recibieron 4.171 millones de pesos (US$369 millones de ese año), en 2012 el monto fue de 5.142 millones (US$362 millones de hace seis años) y para 2018 la suma es 6.702 millones (US$356 millones actuales), según cifras oficiales.
El tope de gastos de las campañas presidenciales es de 429 millones de pesos (US$23 millones). Rebasar en más del 5% ese monto es motivo de descalificación.
“Hoy cualquier candidato o campaña se cuida demasiado de no rebasar esos topes. Entonces el dinero en efectivo es una herramienta que permite hacer pagos por encima de la ley“, considera Ximena Mata, de Integralia.
Los partidos comprueban ante el INE los gastos en contratación de personal, publicidad, organización de mítines, compra de material de propaganda, logística, entre otros muchos rubros.
Valeria Moy, una investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), viajó a Chiapas -uno de los estados más pobres del país- en donde supo de primera mano cómo se da el uso del efectivo para fines proselitistas.
“Lo que me cuenta la gente es que ahí esperan las elecciones porque a todo mundo le dan dinero. Les llueven cosas y les llueven ofertas para que voten por un candidato o por otro”, le dice Moy a BBC Mundo.
“En épocas electorales se dan todas las suertes de ‘regalos’ a la población para pedir el voto. Me parecería que es como tapar el sol con un dedo pensar que no se compra el voto”, considera.
Desde Integralia han identificado cómo operan las campañas y el uso que le dan al efectivo.
“Si una campaña necesitan gastar mucho más dinero para sus eventos, mítines, y rebasan el tope que tienen por ley, requieren dinero en efectivo para no dejar rastro de dónde vino y hacia dónde fue ese dinero“, dice Mata.
“Se necesitan grandes cantidades de efectivo para pagar todas estas actividades que, por un lado pueden estar prohibidas por la ley, como la compra del voto; o actividades que rebasan los topes de campaña”, añade.
Moy señala que otra importante fuente del flujo de efectivo es la de los programas sociales de los gobiernos, principalmente los locales.
“Lo que me decía la gente en Chiapas es que los gobernadores y los presidentes municipales crean más y más programas sociales, no para resolver la pobreza, sino simplemente para tener más efectivo. Hay un uso como mecanismo de premios y castigos”, apunta.
Representantes de los partidos políticos que hablaron con BBC Mundo aseguraron que la fiscalización del INE es la más estricta de los últimos años.
También coincidieron en que las donaciones privadas que reciben son transparentes, pues generalmente se realizan a través del sistema bancario auditable y la ley no les permite que esta fuente de recursos sea mayor al 10% de sus gastos.
Tonatiuh Medina, representante del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) -aliado en 2018 con Nueva Alianza y el Partido Verde-, reconoció que “echar a andar las campañas” inyecta un flujo de capital importante en periodos electorales.
“Deriva del acercamiento que tenemos con los proveedores, de lo que compramos, de lo que se produce. Y no quiero decir que no exista la posibilidad del dinero negro”, dice.
Sin embargo, asegura que desde su partido se mantiene dentro del marco legal: “Una mala decisión en el uso de efectivo te puede sacar de la elección, puede anular la elección“, dice Medina.
Desde el opositor partido Morena -aliado con el Partido del Trabajo y Encuentro Social-, Jaime Castañeda afirma que el efectivo manejado “por fuera de las campañas” ha sido un problema de la última década, además de que “provoca un mayor riesgo de inyección de financiamiento ilegal“.
“Los gobiernos a través de los programas sociales y los poderes fácticos mueven los recursos y eso provoca el mayor circulante de efectivo, además de que también por vía legal está la posibilidad de que los partidos muevan el flujo de efectivo”, señala.
Y completa: “El pago de representantes de casilla es un flujo importante y su última etapa se hace en efectivo necesariamente, no puede ser de esa manera”.
Julio César Cisneros, del Partido de la Revolución Democrática -aliado con Acción Nacional y Movimiento Ciudadano-, advierte que el problema a combatir es el uso de dinero en efectivo sin justificar ante las autoridades.
“Lo que yo veo problemático es el manejo de otros partidos de dinero que no reportan al INE el cual no es fiscalizado“, precisa.
Considera que las normas de fiscalización funcionan, pero no puede abarcar todo: “No es culpa del sistema, sino ya es problema de cada quien, de lo que se esté haciendo”.
La labor del fiscal Germán Castillo es investigar los delitos electorales como las denuncias de financiamiento ilícito de campañas. Las leyes sancionan con penas de cárcel de hasta 15 años a los actores políticos que incurran en esos delitos.
Pero el funcionario reconoce que es muy difícil seguirle el rastro al uso ilegal de dinero en efectivo, por las limitaciones de la ley, pero principalmente por la falta de evidencias que deja el uso de efectivo.
“Necesitamos datos que los denunciantes aporten. Al ser dinero en efectivo, no se puede acudir a las instituciones para rastrear el dinero”, explica Castillo.
“Muchas veces es la flagrancia lo que buscamos, detener a las personas en posesión de dinero. Pero para eso necesitamos denuncias, y en una situación (de inseguridad) como la que vive México, no es fácil, nadie quiere ser testigo”, señala.
Además, el uso de efectivo no solo se refleja en las actividades proselitistas, sino que también favorece la infiltración del crimen organizado en las campañas.
Los términos “narcoalcalde”, “narcodiputado”, “narcogobernador” se han introducido al lenguaje cotidiano de México dados los múltiples casos de políticos que llegaron a sus cargos con apoyo de bandas de criminales.
Tanto analistas como autoridades dicen que no solo se puede atribuir el aumento del efectivo a las elecciones, pero determinar cuánto dinero se usa en las campañas y su procedencia es uno de los grandes retos electorales de México.
En periodos de electorales “hay seis veces más flujo de efectivo en las entidades federativas que cuando no hay campaña”, advirtió en abril ante los diputados el extitular de la Fepade, Santiago Nieto.
“La corrupción empieza en las campañas electorales, en las componendas entre partidos políticos y gobiernos para desviar recursos, en empresarios que financian campañas a cambio de contratos en el ejercicio gubernamental, o en los propios grupos de presión y de interés que para posicionarse en los órdenes siguientes lo que hacen es invertir recursos en las campañas”, dijo.
Por eso planteó la necesidad de que instituciones como el INE, la Fepade, Banxico, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que en estas elecciones buscarán realizar una “fiscalización en tiempo real” para combatir el “el financiamiento opaco e ilícito”.
“Hay más cargos en disputa, más dinero invertido en la política, más candidatos que nunca. Y todo deberá fiscalizarse en menos de 40 días”, señaló Córdova el mes pasado.
La labor, como dijo, es “monumental”: en 2018 hay casi 20.000 candidatos para cubrir 2.691 puestos de elección popular.
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