Partidos financian ilegalmente sus campañas; gastan hasta 10 veces más de lo permitido
En promedio, por cada peso que reporta como gasto un candidato a gobernador, se gastan otros $15 que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce, de esta forma los aspirantes a una gubernatura gastan hasta 10 veces más que el tope legal. Es decir, en lugar de ejercer 46.8 millones de pesos llegan a utilizar hasta 470 millones de pesos.
Lo anterior es parte del estudio “Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México”, creado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y cuyos resultados fueron presentados este martes. Para su realización se llevó a cabo una investigación en la que se entrevistaron a más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.
El estudio plantea que el “sistema de financiamiento público de partidos y campañas que nació en 1996 ha fracasado en combatir la influencia del dinero ilegal (…) por lo que se requiere recomponer el sistema de pies a cabeza. Una reforma electoral ‘base cero’”.
De acuerdo con el estudio, las principales fuentes de financiamiento ilegal de los candidatos son: el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado.
La manera de lograr ingresos por medio del desvío de recursos, es a través de: la recaudación del efectivo que no ingresa a las tesorerías; el uso de facturas apócrifas; las adjudicaciones directas y subcontrataciones forzosas con sobrecostos; los descuentos de nómina, entre otros.
Por otra parte, el financiamiento privado ilegal implica la comisión de delitos como el lavado de dinero; la defraudación y evasión fiscal; simulación de operaciones a través de empresas fantasma; cobertura ilegal de medios, entre otros. El dinero conseguido de estas actividades se entrega a las campañas en efectivo o en especie. Puede ser de dos formas, de manera directa al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación.
En tanto que el principal destino del dinero ilegal utilizado por los partidos y candidatos en las campañas es el clientelismo electoral, o en otras palabras: la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura en medios.
Otro de los hallazgos del estudio es que entre 2016 y 2017, a pesar de que los candidatos que contendieron por gubernaturas reportaron que solo gastaron el 32.8 % del tope de las campañas, el INE detectó que en realidad superaron el tope por un 19 %, dinero que no había sido declarado por los aspirantes.
Las irregularidades son comunes pues cada estado “pone sus reglas sobre cuánto puede gastarse como gasto de campaña”. Por ejemplo, mientras en Quintana Roo los candidatos pueden gastar solo 4.44 pesos por persona que integre su campaña, en Sonora pueden hacer uso hasta de 65 pesos por persona. Esta situación incentiva “que el gasto real se esconda o que no importe porque el tope es muy alto”.
Los casos que ejemplifican las irregularidades en el uso del dinero son las campañas de los entonces candidatos a la gubernatura del Estado de México.
El INE detectó que entre los cuatro aspirantes se gastaron durante sus campañas 170 millones de pesos que no fueron reportados.
Según el estudio, la panista Josefina Vázquez Mota gastó 95 millones de pesos aunados a otros 52 mdp que no reportó. El priista Alfredo del Mazo, actual gobernador mexiquense, gastó de forma legal 116 mdp, pero después se detectaron otros 50 mdp que no reportó. El perredista Juan Zepeda gastó 56 mdp y otros 47 mdp que no reportó. Y Delfina Gómez, representante de Morena gastó 122 mdp y no reportó el uso de 8 mdp.
Ante el INE, ninguno de los candidatos rebasó el tope estipulado que era de 292.92 millones de pesos, pero hicieron uso de dinero no reportado cuya procedencia no se explica.
El INE ha tomado medidas ante el hallazgo de estas irregularidades, pues en el mismo periodo (2016-2017) el 44 % del total de las sanciones impuestas han sido por la omisión de los reportes de gastos extras.
La situación puede ser más grave en la actualidad, pues para 2018 los partidos políticos recibieron 15 % más de presupuesto que en 2012, en total cada uno dispone de 11 millones 843 mil pesos.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad argumenta que este estudio, por primera vez, analiza y documenta las modalidades mediante las cuales fluye dinero público y privado hacia las campañas políticas y los usos de ese dinero.
El objetivo del mismo “no es la denuncia de hechos, personas o partidos, sino sacar a la luz el modus operandi de una práctica corrupta que está socavando los cimientos de legalidad y equidad de las elecciones en México”, plantean.
Para revertir la situación Mexicanos contra la corrupción propone una serie de medidas entre las que destacan:
- Revisar la fórmula de financiamiento ordinario y para campañas de los partidos políticos a nivel nacional y estatal con una metodología “base cero” que permita empezar de nuevo con preguntas simples, pero básicas: ¿Cuál es el objetivo central del sistema de financiamiento de partidos? ¿nivelar la cancha de juego? ¿garantizar la independencia financiera de los partidos? ¿Cuál es el nivel óptimo para evitar la entrada de dinero ilegal en las campañas? ¿Cuál es el costo real de una campaña en México?
- Examinar los límites al financiamiento privado considerando sus aspectos positivos y riesgos.
- Definir nuevos criterios para estimar los topes de campaña, con base en una estructura de costos realistas y una visión del tipo de campañas deseables para la democracia mexicana.
- Homologar las fórmulas de topes de gastos de campaña en el orden local.
- Crear procesos de fiscalización que no sólo se activen en épocas electorales y, sobre todo, que no dependan exclusivamente del INE.
- Hacer pública la lista de proveedores y contratistas de los gobiernos locales, así como contar con plataformas nacionales para conocer el historial de cada uno, los socios y su desempeño, incluyendo la variación del precio final del contrato respecto al presupuesto original.
- Vigilar y auditar los gastos en los rubros de comunicación social de todos los órdenes de gobierno.
- Revisar la tipificación y sanción de las conductas delictivas electorales como el uso de recursos ilícitos en las campañas, y para esto crear juzgados especializados en materia penal electoral.
El estudio “Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México” está coordinado por María Amparo Casar, Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, con el apoyo de investigación de Ximena Mata Zenteno y Leonardo Núñez González.
