Un juez de la Ciudad de México encontró indicios razonables en las investigaciones de la Fiscalía de Veracruz para abrir procesos en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por tres nuevos delitos y ordenó que el exgobernador permanezca preso en el Reclusorio Norte.
Además ordenó 6 meses de investigación complementaria para que tanto la Fiscalía de Veracruz como la defensa reúnan las pruebas que consideren convenientes.
De la misma forma, el juez negó la petición de la Fiscalía de Veracruz de procesar a Duarte por 4 delitos más al considerar al considerar que estos delitos ya se enmarcaban en el de peculado y no se justificaba abrir nuevos procesos por ellos.
Los nuevos procesos que el juez Júpiter Lopez Ruiz ordenó que se abrieran contra Javier Duarte están relacionados con dos hechos. El primero es el presunto desvío de 220 millones de pesos de la comisión de agua del estado hecho por el cual el juez abrió proceso por peculado.
El segundo hecho es el uso ilegal de un helicóptero de Veracruz luego de haber pedido licencia y el no haber entregado nunca formalmente los bienes y demás elementos de su administración al gobernador interino. Por este caso, el juez ordenó que se inicie proceso por los delitos de tráfico de influencia e incumplimiento de un deber legal.
Al finalizar la audiencia el abogado defensor de Javier Duarte, Ricardo Reyes Retana, dijo que éste no era el resultado que esperaba aunque consideró positivo que los procesos nuevos quedaran abiertos por 3 y no por 7 nuevos delitos como pretendía la Fiscalía de Veracruz. También anunció que estudiarán si apelan o interponen un amparo en contra de esta nueva determinación.
Durante la audiencia, que tuvo una duración de 3 horas, Javier Duarte solo habló una vez al final de esta para preguntar al juez: “Juez entonces solo para que le quede claro. Se me está vinculando a proceso solo por 3 de los 7 delitos nuevos que se me querían imputar” y el juez le respondió que sí.
Durante la audiencia realizada en la Sala 1 del edificio de juzgados orales en el Reclusorio Norte, el equipo de abogados de Duarte intentó desvirtuar la imputación del desvío de 220 millones de pesos argumentando “mala fe” del Ministerio Público al haber incluido oficios presuntamente falsificados como datos de prueba en el caso.
En particular los abogados se refirieron a dos oficios con los números 1347 y 1750 a través de los cuales el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac habría ordenado – bajo presuntas órdenes de Duarte – al director de la Comisión de Aguas del Estado que transfiriera como “préstamo” 220 millones de pesos hacia una cuenta de Veracruz.
Los abogados sostuvieron que en la carpeta de investigación de la propia Fiscalía hay un examen de un perito en grafoscopía que analizó las firmas en ambos documentos y concluyó que las firmas plasmadas en ellos no corresponden a las del exsecretario de Finanzas Mauricio Audirac.
Y aunque el propio Audirac luego declaró ante el MP que el sí ordeno dichas transferencias por “órdenes personales de Duarte,” los abogados dijeron que esto era “contradictorio” pues fue el propio exfuncionario (hoy también procesado en Veracruz) quien en su momento aportó el dictamen pericial donde se señala que las firmas no son suyas.
“Esta es una postura claramente contradictoria y por lo tanto es un testimonio que carece de validez” dijo uno de los defensores que además insistió en que no hay otras pruebas que – a su juicio – sostengan que Duarte ordenó esa transferencia.
Pese a esto el juez sostuvo que los argumentos expuestos por la defensa se tendrían que desahogar en un juicio oral pero que, en esta fase inicial de vinculación, lo que se requiere es corroborar que el hecho existió y que el imputado pudo haberlo cometido.
“Aquí no se le está declarando culpable o inocente, eso hay que aclararlo. Peor lo que es real es que sí existió esa transferencia de recursos que refiere el Ministerio Público y que no se usaron para lo que tenían un fin. Tan es así que hubo 97 obras que quedaron inconclusas (…) de ahí que hay indicios razonables de que usted pudo cometer estos delitos” dijo el juez dirigiéndose a Duarte.
Al finalizar la audiencia los fiscales solicitaron al juez 3 meses de investigación complementaria para redondear su caso, pero los abogados defensores solicitaron que este plazo fuera de 6 meses, lo que fue concedido por el juez. En este lapso ambas partes reunirán las pruebas que consideren pertinentes para, en el caso del MP formular la acusación formal que permite ir a juicio y, en el caso de la defensa, para desvirtuarlo.
En entrevista al término de la audiencia el fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, se dijo satisfecho de la determinación del juez de haber vinculado a proceso para Duarte y restó importancia al hecho de que en el caso del desvío de los 220 millones de pesos el juez solo haya vinculado al exgobernador por uno de los cinco delitos.
“El juez lo que hizo fue autorizar la investigación complementaria por el delito de mayor gravedad que es el de peculado pero eso no implica que, al momento de formular la acusación, no se pueda vincular a Duarte a proceso por peculado o por alguno de los otros delitos que contemplábamos inicialmente” dijo el fiscal.
Cuestionado sobre el destino final que pudieron haber tenido los 220 millones de pesos transferidos ilegalmente a una cuenta del gobierno del estado que luego fue cerrada, el fiscal dijo que están trabajando en ese seguimiento.
“El saqueo existió. La cuenta del gobierno a donde fue enviado el dinero fue saqueada y luego cerrada porque ya no había nada, no tenía fondos (…) para qué se habría usado ese dinero es algo que estamos investigando. Solicitaremos dictámenes contables forenses para tratar de seguir ese rastro” dijo.