Revés para Duarte: juez autoriza a PGR obtener nuevos datos bancarios de 23 empresas ligadas al caso
Un juez federal autorizó hoy una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), nuevos datos bancarios de 23 empresas y un contador presuntamente ligados con operaciones de lavado de dinero que se le imputan al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Apenas en enero pasado la PGR había fallado en obtener del mismo juez, Gerardo Moreno, un permiso similar debido a que los datos de cuentas que solicitó en aquella ocasión ya habían sido recabados previamente sin orden judicial. Sin embargo, esta vez los fiscales comprobaron que se trataba de nueva información surgida de la investigación.
La decisión ocurrió tras una audiencia de casi dos horas solicitada por la PGR y en la que estuvieron presentes tanto Javier Duarte como el contador Javier Nava Soria, ambos actualmente presos en el Reclusorio Norte. El exgobernador y el contador, con el apoyo de sus abogados, intentaron sin éxito que el juez no autorizara estos datos.
La fiscal del MP, Nelly Nabor Alvarado, explicó en la audiencia que a partir de la declaración de Alfonso Ortega (abogado implicado en el presunto lavado de dinero que se imputa a Duarte) y de información aportada por el gobierno de Veracruz, se consiguió identificar un nuevo grupo de empresas que habrían triangulado más de 200 millones de pesos que terminaron en cuentas de una empresa a nombre de Ortega.
Se trata de las compañías Billonario S de RL; Araxaxa Comunicaciones; Asesores Kreativos Lorsac; Diseños Ucumar; Heathy Strategies MDSO; Medica Laboratory; Permasi Construcción; Servicio de Salud y Estrategia; Duasol Comercializadora; Pasión Corporativa; Inmobiliaria Cartujano; Blake Estrategia; Yucada Construcciones; Rianer; Miasiames; Vetsco; Farmacias de Genéricoos; Evolución de Diseños Arc; Galia; Farmacias Genéricos; Aglomerados de Concretos de Papaloapan; y Construcciones Papaloapan.
Estas empresas, detalló la fiscal, recibieron recursos de otro grupo de empresas fantasma que fueron proveedoras del gobierno de Veracruz e hicieron depósitos a Terra Inmobiliaria, empresa de Ortega, que a su vez lo invirtió en la compra de terrenos ejidales sobrevaluados en Campeche para así ocultar su origen, según lo declarado por el propio Ortega.
En ese sentido los fiscales explicaron que es necesario obtener, a través de la CNBV, los números de cuentas bancarios, contratos de apertura, estados de cuenta y documentos de operaciones de todas las empresas mencionadas para el periodo del año 2010 a 2016, con el objetivo de documentar esos movimientos y a su vez rastrear otros más.
A su vez, la funcionaria de PGR también solicitó al juez su aval para obtener de los datos de una cuenta de Nava Soria abierta en el banco CIBanco y a través de la cual también se habrían triangulado recursos de origen público, en complicidad con Juan Janeiro, presunto prestanombres de Duarte.
Tras analizar estas peticiones, el juez Gerardo Moreno consideró que ambas concordaban con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que excepcionalmente se puede romper el secreto bancario cuando se trate de personas físicas o morales inmersas en una investigación criminal.
Defensa fallida
Los abogados de Javier Duarte y Javier Nava, y los propios imputados intentaron sin éxito que el juez rechazara –tal como ocurrió en enero pasado– la petición de estos datos bancarios a la CNBV.
El abogado Ricardo Reyes Retana, defensor de Duarte, señaló en sus intervenciones que la petición de la PGR no se encuadraba en la excepción del artículo 142 de la mencionada ley, pues ninguna de las empresas señalada estaba acusada dentro del proceso que se sigue por lavado de dinero y crimen organizado en contra de su cliente.
Además, el defensor sostuvo que la Procuraduría intentaba obtener “de forma indiscriminada” datos bancarios de un amplio número de empresas sin que sus apoderados hubieran sido buscados o citados al menos como testigos.
Tras ser preguntarle si tenía algún comentario, Javier Duarte trató de cuestionar el fondo del caso argumentando que “no entendía” qué habían hecho de malo las empresas. “Se investiga a empresas que fueron contratistas del gobierno de Veracruz y si realizaron el servicio o entregaron lo que tenían que entregar no entiendo cuál es el tema. Una vez que se les paga pueden hacer con su dinero lo que quieran”.
Por su parte, el abogado Israel Trujillo Márquez –defensor de Nava– cuestionó también el hecho de que se intentara romper el secreto bancario de empresas que no están acusadas hasta el día de hoy en el proceso. Además subrayó que en el caso de su cliente ya se habían solicitado antes datos bancarios.
En su respuesta a la defensa, el juez Gerardo Moreno sostuvo que si bien, la excepción que contempla la ley para romper el secreto bancario debe aplicarse a sujetos blanco de una investigación, recalcó que si aplicara esa limitante de forma tan estricta no sería posible desarrollar investigación alguna. Además, dijo que la obtención de los datos bancarios es un hecho que convendría a todas las partes.
“Si llegado el momento del juicio el Ministerio Público sostiene que el dinero se traspasó de la empresa A a la empresa B, ustedes como defensa preguntarían que donde está el documento que sustente eso. De ahí la importancia que se recaben”, argumentó el juez.
Sobre el planteamiento hecho por el exgobernador Duarte, el juez subrayó que se trata de temas de fondo que no corresponden a la actual fase del proceso y que, en todo caso, son asuntos que se desahogarían en el juicio si es que el caso llega a esa instancia.
Este proceso impulsado por la PGR y por la Secretaría de Hacienda en contra de Javier Duarte y Javier Nava, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, se encuentra actualmente en un segundo y último periodo de investigación complementaria que vence el próximo 31 de julio. Al terminar esta fase se procederá con la audiencia intermedia donde la PGR tendrá que hacer una acusación formal.
Es un caso distinto al que a nivel local la Fiscalía de Veracruz inició contra Duarte por cinco delitos, y cuya audiencia inicial apenas se realizó el pasado 16 de mayo ante un juez de Ciudad de México.
