Los candidatos a la Presidencia ya acumulan decenas de promesas electorales; sin embargo, no todo lo que prometen depende de ellos. Verificado 2018 analizó las propuestas de campaña y detectó que al menos una veintena de ellas deben ser aprobadas por el Congreso para que se cumplan.
Aunque la Constitución Política permite al Ejecutivo enviar iniciativas de ley, es facultad de diputados y senadores determinar por voto de mayoría si éstas se aceptan o se rechazan, como se señala en el artículo 72 de la misma Carta Magna.
El proceso es aún más complejo si se trata de propuestas que impliquen reformas constitucionales, ya que éstas requieren la aprobación de la mayoría calificada (las dos terceras partes de las Cámaras) y también de al menos 17 de los 32 congresos locales.
Si además se interpone una controversia o una acción de inconstitucionalidad, la propuesta debe someterse a la deliberación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A pesar de que en los discursos no se precisa que estas promesas dependen del Congreso, los cuatro equipos de campaña de los candidatos Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala confirmaron que planean implementar las reformas a través del Congreso de la Unión. “O bien, acordadas con las bancadas para que ellos mismos las presenten (y aprueben)”, agrega Armando Rodríguez, asesor del PAN en materia legislativa.
Francisco Santiago, director jurídico de la Escuela de Administración Pública, y María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa, confirmaron que “ninguna de las propuestas (de la lista) es facultad directa del Ejecutivo, ni tampoco pueden ser aprobadas por decreto: tienen que contar con la aprobación del Congreso o de alguna de sus cámaras en ciertos casos”, en palabras de la segunda.
Nava pone como ejemplo la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para reconocer el derecho al matrimonio igualitario, que fue rechazada por diputados del PAN, PRI y Partido Verde.
En cualquier caso, aun cuando las propuestas fueran aprobadas, “las iniciativas no se aprueban tal y como llegan al Congreso; durante la discusión se hacen modificaciones, y eso depende en gran medida de cómo esté conformado el Congreso. Si el Ejecutivo no tiene mayoría, va a ser más difícil que pase sus reformas como quería”, indica Guillermo Ávila, especialista en el poder legislativo, quien además señala que desde 1997 no ha habido mayoría oficialista en el Congreso.