La catástrofe de los bonos catastróficos con los que el gobierno ha perdido dinero del Fonden
De las oficinas de la Secretaría de Hacienda en Palacio Nacional surgió la idea hace una docena de años. Un experimento natural de la tecnocracia, mezcla de ingeniería financiera y especulación propia de los mercados de valores, los bonos catastróficos han sido presentados por el gobierno federal como el antídoto perfecto para atenuar las tragedias causadas por terremotos y huracanes en México.
Pero no es exactamente así. Su diseño, que incluye la creación de empresas públicas de papel en paraísos fiscales como las islas Caymán, ha sido tan limitado y deficiente que el gobierno mexicano ha pagado en 12 años decenas de millones de dólares más de lo que ha recibido.
Una investigación realizada durante varios meses por Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como la revista Proceso, muestra que este es un mal negocio para el país y que podría ser aún peor. Aquí explicamos por qué.
Gobiernos mexicanos han apostado con inversionistas sobre catástrofes perdiendo dinero del @fonden_mx el cual es pagado con nuestros recursos públicos. Investigación de @MCCI, @revistaproceso @quintoelab y @UniNoticias https://t.co/n7d9vuYjDS pic.twitter.com/SYPNcqXXhE
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) April 8, 2018
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Los cinco semblantes que aparecen a cuadro en la televisión dan cuenta de la gravedad. El presidente Enrique Peña Nieto ha recibido los informes preliminares de los daños provocados por el terremoto que sacudió al país a las 13:14, ha convocado al Comité Nacional de Emergencias y ha activado de inmediato el Plan MX.
La situación es muy delicada. Los reportes de daños y destrucción proliferan. Internet está inundado con videos que muestran el momento preciso en que casas, edificios y escuelas se colapsan. La Ciudad de México ha sido golpeada exactamente 32 años después del sismo del 19 de septiembre de 1985. Morelos, en particular Jojutla, vive sus peores días.
Ríos de capitalinos deambulan por las calles y se montan sobre los escombros para tratar de rescatar a quienes han quedado sepultados. En las colonias Lindavista, Villa Coapa, Condesa, Portales, Roma, Narvarte, Centro, los latigazos de la memoria avivan el dolor.
Flanqueado por los secretarios de la Defensa, Marina y Gobernación, así como por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Peña Nieto dirige un mensaje a la Nación. Ya han pasado varias horas desde que el terremoto de magnitud 7.1 se produjo. Buena parte de la ciudad se encuentra sin energía eléctrica. “Esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. Este desastre se da a menos de dos semanas de otro gran sismo que afectó a Chiapas y Oaxaca”.
El presidente casi no gesticula. Anuncia que la prioridad es rescatar a quienes aún se encuentran atrapados. Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se halla a su derecha. El presidente habla con respeto de quienes han muerto, expresa sus condolencias, pide que la gente no salga de su casa en la medida de lo posible y reconoce: “Este sismo es una dura prueba, y muy dolorosa, para nuestro país”.
Aún no lo sabe, pero la destrucción será de una magnitud impensada. Reconstruir al país costará 48 mil millones de pesos, una cifra monstruosa aun en dólares: 2 mil 600 millones de dólares. Difícilmente habrá recursos para recuperar las 180 mil viviendas destruidas, los 13 mil negocios afectados, las 16 mil escuelas dañadas, los 12 mil inmuebles del patrimonio cultural mexicano golpeados por el terremoto.
No hay ningún atisbo de sonrisa. Porque la tragedia ha desnudado incluso el optimismo oficial del presidente Peña Nieto y su secretario de Hacienda, José Antonio Meade, quien unos días antes hablaba con orgullo de su afortunada decisión de lanzar un producto estrella de la tecnocracia: los bonos catastróficos.
“Este bono catastrófico nos ayuda en eventos extremos como éste”, había dicho Meade apenas el 12 de septiembre en entrevista televisiva, al referirse a otro sismo, el del 7 de septiembre que afectó a Oaxaca y Chiapas. “Nos permite enfrentar la contingencia con salud de finanzas públicas, pero sobre todo con agilidad y con mecanismos para que pronto se sienta el apoyo, el aliento y la cercanía desde la emergencia hasta la reconstrucción”.
Sólo que la dimensión de la nueva destrucción eclipsaba por completo el logro presumido por el entonces secretario de Hacienda: en esta ocasión, como en varias otras anteriores, México no cobraría ni un peso del bono catastrófico por dos razones:
Porque el contrato firmado por la Secretaría de Hacienda establecía que sólo se recibiría dinero en caso de que el sismo tuviera una magnitud de 7.5.
Y porque, aunque hubiese tenido esa u otra magnitud mayor, los inversionistas no pagan dos veces. Y el terremoto ocurrido 12 días antes sí cubría los requisitos. Y por ese sí pagarían, pero no soltarían ni un dólar por el segundo terremoto de septiembre de 2017.
Contrariamente al optimismo oficial, los bonos catastróficos o catbonds, como se les conoce en inglés y en el mundo de inversionistas internacionales, no han sido el mejor negocio para el país.
Los bonos catastróficos, en realidad, no han aliviado a México en casi ninguno de sus desastres naturales desde que se contrató el primero en 2006, de acuerdo con documentos obtenidos como parte de la investigación Paradise Papers, así como la revisión de cientos de páginas de documentos confidenciales y entrevistas con funcionarios cercanos a las negociaciones.
Las cuentas, hasta este momento desconocidas por la opinión pública, arrojan números rojos. El gobierno mexicano ‒ya sea en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto‒ ha pagado al menos 277 millones de dólares en primas y cuotas y, en cambio, ha recibido 200 millones de dólares.
Lejos de ayudar a aliviar las catástrofes, se han quitado recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuya razón de ser es atender precisamente las necesidades de reconstrucción luego de que ocurren las tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos. Esta falta de lógica ya ha sido alertada al gobierno federal por la Auditoría Superior de la Federación, pero la Secretaría de Hacienda no le hizo ningún caso.
Una apuesta contra la naturaleza
Un bono de riesgo catastrófico es, en palabras sencillas, una apuesta contra la naturaleza. Una en la que participa en este caso el gobierno emisor, por un lado, y un grupo de inversionistas globales, por el otro.
Los últimos tres gobiernos mexicanos han cruzado apuestas en torno a la intensidad de los terremotos y huracanes que azoten al país en los años de vigencia del bono. Durante varios años lo hicieron a través de una empresa de papel llamada CatMex que ha operado desde el paraíso fiscal de las islas Caymán.
El esquema funciona así: la Secretaría de Hacienda hace, a través de un intermediario financiero y con la asesoría del Banco Mundial, una oferta privada de bonos catastróficos. Los inversionistas extranjeros interesados “aseguran” los papeles emitidos por México.
Si en el tiempo que esté vigente el bono el país no sufre un terremoto de magnitud superior a 7 o 7.9 (dependiendo de su ubicación), México no recibe nada y, además, pagará a los inversionistas una prima de millones de dólares extraídos de los recursos del Fonden. No importa qué tan destruidas queden las ciudades, como ocurrió el 19 de septiembre con la capital y Jojutla, por ejemplo.
Con los huracanes sucede algo similar: los inversionistas ganan millones de dólares cuando éstos son de categorías menores a 4 ó 5. Cualquier otro fenómeno natural de este tipo que se ubique por debajo de esos parámetros, sin importar los destrozos ocasionados a comunidades ni el número de muertos, merma las finanzas públicas.
A diferencia de un seguro, en el que se paga una prima periódica y un deducible y, a cambio, el patrimonio asegurado es reparado sin importar qué tan graves o leves sean los daños, el bono catastrófico mexicano es uno de los pocos en el mundo que no toma en cuenta la destrucción ocasionada por el fenómeno.
El modelo utilizado para lanzar los bonos –el “paramétrico” en lugar del de daños– ha tenido consecuencias negativas para el país: el dinero recuperado por México (200 millones de dólares) nunca ha superado los pagos hechos a inversionistas e intermediarios (277 millones de dólares) a lo largo de 12 años, de acuerdo con documentos del gobierno federal obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información Pública para esta investigación.
México, de hecho, sólo ha cobrado en dos ocasiones el bono. Además, cuando el huracán Patricia, la tormenta más poderosa que se haya registrado en el hemisferio Occidental, afectó el territorio nacional, se recuperó únicamente la mitad del pago establecido.
Y todo porque las reaseguradoras e inversionistas se aferraron a las mediciones reportadas por un cazahuracanes aficionado llamado Josh Morgerman, cuya historia ya contaremos.
La “Gran Inundación” de Tabasco
Domingo 28 de octubre de 2007. El frente frío número 4 ya hace de las suyas en Tabasco. Comienza la racha de tres días consecutivos con las mayores lluvias registradas en 50 años. En la televisión transmiten el partido de la Serie Mundial entre los Medias Rojas de Boston contra los Rockies de Colorado, interrumpido por los flashes informativos del gobierno, en los que pide a la población estar alerta ante el peligro de inundación. Las autoridades ya tienen alguna idea de lo que se avecina. Calculan en 40 mil el número de tabasqueños con sus casas inundadas. Los ríos Mezcalapa-Carrizal y Grijalva llevan ya días desbordados y siguen incrementando su caudal.
Lunes 29 de octubre. El diario Tabasco Hoy informa: los pobladores regresan del fin de semana en medio de un escenario de diluvio. El gobierno reporta 150 mil personas con casas inundadas. Se declara la suspensión general de clases, mientras las lluvias siguen cayendo en todo Tabasco. Se cierran entonces varias carreteras que conectan a la capital, Villahermosa, con otras poblaciones. El gobernador Andrés Granier predecía: “El problema es igual o un poquito mayor al del 99”. Dice que lo peor podría venir a partir de las 11 de la noche. Sabe que seguirían las lluvias. El ejército coloca costales de arena para reforzar el malecón del río Grijalva (a 50 centímetros de desbordarse) y el borde del río Mezcalapa. Las dos grandes fuerzas hidráulicas que rodean a Villahermosa están incontenibles.
Martes 30 de octubre. El desfogue de la presa Peñitas aumenta de mil 500 a 2 mil metros cúbicos por segundo. Los dos brazos del río Mezcalapa aumentan su desborde. Vierten sus aguas y amenazan a hospitales, mientras causan estragos en varias colonias. Hay ya filtraciones hacia el centro de Villahermosa e infructuosamente se tratan de contener con costales. En las rancherías vecinas se recrudece el drama de las miles de familias incomunicadas sin vía de escape. Las carreteras han ya desaparecido del paisaje. El desastre es inminente. Por la noche, el agua penetra al centro de Villahermosa.
Miércoles 31 de octubre. La colonia Casa Blanca queda borrada del mapa, al igual que la Gaviotas. Familias que habían subido a los techos de sus casas piden ayuda a Protección Civil. Se reporta que 315 mil personas se encuentran en zonas inundadas. Empiezan las compras de pánico. El detallado relato publicado en el sitio Zona Crítica sigue: “La colonia Gaviotas se inundó al medio día; al mismo tiempo, cunde el pánico entre los pobladores, incluso entre las autoridades de seguridad pública, al pasar gritando por las calles ‘Corran por sus vidas’. Los colonos quieren sacar sus pocas pertenencias, aun con niños en brazos, pero la corriente era muy fuerte y aumentaba de nivel muy rápido. Los conductores, queriendo sacar sus vehículos de las zonas de riesgo. Sin embargo, algunos vehículos ya varados obstaculizan las vías, provocando que todos los demás quedaran atorados en plena inundación”.
Otros pobladores, acostumbrados a pasar las crecientes en sus casas, optaron por quedarse en los techos. “Sin embargo, desconocían que el comportamiento de estas inundaciones resultaría diferente, ya que en algunas zonas el agua alcanzó cuatro metros de profundidad. Hacia la noche cortaron el servicio de energía eléctrica; reinaba la incertidumbre, ya que no podían ver si el nivel del agua continuaba subiendo, provocando zozobra, presas de los moscos y de reptiles que se pasaron de las lagunas a las calles inundadas. Las autoridades solicitan lanchas a las cooperativas pesqueras; no se dan abasto. Prometen que mañana continuarán los rescates con helicópteros”.
Jueves 1 de noviembre. “En las primeras horas de la madrugada la costalería de arena en el malecón cede ante la fuerza del agua… Las tapas de las alcantarillas parecían corcholatas expulsadas por la presión hidrostática”. El cronista anónimo cuenta entonces que para los habitantes constituyó un “golpe sicológico muy fuerte” ver hundido el viejo casco de la ciudad, observar cómo las lagunas se salieron de su lecho y llegaron hasta las puertas de la residencia del gobernador. “Para complementar el cuadro de desolación y destrucción, el sistema de telefonía se cayó debido a que la central resultó dañada. A partir de este día las evacuaciones se intensificaron; se formaron filas de autos de varios kilómetros, buscando salir de la zona crítica”.
El saldo de la Gran Inundación de Tabasco, como la conocen sus pobladores, resultó abrumador: mil 500 comunidades afectadas, 500 mil personas desalojadas y 1.2 millones de familias en la calle. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) calculó que los daños en infraestructura (caminos, hogares, escuelas, vialidades, inmuebles, etcétera) fueron inmensos: de 2 mil 918 millones de dólares.
La “buena” noticia para el país, dentro de todo, era que justo un año antes el gobierno de Vicente Fox había lanzado el primer bono catastrófico. El responsable operativo de hacerlo fue José Antonio González Anaya, un economista graduado del ITAM que encabezaba la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda. Sí, el mismo funcionario que fue director de Pemex y en la actualidad es titular de esa misma Secretaría.
La mala noticia era que sus creadores, a cuya cabeza se encontraba el secretario Francisco Gil Díaz, sólo incluyeron en los contratos con los inversionistas la cobertura de terremotos de cierta magnitud, pero no huracanes, tormentas ni ningún otro fenómeno meteorológico. Así que no se obtuvo ni una moneda a cambio de los 30 millones de dólares pagados por el primer bono emitido. El país tuvo que lidiar por sí solo con el peso de la reconstrucción.
Arrancaba la experiencia de México con los bonos catastróficos. Ya vendrían 12 años más.
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“Fue un primer experimento”, dice Salvador Pérez Maldonado, actuario y ex titular de la unidad especializada de la Secretaría de Hacienda de donde surgió la iniciativa de lanzar los bonos catastróficos.
En esa fecha ese tipo de productos financieros eran sólo emitidos por entidades privadas, pero México, asesorado por el Banco Mundial, se convirtió en 2006 en el primer país en emitir uno respaldado por un gobierno federal.
“Esta emisión presenta varias ventajas ya que se utilizan instrumentos financieros sofisticados a través de los mercados financieros con el fin de cubrir y diversificar el riesgo del gobierno mexicano”, argumentaba un comunicado de las autoridades mexicanas en esas fechas.
La idea original de lanzar el bono nació en 2002 de la cabeza de Guillermo Babatz, entonces director del área de Seguros y Valores de la Secretaría de Hacienda, según la Memoria 2006-2012, un informe de actividades publicado por la propia Secretaría.
Babatz, economista egresado del ITAM con doctorado en la Universidad de Harvard, tenía ya una trayectoria de 15 años en el sector de las finanzas públicas. Años después sería el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y, al abandonar la función pública, integrante de la junta directiva de Scotiabank.
Algo falló en el diseño: no sólo no incluyó fenómenos como la Gran Inundación de Tabasco, sino que el bono, cuya vigencia era de 2006 a 2009, exclusivamente cubría sismos con una magnitud de 7.5 para el centro del país y de 8.0 en las costas del Pacífico.
En ese trienio no ocurrió un solo sismo que superara las magnitudes pactadas en el contrato con inversionistas, cuyo apetito por este nuevo tipo de apuestas catastróficas ha llevado a que el mercado global de éstas tenga un valor actual de 90 mil millones de dólares.
Las costosas fallas del segundo experimento
Ese primer experimentó derivó en un segundo. Agustín Carstens, también economista graduado del ITAM, insistió. Como secretario de Hacienda avaló la emisión de un nuevo bono catastrófico por primera vez incluía cobertura por huracanes en ciertas regiones del país, pero no en todas. Sería una mala decisión.
Las autoridades de Hacienda contrataron a Pérez Maldonado para encabezar el diseño del nuevo bono. En octubre de 2009 se recurrió, además, a la asesoría técnica del Banco Mundial, en parte para que esta institución recomendara la contratación por segunda vez de la reaseguradora Swiss Re y, así, evitar una licitación pública, según reconoció el propio funcionario en entrevista.
Hubo otras innovaciones que lindan con claros conflictos de interés. El gobierno de México también contrató a la firma Goldman Sachs para colocar el bono entre inversionistas. Sólo que el director general para México y encargado de inversiones para América Latina de la empresa tenía algo en común con el subsecretario de Hacienda: el apellido Werner. Eran hermanos.
“Ahí hubo una decisión un poco política porque estaba Martín Werner en Goldman Sachs, y estaba Alejandro Werner acá, y pues, así se ve bonito”, aceptó Pérez Maldonado.
Alejandro Werner, actual director del Fondo Monetario Internacional para el hemisferio occidental, institución que promueve el uso de bonos catastróficos entre países de bajos recursos, no respondió a una petición para que comentara sobre la contratación de la firma en que su hermano era alto funcionario.
El bono del trienio 2009-2012 ha sido el más caro para el país en varios sentidos. El costo total de las primas fue de al menos 110 millones de dólares, de acuerdo con documentos oficiales.
Y con este bono en vigencia, México recibió el año 2010, catalogado como uno de los peores años para el país en materia de desastres naturales.
Una serie de tormentas y huracanes azotaron el territorio mexicano y ocasionaron daños por un total de más de 7 mil 380 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones oficiales, pero el gobierno pagó todas las primas y no recibió un peso de vuelta.
Con la llegada de la temporada de lluvias, en junio de ese año, apareció la tormenta tropical Alex, que pronto se deslizó por el Golfo de México y se transformó en huracán categoría 2 al aproximarse a Tamaulipas. Su llegada a tierra firme afectó a Nuevo León, cuya capital Monterrey se vio repentinamente inundada luego de que el río que la cruza se desbordó por completo por el gran caudal que Alex llevaba consigo.
Hubo siete muertos ante las violentas oleadas y daños materiales por 2 mil millones de dólares, según reportes oficiales. Las calles de las principales avenidas, primero agrietadas y después despedazadas por completo, tardaron meses en ser reparadas.
Pero el bono recién emitido no se activó. La Secretaría de Hacienda omitió incluir en el contrato las zonas afectadas por Alex, como puede constatarse en el documento elaborado por Hacienda con el título “Estrategia de Aseguramiento del Sector Público”.
Menos de tres meses después, de nuevo salieron a flote las deficiencias de los bonos catastróficos diseñados por Hacienda: la tormenta tropical Karl azotó Veracruz y luego se trasformó en un huracán categoría 3 calificado por especialistas como “extremadamente peligroso”. Se registraron más de un millón de damnificados, 150 mil personas desplazadas y 12 muertos. Las pérdidas sumaron 3 mil 900 millones de dólares, pero la zona afectada tampoco estaba cubierta por el bono.
El remate al mal diseño se conoció unos días más tarde: el 25 de septiembre la tormenta tropical Matthew ingresó a territorio nacional por Quintana Roo y provocó daños por mil 972 millones de pesos.
Adivinaron: los diseñadores del segundo bono tampoco incluyeron esa zona en la cobertura.
La acumulación de fenómenos naturales en esa temporada y los cuantiosos destrozos causados llevaron al nuevo secretario de Hacienda, un actuario también egresado del ITAM, Ernesto Cordero Arroyo, a negociar con Congreso para conseguir más recursos en el presupuesto.
Ante la emergencia, los legisladores aprobaron la creación de un nuevo Fondo de Reconstrucción, con un monto de 4 mil 500 millones de pesos (unos 350 millones de dólares). Además, la Secretaría de Hacienda contrató un reaseguro adicional por 76.5 millones de dólares para el Fonden. El país ya había perdido los 110 millones de dólares en primas pagadas por un bono que no sirvió de gran cosa.
Odile, Patricia y el caza huracanes
Baja California Sur sufrió el 14 de septiembre de 2014 la intensidad de Odile, el huracán “más devastador” que haya tocado tierra en ese lugar. Las ráfagas de vientos doblaron postes de luz y palmeras, hicieron volar puertas y derrumbaron estructuras enteras. El techo del aeropuerto voló por completo, dejando una de las terminales en ruinas. Dieciocho personas murieron y los daños se estimaron en mil 22 millones de dólares.
Agazapado atrás de un escritorio de la desierta recepción del hotel Holiday Inn Express de Cabo San Lucas, se encontraba filmando Josh Morgerman, un caza huracanes oriundo de West Hollywood.
Morgerman, de 48 años, trabajó en la industria del cine luego de haber estudiado Historia en la Universidad de Harvard. En 1999 fundó una agencia publicitaria, entre cuyos clientes se hallaban Vodafone, Google y las alcaldías de West Hollywood y Palm Springs. Obsesionado desde su infancia con los huracanes, decidió dedicarse a cazar tormentas.
El día previo a que Odile tocara tierra, Morgerman había volado a Cabo San Lucas y dispuesto su equipo para su encuentro con el huracán: dos videocámaras, un iPad, un celular, un cargador, una laptop y dos Krestel 4500s –celulares adaptados como barómetros para medir la presión atmosférica a medida que el ojo del huracán pasara–. Se colgó uno de los Krestel en el cuello y dejó el otro en el baño de su habitación. Las lecturas de la presión atmosférica del ojo del huracán (medidas en milibares) son indicadores importantes de la fuerza de la tormenta: entre más baja sea la lectura, más poderoso es el huracán.
A medida que el ojo de Odile se aproximaba, entre las 9 y las 11:08 pm, la presión descendió 40 milibares, llegando a 943 milibares, de acuerdo con las mediciones del californiano. Esa lectura era 21 milibares más alta que la captada por un avión de reconocimiento de la Fuerza Área de Estados Unidos.
Morgerman envió su reporte al Centro Nacional de Huracanes de EU, que reúne información de fuentes tan diversas como aviones del gobierno, satélites, barcos, plataformas petroleras, estaciones de monitoreo locales y reportes in situ. El centro usa esos datos para elaborar sus reportes, considerados como la fuente más confiable para fijar la severidad y el tamaño de los huracanes. Esos reportes también determinan si se pagan o no los bonos catastróficos de México.
El bono catastrófico que cubría los eventos de ese 2014 había sido lanzado dos años antes por el entonces titular de la Secretaría de Hacienda en el último tramo del gobierno del panista Felipe Calderón: José Antonio Meade Kuribreña, el hoy candidato del PRI a la Presidencia de la República.
El diseño del bono preveía que México recibiría 100 millones de dólares si la presión del huracán era de 920 o menos milibares, cantidad que se reduciría a la mitad si la presión era menor a 932 milibares.
Las autoridades de Hacienda y los inversionistas calcularon que México recibiría 50 millones de dólares por el impacto de Odile, dado que un reporte inicial del Centro Nacional de Huracanes de EU había calculado la presión en 930 milibares.
El centro tardó tres meses en emitir su reporte final, pero hubo una sorpresa: basado en los reportes del caza huracanes, situó la presión en 941 milibares, lo que dejaba a la tormenta fuera de los parámetros técnicos del bono catastrófico.
México no recibió ni un dólar.
Las autoridades mexicanas estaban incrédulas. “Cuando sucedió el evento, muchos estábamos contentos pensando que habría un 100 por ciento del pago. ¿Y luego qué paso? ¡No hubo pago!”, comentó en entrevista Salvador Pérez Maldonado, el funcionario a cargo del bono en ese momento. Pérez buscó a Morgerman para preguntarle qué había pasado, qué método había usado, sus criterios. “Al final fue algo arbitrario”.
No estaba solo en su percepción. Robert Muir-Wood, doctor en ciencias naturales y experto en riesgo catastrófico, publicó en julio de 2017 un texto en el que critica el modelo usado por el gobierno mexicano para emitir los bonos. Al estar basado en parámetros y no en los daños que causa un desastre natural, se expone a que la información generada por un caza huracanes inexperto determine si cobra o no el pago debido.
“Que las mediciones de un amateur puedan determinar el desenlace de un pago de 100 millones de dólares en un bono catastrófico mexicano conlleva nuevos riesgos”, escribió Muir-Wood. “¿Qué pasa si el mismo caza huracanes es, a la vez, un inversionista del bono?”.
El mismo Morgerman aseguró no estar enterado de que su información se utilizara para definir si un país recibe el pago o no de un bono de ese tipo.
“Es ridículo [que el pago del bono] se base solo en la presión del huracán. Hay mucha fetichización en torno a la presión. Ésta no dice mucho acerca del potencial destructivo de un huracán”, comentó Morgerman a un equipo del Programa de Periodismo de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Columbia, en Nueva York, quienes compartieron con los periodistas mexicanos buena parte de la información de este segmento.
Un año después de Odile, cuando el huracán Patricia se acercaba a las costas de Colima y Jalisco, se repitió la historia.
El Centro Nacional de Huracanes de EU emitió una alerta el 23 de octubre de 2015: la tormenta alcanzó la categoría 5, registra vientos sostenidos de 325 km/h y es “el huracán más poderoso registrado” tanto en el Pacífico como en el Atlántico norte, con posibles efectos “catastróficos” cuando toque tierra en la costa Oeste de México esta tarde.
Las autoridades mexicanas se declararon entonces en máxima alerta. “Ningún huracán de esta magnitud había impactado el Pacífico mexicano”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente Enrique Peña Nieto.
La Secretaría de Gobernación también tomó medidas: advirtió que un huracán de esa magnitud era capaz “de levantar automóviles, destruir casas que no estén cimentadas con acero, varilla y cemento y arrastrar a personas en las calles”.
En Jalisco las autoridades trasladaron a unas 50 mil personas de las zonas en riesgo y habilitaron un refugio temporal.
Por fortuna, Patricia se estrelló primero contra las montañas, lo que redujo significativamente su intensidad y el Centro Nacional de Huracanes tomó de nuevo en cuenta las mediciones de Morgerman ‒el caza huracanes se hallaba en un hotel de Emiliano Zapata, un pequeño pueblo cerca de la costa del Pacífico‒ y degradó la presión del huracán en su reporte final.
Así que de los 100 millones de dólares que se esperaban obtener, el pago se redujo a 50 millones de dólares.
El modelo paramétrico diseñado por la Secretaría Hacienda había jugado en contra del país una vez más.
México, a contracorriente
El pago de 50 millones de dólares a México por el huracán Patricia representó la primera pérdida de los inversionistas en nueve años, pero también la oportunidad para que algunas voces dentro del gobierno expresaran sus dudas en torno al modelo de parámetros meteorológicos.
Carlos Valdés, director del Cenapred, recomendó a la Secretaría de Hacienda que se cambiaran los bonos por unos basados en daños. “La propuesta era que se modificaran los bonos, que no fueran en función de una medición”, dice Valdés en entrevista. “Lo que tiene que ver es el impacto y el efecto”.
Los instrumentos paramétricos, basados en magnitud e intensidad de los desastres, son relativamente raros en el mercado, ya que la gran mayoría se negocian con base en los daños que deja a su paso un desastre natural.
Los defensores de los bonos paramétricos, como el de México, dicen que el proceso es más rápido y eficiente. Pero la realidad es que casi todos los países han rehuido adoptar ese tipo de instrumentos.
En 2003 el entonces incipiente mercado estaba dominado por indicadores paramétricos –68 por ciento de los casos–, mientras que las coberturas por daños apenas representaban 10 por ciento.
Pero esto ha cambiado: los bonos vigentes en 2017 con detonante paramétrico representan apenas 4.9 por ciento, mientras que los seguros por daños llegaron ya a 57 por ciento del total. El 38 por ciento restante corresponde a otro tipo de coberturas.
México navega a contracorriente de la tendencia mundial, de acuerdo con una base de datos elaborada para esta investigación con información de la agencia especializada Artemis.
Reportes de organismos públicos mexicanos encargados de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos también han hecho énfasis en que el modelo paramétrico no es conveniente, por más que las autoridades de Hacienda insistan en ello.
Un estudio elaborado en 2014 por la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente del Congreso, destaca la inconveniencia de mantener ese tipo de bonos: “Las coberturas contratadas mediante el bono catastrófico no han sido acordes para los eventos de desastres naturales que han ocurrido en los últimos años en el país”.
Y pone un ejemplo más. “Tres de los 10 desastres naturales más costosos de las dos últimas décadas ocurrieron en 2010 con los huracanes Alex, Karl y Matthew; sin embargo, no alcanzaron las magnitudes requeridas para que se activara el bono catastrófico”. Siguen sin hacer caso a lo que dicen los auditores.
Desaparece La Pintada
Ingrid y Manuel actuaron coordinadamente. Ambos ingresaron al país el 15 de septiembre del 2013, pero desde frentes distintos: Manuel desde el Pacífico frente a las costas de Guerrero e Ingrid lo hizo por el Golfo de México. El primero fue clasificado como una tormenta y la segunda como un huracán. Ambos compartían una fuerza desgarradora.
El Cenapred los valoró en ese momento como los fenómenos meteorológicos más destructivos que hayan tocado suelo mexicano, dejando a su paso una estela de muerte (157 personas fallecieron) y de destrucción (los daños se calcularon oficialmente en 3 mil millones de dólares). Manuel se encargó del trabajo más sucio: durante horas descargó torrentes de agua sobre las montañas de Guerrero, una de las cuales no resistió y se desgajó. La ola de tierra y lodo enterró a una comunidad casi completa: La Pintada, poblado de unos 620 habitantes. Una imagen aérea muestra cómo la masa color terracota sepultó casas y a las familias que ahí habitaban.
“Fue en segundos”, dijo una de las sobrevivientes al medio local Grado Cero. “Nosotros nos cuidábamos del río, que no se fuera a desbordar, y no fue el río. Fue el cerro”.
Ni Manuel ni Ingrid serían considerados lo suficientemente fuertes para que el país recibiera un pago. El Fonden, además de cubrir los daños causados por ambos, tuvo que pagar más de 35 millones de dólares a los inversionistas.
Un año antes, el 15 de octubre del 2012, México había emitido su tercer bono catastrófico consecutivo. La estructura, a cargo de José Antonio Meade, articuló a los actores ya conocidos: el Banco Mundial, Swiss Re y Goldman Sachs.
La historia de Swiss Re con el gobierno de México es peculiar: en estos 12 años ha sido contratada cuatro veces para colocar y administrar sus bonos. Existen otras cercanías: el ex director del Fonden, Rubem Hofliger Topete, es hoy un alto ejecutivo de la firma, a cargo de las cuentas de los clientes latinoamericanos. Se solicitó una entrevista con él, pero la empresa declinó la solicitud. Y Juan Pablo Regidor, de alto funcionario de Hacienda en el área que diseña los bonos, se convirtió en el actual vicepresidente de Swiss Re en México.
Tampoco hubo licitación en este caso, pero el gobierno contrató a Appleby, el despacho especializado en servicios offshore ubicado en el paraíso fiscal de Bermudas, para administrar su sociedad de papel, de acuerdo con información de Paradise Papers, el proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a partir de información compartida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Una mínima dosis de “suerte”
La política a veces funciona como una ruleta. Algunos funcionarios repiten en el cargo y otros salen despedidos hacia el olvido. José Antonio Meade es de los primeros. En septiembre de 2016 regresó a la titularidad de la Secretaría de Hacienda luego de ocupar otros cargos en el gabinete presidencial, pero ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así que el demoledor sismo de 8.2 grados que se originó a 150 kilómetros de las costas de Chiapas a las 11:50 de la noche del 7 de septiembre de 2017 lo tomó en funciones. El terremoto de mayor magnitud en los últimos 100 años de la historia de México había sacudido al menos a 50 millones de personas y los efectos de su devastadora potencia estarían por verse en las horas siguientes.
No serían menores en Oaxaca, Chiapas y dos estados más: 130 personas murieron y más de 85 mil hogares fueron afectados. El presidente Peña Nieto decretó día de luto nacional.
Apenas un mes antes de este desastre, Meade se había hecho cargo de la operación para emitir un nuevo bono catastrófico, ahora para el periodo 2017-2020. Pero desatendió las recomendaciones del Cenapred y de la Auditoría Superior de la Federación: lanzó un bono basado en parámetros, para lo cual cubrió casi 68 millones de dólares en primas.
Por “suerte”, la magnitud de gran escala del terremoto “disparó” el pago del bono. México, por primera vez en 12 años, obtuvo los recursos completos amparados por la cobertura: 150 millones de dólares.
Esa cantidad no resarciría, por supuesto, todos los destrozos. Eran días difíciles, pero luego vendrían otros peores con el terremoto de magnitud 7.1 que golpeó severamente a la Ciudad de México y a varias poblaciones de Morelos y Puebla.
El bono catastrófico mostró una vez más las limitaciones de su diseño: los inversionistas no pagarían ni un solo peso por el segundo terremoto porque está estipulado que sólo se cubre un evento catastrófico en el periodo de vigencia.
Si luego se hubiesen producido otros terremotos o el territorio hubiese sido azotado por huracanes, no habría habido ni una moneda más. Ni una moneda más.
Epílogo
Las autoridades de la Secretaría de Hacienda emitieron en febrero de este año, otra vez de la mano del Banco Mundial, y en conjunto con Perú, Chile y Colombia (países que conforman la Alianza del Pacífico), un nuevo bono catastrófico para cubrir terremotos de fuerte magnitud.
Se trata, informó el Banco Mundial en un comunicado, de “la mayor operación de cobertura de riesgo soberano y la segunda mayor emisión en la historia del mercado de bonos catastróficos”.
Éste también es un bono paramétrico. Y ya conocemos la historia alrededor de él.
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Por Isabella Cota (Quinto Elemento Lab)
• Daniel Lizárraga y Raúl Olmos (MCCI)
• Mathieu Tourliere (Proceso)
Edición: Ignacio Rodríguez Reyna / Quinto Elemento Lab
Edición multimedia: Lucía Vergara Diseño: Mariana Hernández
Desarrollo Web: Emmanuelle Hernández
Méxicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
8 de Abril 2018
