Diputados de CDMX aprueban amnistía para detenidos en marchas de 2012 a 2015
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó este lunes la extinción de penas contra todos los detenidos en las 28 manifestaciones celebradas en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015.
Los diputados locales aprobaron, con 40 votos, la extinción de las penas y medidas de seguridad en favor de quienes fueron procesados por ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, ataque y sedición, excepto aquellos que se les impute la comisión de delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes públicos o propiedad privada.
De acuerdo con el dictamen, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015 tuvieron lugar en la Ciudad de México 28 manifestaciones, con motivo de las cuales se llevaron a cabo 510 detenciones, las cuales “implicaron evidentes violaciones a los derechos humanos”, como uso indebido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias en el ejercicio del derecho a defender derechos.
También, argumenta la resolución, se violaron los derechos a la integridad personal, a la libertad en relación con el debido proceso y garantías judiciales y a la libertad de expresión.
#Boletín| Aprueba #ALDF Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad contra ciudadanos que se les imputaron delitos en manifestaciones, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015: https://t.co/u9f78SwkVc. pic.twitter.com/eyvLZzZFQH
— Asamblea Legislativa (@AsambleaDF) 24 de abril de 2018
Las detenciones
La Comisión de Derechos Humanos de la ALDF documentó 510 detenciones en este periodo de tiempo: 104 fueron detenidas durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012; otras cinco fueron detenidas el 8 de marzo de 2013 y 25 más fueron detenidas el 10 de junio del mismo año.
Entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre de 2013 se celebraron tres manifestaciones, en las que 66 ciudadanos fueron detenidos; el 2 de octubre del mismo año fueron detenidos 124, y el 29 de octubre otra persona fue detenida.
El 1 de diciembre de 2013, cuando se cumplía un año del gobierno de Peña Nieto, se detuvieron a 21 personas mientras se manifestaban; en la siguiente protesta, celebrada el 13 de diciembre del mismo año, se detuvieron a tres, y un día después, el 14 de diciembre, fue detenida otra persona.
Entre el 22 de abril y el 5 de noviembre de 2014, se llevaron a cabo cuatro protestas, en las que fueron detenidas 14 personas; durante la protesta del 8 de noviembre del mismo año, detuvieron a 25 manifestantes, y entre el 15 y 16 de noviembre, las autoridades detuvieron a otros 4 ciudadanos.
El 20 de noviembre de 2014, cuando se celebraba una manifestación en el zócalo capitalino, 30 personas fueron detenidas; el 1 de diciembre detuvieron a 3, y el 6 de diciembre a una persona más.
Entre el 7 de enero y el 2 de octubre de 2015, 35 personas más fueron detenidas en las seis protestas celebradas en este periodo de tiempo, y el 1 de diciembre de 2015 las autoridades detuvieron a 20 ciudadanos más.
Además de esos 482 casos de detención documentados, la ALDF tuvo conocimiento de 28 más, que constan en los registros de las autoridades, pero nunca fueron remitidos al Ministerio Público o no fueron localizados, lo que eleva la cifra total a 510 personas procesadas por actos presuntamente cometidos durante manifestaciones.
Con la aprobación de esta iniciativa, las 96 personas que, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF se encuentran todavía en proceso por delitos relacionados con actos de protesta, serán liberadas y se extinguirá la acción penal, así como las sanciones que les fueron impuestas.
Además, se reconoce como víctimas a todas aquellas personas que, derivado de algún procedimiento o investigación ante instancias administrativas, judiciales y organismos autónomos de derechos humanos, hayan sido detenidas arbitrariamente.
Además de la extinción de los procesos en contra de los detenidos, como parte extensiva de los beneficios de la iniciativa aprobada, la ALDF planteó la creación de un programa de becas y apoyos a la reinserción social, a los estudios o a trabajos para quienes fueron detenidos y procesados.
En cumplimiento de esta ley, que entrará en vigor a partir de este 25 de abril, las autoridades judiciales y administrativas competentes deberán cancelar las órdenes de aprehensión pendientes y podrán en libertad a los procesados o sentenciados.
