El cadáver de un activista mexicano dedicado a proveer medicinas y alimentos a indígenas tarahumaras en Chihuahua fue encontrado este martes en una carretera, informaron la fiscalía regional y sus colegas.
Luis Carlos Gutiérrez, de la organización Resistencia Civil Madera y Madera Unido, se dio a conocer también por encarar el año pasado en persona al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, al pedirle la regularización de automóviles comprados a bajo costo en territorio estadounidense.
El activista, que solía acompañar a los indígenas a hacer trámites legales, fue asesinado cuando se dirigía a una reunión con otros luchadores sociales en el municipio de Madera.
A través de un video publicado en Facebook, la abogada y activista Susana Prieto Terrazas dijo que la última actividad que realizó Lucas, como conocían al hombre, fue una colecta de medicamentos para ayudar a enfermos de Madera.
“Por supuesto que hay miedo entre todos los activistas del estado de Chihuahua después de este crimen artero y la impunidad que priva en nuestro estado”, señaló.
Luis Gutiérrez, de 45 años, fue “ejecutado y su cuerpo localizado dentro de un vehículo que estaba varado en la carretera de Madera a Nahuerachi”, informó la fiscalía local en un comunicado.
“Así callan a los activistas sociales… El domingo acaba de hacer un evento para recabar medicamentos”, comentó a la AFP una defensora de derechos humanos que pidió guardar su anonimato por temor a represalias.
Agentes de la fiscalía entrevistaron a la esposa del fallecido quien dijo que desde hace un día había perdido contacto con él.
En el lugar donde fue encontrado su cadáver había 9 casquillos percutidos de armas de alto poder, añadió la fiscalía.
El asesinato de defensores de derechos humanos en México ha motivado reclamos al gobierno, incluso de organismos internacionales como la ONU.
Uno de los más recientes crímenes contra ese sector ocurrió a principios de este año, cuando la defensora Guadalupe Campanur desapareció en Michoacán el 3 de enero y su cuerpo fue encontrado 13 días después, con huellas de ataque sexual y estrangulamiento.
Un total de 29 activistas ambientales fueron ultimados en México entre julio de 2016 y diciembre de 2017, denunció en marzo el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).