Por qué un juez en Estados Unidos decidió que Arabia Saudita debe enfrentar las demandas presentadas por los ataques del 11 de septiembre de 2001
Familiares de algunas de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos han acusado por años al gobierno de Arabia Saudita de ser responsable de dichas muertes.
El reino saudita siempre lo ha negado. Pero un dictamen emitido este miércoles rechazó la petición del país árabe de poner fin al largo litigio por la supuesta responsabilidad de Riyad en los ataques que hicieron colapsar las Torres Gemelas.
El juez del distrito de Manhattan, George Daniels, rechazó la moción de Arabia Saudita.
Los demandantes, los familiares de quienes murieron o resultaron heridos, argumentan que Arabia Saudita y varias corporaciones de ese país, ayudaron a planear los ataques y deben pagar miles de millones de dólares por daños a las víctimas.
Riyad pidió en 2015 a los tribunales desestimar todas las demandas en su contra argumentando que no había evidencia de los alegatos de las víctimas.
Pero el juez Daniels dictaminó que los alegatos de los familiares de las víctimas y de quienes resultaron heridos "articulan de forma ajustada una base razonable para que este tribunal asuma jurisdicción, bajo la Ley de Justicia Contra Patrocinadores del Terrorismo (JASTA), de las peticiones de los demandantes".
Ley de Justicia
La Ley de Justicia Contra Patrocinadores del Terrorismo, a la que se refiere el juez en su dictamen, fue aprobada por el Congreso en 2016 permitiendo que se lleven a cabo procedimientos legales contra Estados extranjeros y sus funcionarios sospechosos de apoyar actividades terroristas incluso si éstos han sido previamente rechazados en un tribunal.
La ley permitió a sobrevivientes y familiares de víctimas de ataques terroristas demandar a gobiernos extranjeros.
Tras los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, en los que unas 3.000 personas murieron y miles resultaron heridas, muchas de las familias de las víctimas demandaron al gobierno saudita y varias corporaciones de ese país cuando se dio a conocer que 15 de los 19 atacantes o conspiradores eran sauditas.
Los familiares y víctimas habían tratado de demandar a miembros de la familia real saudita, bancos y organizaciones que argumentaban eran responsables de haber ayudado a planear los atentados.
Los demandantes argumentan que Arabia Saudita "tiene responsabilidad en los ataques terroristas del 11 de septiembre porque sus agentes y empleados directamente y con conocimiento ayudaron a los secuestradores y conspiradores a llevar a cabo los ataques".
Las demandas de los familiares, sin embargo, no habían logrado avanzar en parte debido a una ley de 1976 que otorgaba inmunidad a los gobiernos extranjeros.
El dictamen del juez Daniel incluye demandas de familiares de los muertos, de unas 25.000 personas que sufrieron heridas y de negocios y aseguradoras.
Daniels indicó que los demandantes podrán ahora tratar de probar que Arabia Saudita es responsable de las supuestas actividades de Fahad al Thumairy, un imán de la mezquita King Fahad en Culver City, California, y Omar al Bayoumi, que se dice es un oficial de inteligencia.
"Que surja toda la verdad"
James Kreindler, abogado de varios de los demandantes, indicó que estaba "encantado" de que el caso pueda ahora proceder.
"Hemos estado presionando para seguir adelante con este caso y llevar a cabo los procedimientos con el reino de Arabia Saudita para que surja toda la verdad y exponer el rol saudita en los ataques del 11 de septiembre", le dijo el abogado a la agencia Reuters.
El juez, sin embargo, sí desestimó las demandas contra dos bancos sauditas y una compañía de construcción saudita por supuestamente proporcionar apoyo material a Al Qaeda y su líder Osama bin Laden para llevar a cabo los ataques, e indicó que éstas carecían de jurisdicción.
Riyad ha criticado duramente la ley JASTA desde que ésta fue aprobada en septiembre de 2016, argumentando que ésta erosiona el principio de la soberanía nacional.
El reino incluso ha amenazado con retirar inversiones de la economía estadounidense y ha estado presionando para que se lleve a cabo una enmienda en la legislación que dice es "un grave peligro para el sistema internacional".
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