PGR buscará cerrar caso Ayotzinapa antes de diciembre; padres denuncian falta de avances
Con las actualizaciones y nuevas pruebas encontradas, la Procuraduría General de la República (PGR) buscará cerrar el caso Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto; así lo informó Miguel Ruíz Cabañas, subsecretario de Relaciones Exteriores, durante una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Bogotá, Colombia.
“Es deber de la presente administración de procurar la justicia, conocer la verdad, deslindar responsabilidades y dar las respuestas que legítimamente demandan las víctimas y la sociedad mexicana”, comentó el funcionario en el marco del 167 período extraordinario de sesiones de la CIDH.
Por su parte, Alfredo Higuera, fiscal especial de la PGR para el Caso Iguala, informó que durante las últimas semanas han conseguido información importante para dar con el móvil de los hechos, con lo que se comprobaría “el nivel de involucramiento de la organización criminal y el papel de las corporaciones municipales en un esquema de organización delictiva importante”.
Sin embargo no dio mayores detalles y aseveró que deberán analizar en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la nueva información para corroborar sus hipótesis.
Refrendó el compromiso del gobierno federal por contar con planes individuales para las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014, con base en un estudio de atención psicosocial, el cual plantearán con los representantes de las víctimas.
Ante esto, representantes y padres de los 43 normalistas denunciaron la falta de avances sustantivos en las investigaciones a pesar de existir un cronograma de actividades para ello.
Mario César González, padre del normalista César Manuel González, se dijo preocupado por la urgencia que parecen tener las autoridades mexicanas por cerrar el caso, dado que no han aclarado si esto implicará dar con el paradero de los 43 jóvenes. “Hay preocupación de que el fiscal Alfredo Higuera sea presionado para que avale lo que en enero de 2015 declaró el entonces procurador Jesús Murillo como la verdad histórica”; versión en la que Murillo Karam señaló que los normalistas estaban muertos.
De la misma forma, los padres de los estudiantes desaparecidos aseguraron que el gobierno federal busca impedir la próxima reunión del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH sobre el caso, prevista para mayo próximo. “Todo se está politizando, para el Estado es más importante las elecciones, que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad”, reprocharon.
En tanto que abogados de diversas ONG (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Centro de Análisis e Investigación, Fundar) que respaldan a los padres de los normalistas destacaron que la PGR “ha incumplido en 80% los lineamientos fijados en un cronograma que fue fijado por el gobierno mexicano”, lo cual se traduce en la falta de avances.
Derivado de esto, señaló Mario Patrón, integrante de Fundar, durante 2017 “no hubo nuevas detenciones, y no existen ningún proceso por desaparición forzada más que la última acusación, que data de diciembre de 2014”.
Con información de Notimex y Reforma.
