Hidalgo hace públicos los convenios de la Estafa Maestra; Quintana Roo los reserva por 5 años
Un mes después de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) revelara el uso de televisoras estatales de Hidalgo y Quintana Roo para el desvió y la triangulación de recursos bajo un esquema similar al utilizado en la Estafa Maestra, los gobiernos involucrados respondieron de manera diferente a la solicitud de que hicieran pública la información.
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Mientras que la administración del priista Omar Fayad hizo públicos los convenios que el organismo Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) firmó con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) mientras estuvo al frente Rosario Robles; el gobierno del aliancista Carlos Joaquín prefirió reservar por 5 años los convenios que el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) firmó con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
En ambos casos se trata de documentos con los que la ASF ha señalado a dependencias que ha encabezado en diferentes momentos Rosario Robles y a las que les fueron asignados, sin licitación de por medio, millonarios contratos superiores a los 1700 millones de pesos.
Las dos televisoras lejos de atender los servicios solicitados por las dependencias federales subcontrataron a empresas que se presume fantasmas pues no fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
La ASF incluso señaló que en el caso del SQCS “no existe certeza de que los trabajos pagados por la Sedatu hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató; no obstante, se vieron beneficiados con recursos públicos federales”.
De acuerdo con la información que la ASF hizo pública al presentar su informe sobre la Cuenta Pública durante el 2015 el SQCS firmó convenios con Sedatu que amparaban servicios pagos por 356 millones de pesos, mientras que en 2016 el monto del convenio fue de 450 millones de pesos.
Al respecto el organismo estatal no pudo comprobar que los servicios subcontratados a 25 proveedores se realizaron a pesar de que pagó 420 millones de pesos, pues argumentaron que el ex director jurídico del sistema durante el gobierno de Roberto Borge sólo dejó los contratos en los archivos, pero nada que pruebe que los servicios sí se realizaron.
En su negativa a hacer pública la documentación, a pesar del interés público en el asunto, el Comité de Transparencia del SQCS aseguró que hay en proceso dos autorías, una a cargo de la Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo y la segunda a cargo de la Auditoria Superior de ese estado, y que existe además una investigación en proceso por la existencia de denuncias penales que está llevando la Fiscalía General de Quintana Roo.
El documento entregado a Animal Político dice que la información que se reserva por el plazo máximo estipulado en la ley de ese estado es: “convenio general, convenios específicos, anexos de ejecución y órdenes de trabajo relacionados con el caso Sedatu”.
Hidalgo sí los entrega
La situación que se vive en el organismo de Radio y Televisión de Hidalgo es muy similar a la de Quintana Roo, pues no sólo está en proceso la auditoria que inició la ASF sino que también hay procesos penales en contra del ex director del organismo, Sergio Islas Olvera, quién incluso ya recibió sentencia por la malversación de 77 millones de pesos en su periodo al frente del organismo estatal.
Pero no eso no impidió que el gobierno entregara los 2 convenios generales y siete específicos que Noé Mohedano Badillo firmó entre 2014 y 2015 como apoderado legal de RTH. En los documentos aparece la firmas de Ramón Sosamontes Herreramoro, entonces Jefe de la Oficina y Comunicación, como representante de Sedesol.
En los documentos se especifica que RTH comprometió en 2014 y 2015 a desarrollar la estrategia y programa anual de la dependencia, a cambio la Sedesol entregó 955 millones de pesos.
Aunque la ASF comprobó no sólo que los servicios no se prestaron, sino que incluso el personal del organismo hidalguense recibió la instrucciones de a qué empresa contratar y recibieron los entregables para comprobar los servicios en las oficinas de la Sedesol sin que los contratos se hubieran firmado aún.
Parte del dinero que recibió RTH, más de 66 millones de pesos, terminó en los Banco Monex y CI Banco que más tarde lo transfirieron a cuentas ubicadas en China, Corea y Estados Unidos.
La ASF también comprobó que tanto RTH como SQCS contrataron a las mismas empresas, como Publicidad Natnit a las que entregaron más de 550 millones de pesos, “lo que deja ver una relación entre las empresas proveedoras, a fin de relacionarse con las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la simulada prestación de servicios y presunta aplicación indebida de recursos públicos”.
